Una confesión clave y el tribunal avalan la causa contra la trama del saqueo de la sanidad valenciana en la era del PP

Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y principal acusado de la presunta trama del saqueo de la sanidad pública, vivió este martes la peor sesión del juicio del ‘caso Osvaldos’, en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide 20 años de prisión. Una de las acusadas, tras alcanzar un pacto con Anticorrupción, confesó todo en la sala mientras Blasco seguía en silencio y atentamente una declaración que supuso un grave aprieto para su defensa. Si en la primera sesión las defensas arremetieron casi al unísono contra la esencia de la compleja causa y el papel de la acusación pública, pidiendo la nulidad del procedimiento, en la segunda sesión se toparon con que el juicio seguía su curso con una de las acusadas tirando de la manta.

Mientras que las defensas consideraban que la querella inicial de Anticorrupción era una mera “expedición de pesca” de indicios o “causa general”, proscrita de plano en el ordenamiento jurídico español, el auto dictado el pasado 22 de septiembre por el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia concluyó que el procedimiento se inició “correctamente” y “sin una finalidad prospectiva”.

La querella del Ministerio Fiscal, tras un escrito de denuncia en 2014 de Marina Albiol, entonces diputada autonómica de Esquerra Unida, relataba “de forma pormenorizada” los hechos supuestamente delictivos. “Lejos de tratarse de una investigación prospectiva, se trata de una investigación cuyo objeto está perfectamente delimitado y éste, tal y como se describe en la querella, reviste caracteres de delito”, afirmaba la resolución.

“En este momento”, remachaba el auto, “no existe base para decretar ninguna nulidad”. El tribunal también acordó que Gisela Samudio, la acusada que ha confesado, declarara en primer lugar, tal como había solicitado en la primera sesión la abogada que ejerce su defensa. La confesión de Samudio, que ha consignado 20.000 euros para afrontar la responsabilidad civil, dejó a Blasco a los pies de los caballos.

La fiscal Adoración Cano fue por orden cronológico en su detallado interrogatorio y preguntó a la acusada cómo conoció a Sergio Blasco, sobrino de Rafael Blasco (que fue conseller de Sanidad del Gobierno de Francisco Camps). Gisela Samudio, diseñadora, hizo algún trabajo para el Hospital General de Valencia por intermediación de su hermana gemela, Mónica, responsable de prensa del centro sanitario.

Blasco quiso conocerla y quedaron los tres en un restaurante del barrio del Carmen. “La segunda vez que quedamos él y yo solos comenzamos una relación sentimental muy discreta”, declaró la acusada. El entonces gerente le propuso crear Identiart SL, una empresa “para empezar a trabajar y funcionar”.

En la documentación hallada por los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el registro del domicilio de la diseñadora, se detallaba el reparto de las aportaciones a la sociedad mercantil: además de Francisco Escandell, considerado el presunto testaferro del exgerente del hospital, figuraba una misteriosa X. Escandell aportó 18.000 euros mientras que el tal X puso 7.000 euros.

La pregunta era evidente: ¿Quién era X? Gisela Samudio respondió firme: “La X es Sergio Blasco”. El aludido, según recordaba la mujer, le dijo: “Tenemos una relación privada y no tienes que estar poniendo mi nombre en ningún sitio, seguí sus indicaciones”.

Por su parte, con Francisco Escandell habló apenas “tres o cuatro veces”. La empresa empezó a trabajar para el Hospital General de Valencia, para su fundación y para firmas adjudicatarias de ambas instituciones públicas. “Yo me dedicaba más a la parte creativa y Sergio a la parte de gestión”, declaró la acusada.

Pagos de una farmacéutica

La fiscal le preguntó específicamente por los pagos de la farmacéutica Janssen: “¿Se encargó de todo esto Sergio?”. “Sí”, respondió Samudio. La firma pagó en 2007 a Identiart SL algo más de 55.000 euros, que fueron a parar a la empresa Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, cuyo primer accionista fue Escandell. Su sucesor como administrador de la sociedad fue el hermano de Sergio, Francisco José Blasco, que también se sienta en el banquillo de los acusados.

De los 69.000 euros que abonó la farmacéutica en 2008, 42.000 euros acabaron en el bolsillo de Blasco, según los informes policiales. La fiscal también se refirió a llamativas coincidencias de cifras: los 69.000 euros corresponden también a un pago de Janssen a una imprenta por inserciones publicitarias del Hospital General de Valencia. Las inserciones, afirmó Samudio, “se gestionaban” en el gabinete de comunicación del hospital público. Se trataba de la “misma cantidad”, destacó la representante de Anticorrupción.

En otra tanda de preguntas, también afloró una serie de mercantiles “más pequeñas” que también aparecen en la facturación. “La mayoría de esas empresas formaban parte de Engloba”, dijo la acusada en referencia al conocido grupo de comunicación valenciano en el que su hermana había trabajado antes de incorporarse al gabinete de comunicación del hospital.

Las “instrucciones”, remachó, “las daba Sergio”. La empresa conjunta también fue contratada para “nutrir” la página web del hospital (facturó 143.000 euros).

La firma cobró 11.000 euros de Tamazula SL, que también administraba Francisco Escandell. La acusada se sorprendió cuando la fiscal desgranó algunas sociedades a las que Identiart SL pagaba a pesar de haberles prestado servicios. Era Blasco, reiteró, quien se encargaba de la facturación.

La fiscal también preguntó a la acusada si alguna vez se planteó que estuviera cometiendo irregularidades, al ser su socio el gerente del hospital: “Es muy complicado, Sergio Blasco es brillante gestionando, a mí me habían dicho que era de los mejores gestores que había en España. Gestiona, manda, cuando estás a su lado los problemas los gestiona él, yo no iba a dudar de mi pareja”.

En 2010 se acabó el negocio. La empresa no tenía “dinero para pagar el alquiler ni para seguir”. La relación mercantil y sentimental decayó, según la acusada. Gisela Samudio guardó en su casa la documentación de la empresa que acabó en manos de la UDEF y que sirvió a Anticorrupción para apuntalar la acusación. La confesión de la diseñadora acabó de cerrar el círculo.

La acusada, al letrado de Blasco: “Usted llamó a mi abogada”

Tras la fiscal, fue el turno del abogado de Blasco, quien le preguntó el motivo por el que en la fase de instrucción dijo exactamente lo contrario que en el juicio y negó que la X correspondiera al sobrino de Rafael Blasco. La acusada no se arredró: “Usted llamó a mi abogada para decirle que qué pasaba con la X, que guardáramos silencio. Sergio se intentó poner en contacto conmigo por esa X. No tenía obligación de decir la verdad”.

Además de Marina Albiol, la primera denunciante de los hechos, también declaró un profesional de la sanidad al que Sergio Blasco encargó montar dos hospitales en Perú. El testigo confirmó que Blasco acudió a Perú: “Nos reuníamos y daba su opinión al respecto”. El proyecto incluía a conocidas empresas españolas proveedoras y adjudicatarias del Hospital General de Valencia.

Por otro lado, el exjefe del servicio jurídico del hospital, Bernardino Giménez, defendió su aval a uno de los principales contratos adjudicados a la presunta trama. “Desde el punto de vista sustantivo no había razón de reparo alguno”, adujo frente al firme escepticismo de la fiscal anticorrupción.

El mismo testigo también firmó el informe de compatibilidad para que Sergio Blasco trabajara en el extranjero (además de Perú también hubo proyectos en otros países como Guinea Ecuatorial o Angola). “El contrato de alta dirección es un contrato de servicio, si las partes establecen que pueden mantener relaciones internacionales es lo que acuerdan las partes”, dijo Giménez. El informe avalaba la “actividad docente” y las “colaboraciones internacionales”.

La última declaración testifical fue de las más llamativas de la ajetreada sesión del juicio. El empresario S. C. M. no recordaba haberse presentado a la adjudicación millonaria de la logística del hospital público, que ganó una de las sociedades de la presunta trama pese a que su mercantil figura en la documentación en manos de la fiscal.

Su empresa, explicó, se dedica a la logística, pero del sector naviero, industrial y siderúrgico. Nunca presentó ninguna oferta al “ámbito sanitario”.