La llegada de la nueva empresa de las pulseras antimaltrato desató el caos durante meses: «Tuvimos hasta 700 alarmas a la vez»

Pasaron de considerar que 10 o 15 alarmas al mismo tiempo era “un pico de trabajar” a tener acumuladas 700 “o más”. La llegada de la nueva empresa adjudicataria encargada del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), una UTE de Vodafone y Securitas, y la transición con la anterior, Telefónica, provocó el caos durante meses: los dispositivos no dejaron de funcionar, pero varias trabajadoras relatan a elDiario.es un aumento muy relevante de las incidencias y numerosos problemas internos que, temían, llegaran a poner en peligro el sistema. Aunque la situación, cuentan, ha mejorado, aseguran que el volumen de alarmas sigue siendo muy complicado de gestionar.

“Era un desastre, no paraban de entrar llamadas por todo: porque les pitaban los dispositivos, señales de proximidad que no eran, saltos de GPS… Y al tener que atenderlas casi no podíamos gestionar con rapidez las señales”, cuenta una empleada. Otra relata que, si con la anterior adjudicataria la media de alarmas que se les acumulaban por atender eran unas 15, la llegada de Vodafone y Securitas hizo que esa cifra escalara a 700 “e incluso más”. Otras dos personas que han trabajado en Cometa confirman esas cifras a elDiario.es.

Esa misma empleada asegura que al inicio de la implantación del nuevo sistema “era un caos” intentar gestionar todas las alertas acumuladas y las llamadas que se iban sucediendo casi sin interrupción. La acumulación de señales revela, en parte, los fallos que las trabajadoras comenzaron a denunciar desde el cambio de empresa, más allá del vacío de datos denunciado por la Fiscalía y ya solucionado. Los errores han llevado a que este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sea reprobada en el Congreso con el apoyo de PP y Vox y la abstención de ERC y Junts.

Este tipo de incidencias que deben gestionar las operadoras desde Cometa y que, aseguran, se acumulan hasta hacerse “ingestionables” pueden ser de dos tipos: las prioritarias, que alertan de cuando un acusado ha entrado en una zona prohibida o se aproxima a su víctima, y otras menos urgentes que tienen que ver con asuntos técnicos como la batería. “Muchas señales tienen que ver con que falla el Bluetooth de los dispositivos y entonces salta como si el usuario se hubiera separado del dispositivo y no es verdad o por pérdidas de cobertura”, cuentan las trabajadoras.

Aunque muchas de esas incidencias no implicaban que las mujeres estuvieran en peligro, la plantilla no podía saber a qué se debía la alarma hasta que no atendía la incidencia. Por otro lado, el aumento de las alarmas alertaba con más frecuencia a las mujeres. “Lo peor de todo esto es que estamos revictimizando a las víctimas porque estamos llamándoles por señales que a lo mejor no son reales y preocupándoles sin necesidad”, explica una empleada.

Un extécnico del servicio confirma que esa fue la situación durante meses: “Por mucho que quisiéramos no dábamos abasto”. Al principio y durante mucho tiempo trasladaron los problemas a la empresa verbalmente, pero su respuesta, se quejan, siempre era la misma. “Nos decían que estaban trabajando en ello, que vendrían mejoras, pero ya costaba creerlo”, agrega.

Las trabajadoras reconocen que la situación ha mejorado, pero mantienen que muchos de los fallos siguen produciéndose con frecuencia. “Sigue siendo imposible sacar adelante todas las señales que se acumulan”, dice una de las empleadas que sigue a día de hoy en Cometa. En la actualidad, el número de alertas que se acumulan pueden llegar a ser entre 150 y 200, coinciden las fuentes.

Fuentes del Ministerio de Igualdad subrayan que que existan más alertas quiere decir que el sistema actual es “más robusto” porque existe un “mayor control del individuo y de cualquier casuística que se pueda dar”, algo que la tecnología actual, “más avanzada”, permite detectar. elDiario.es se ha puesto en contacto tanto con Vodafone como con Securitas pero no ha tenido, de momento, respuesta.

“Resulta agotador”

Según varios documentos internos a los que ha accedido elDiario.es, adelantados por El País, en septiembre de 2024 la plantilla de Securitas dedicada al sistema Cometa recogió sus quejas y demandas para trasladarlas a la empresa. “Debido al elevado volumen de llamadas entrantes, a menudo no podemos gestionar una señal de seguido, lo que, sobre todo en casos de proximidades, puede comprometer la protección de la víctima”, escribieron las operadoras del turno de tarde en uno de esos documentos.

Según explican las trabajadoras, las quejas fueron generalizándose a lo largo del año pasado y comenzaron a tener reuniones con la compañía. En un acta de un encuentro fechada el 18 de septiembre de 2024, puede leerse cómo representantes de la empresa se reunieron con personal del proyecto para hablar de estas incidencias. En otra se refleja la reunión del 18 de diciembre de 2024 entre los trabajadores, las empresas –Vodafone y Securitas– y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cuando la situación ya había escalado.

“Resulta agotador no tener herramientas ni recursos para explicar ciertas cosas, como pulseras apagadas sin ninguna señal, dispositivos sin posición, usuarios que se encuentran en la calle sin señales, posiciones a kilómetros de distancia de la ubicación real actual”, dejan escrito operadoras del turno de tarde en uno de los documentos.

Problemas laborales

Otro corresponde a personal del departamento técnico y de planificación. En él mencionaron la falta de personal como uno de los problemas más acuciantes. “Durante los últimos meses, los operadores hemos manifestado la urgente necesidad de aumentar la plantilla”, se recoge en el texto, en el que aseguran que la solución que planteó la empresa —un cambio de rotación en el personal no subrogado— no había servido para mejorar la situación, sino incluso para empeorarla. Entre los problemas laborales que mencionan, incluyen turnos de siete días seguidos de trabajo y cambios de turno “sin consentimiento del operador”, así como días de descanso asignados “de manera aislada”.

Desde Igualdad aseguran que el personal de la sala se ha ido ajustando al volumen de las alertas y que de 100 operadores con la anterior empresa se han pasado a 160 en la actualidad.

En este documento, los problemas laborales se entrelazan con las dificultades para ofrecer un servicio rápido y eficaz. Los operadores hablan de “la sobrecarga de trabajo y las constantes interrupciones”, de fallos en la comunicación interna cuando se cambian formas de actuar, o de carencia de material y de operativos para mantener los dispositivos.

La plantilla hablaba de problemas con los dispositivos, que generaban alarmas muy rápidamente, aun después de haber pasado por mantenimiento unas horas antes, algo que, decían, “no nos deja en buen lugar” de cara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Hay que dejar claro que lo peor de esto no es el aumento de carga de trabajo para el departamento, sino el creciente hastío de los usuarios, cuerpos de seguridad y unidades de protección, así como la decreciente confianza de las víctimas hacia nuestro servicio”, escribieron.

Parte de la plantilla ha hecho pública estos días una carta en la que denuncia “el uso interesado y partidista que se está haciendo sobre los fallos del sistema” y apunta a que “la responsabilidad afecta tanto al Ministerio como a las empresas adjudicatarias”. “Llevamos un año y medio siendo testigos de las consecuencias de migrar un servicio, como tantos otros, que acaba perdiéndose en la externalización a través de empresas privadas cuyo objetivo es maximizar su margen de beneficios en algo tan delicado como es el trato y la protección a víctimas de Violencia de Género”, aseguran las empleadas en la misiva, en la que lamentan que no se hiciera un proyecto piloto del cambio de sistema.