Transparencia obliga a los Ayuntamientos de Burgos, Ávila y Segovia a informar sobre sus asesores

Transparencia obliga a los Ayuntamientos de Burgos, Ávila y Segovia a informar sobre sus asesores

El Ayuntamiento de Burgos todavía no ha cumplido la orden que dio en agosto el Comisionado de Transparencia, al que ni siquiera ha contestado

Investigación – Los asesores de Castilla y León: 350 nombres que algunas administraciones públicas quieren ocultar

El Comisionado de Transparencia ha obligado a los Ayuntamientos de Burgos, Ávila y Segovia a informar sobre sus asesores ante las peticiones realizadas por elDiario.es a mediados de 2024 para escribir un artículo sobre este personal eventual que trabaja en las Administraciones públicas de Castilla y León compuesto por más de 300 asesores, directores de comunicación, secretarios y conductores, entre otros cargos. El Ayuntamiento de Burgos todavía no ha cumplido la orden que dio en agosto el órgano independiente, que en reiteradas ocasiones ha reclamado que se sancione a aquellas Administraciones Públicas que no acaten sus resoluciones. Es una de las propuestas que impulsaba la Ley de Transparencia del gobierno PP-Ciudadanos que se guardó en un cajón cuando Alfonso Fernández Mañueco adelantó las elecciones en 2021.

elDiario.es registró hace más de un año nueve peticiones al Comisionado de Transparencia, de las cuales se han resuelto ya la mitad: el Comisionado obligó a tres ayuntamientos (Burgos, Ávila y Segovia), mientras que el consistorio de León y la Diputación de Burgos facilitaron la información de manera correcta después de que el Comisionado de Transparencia preguntara al respecto. En un primer momento, los ayuntamientos de Palencia o León y la Diputación de Zamora decidieron no contestar o facilitaron información parcial, lo que obligó a rastrear la información pública en los boletines oficiales con el riesgo de que esta resultara incompleta.

El Ayuntamiento de Burgos (PP) no contestó a este diario, al igual que tampoco respondió al Comisionado de Transparencia cuando le pidió información, lo que supone un incumplimiento de colaboración. “Lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Burgos, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado”, protesta este órgano independiente en su resolución. A pesar de que Transparencia ordenó el 14 de agosto al gobierno municipal de Cristina Ayala que entregara la información, este diario aún no ha recibido nada.

El Ayuntamiento de Burgos cuenta con un asesor por cada cuatro concejales y también tiene personal eventual contratado para los cargos de jefe de Gabinete, Protocolo, coordinador de Gabinete de Comunicación y un asistente de comunicación, según fuentes del Ayuntamiento de Burgos. elDiario.es extrajo hace un año los datos manualmente, pero tampoco pudo encontrar en una fuente de información oficial quiénes ocupaban esos puestos de confianza.

El Ayuntamiento de Ávila (Por Ávila) entregó el listado de los asesores por cada año, pero no estaba completa. En el Boletín Oficial de la Provincia figuraban nombramientos que no estaban en la lista municipal. Una vez aceptado el recurso, el Comisionado de Transparencia destaca que la respuesta del Ayuntamiento de Ávila “carece de los requisitos legalmente establecidos para ser considerado una Resolución”. El consistorio abulense reconoce que la respuesta inicial a elDiario.es no se ajustaba a lo requerido, aunque descarta que hubiera “un afán de ocultación”, sino a un “error material derivado de la concreción de los años solicitados”. En su respuesta ya se facilitan los datos de inicio y fin de los contratos de sus asesores.

El Ayuntamiento de Segovia (PP) no facilitó los nombres de sus asesores —a pesar de que se deben publicar en el Boletín Provincial y de la amplia jurisprudencia sobre la transparencia del personal eventual—, ni las fechas de inicio y fin de los contratos ni las retribuciones exactas. En 2019, el Tribunal Supremo confirmó que prevalece el interés público en el acceso a la información frente al interés individual en la protección de los datos de carácter personal de todos los cargos eventuales, incluidos los administrativos. Una vez el Comisionado de Transparencia estimó la petición de elDiario.es y presentó sus argumentos, el consistorio de Segovia entregó la información requerida un año antes.

Resoluciones pendientes

El Ayuntamiento de Soria (PSOE) solo facilitó información de ese año, pero no de los dos ejercicios anteriores, y el Ayuntamiento de Salamanca envió los enlaces de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), donde no se publican los cargos, pero no el nombre de quién lo ocupa. El Comisionado de Transparencia tiene aún pendiente resolver las respectivas a ambas peticiones, además de la de la Diputación de Zamora.

La Ley obliga a las Administraciones Públicas a publicar el número de personal eventual y las retribuciones, pero cada una decide cómo da esa información. Tampoco están establecidos legalmente los sueldos de este personal eventual, por lo que las retribuciones por el mismo cargo pueden variar en función de la Administración Pública de la que se trate. El jefe de gabinete del Procurador del Común cobraba 27.778 euros y el de la Diputación de Soria percibía 33.864 euros anuales, mientras que el jefe de gabinete de la Diputación de Burgos percibía 62.000 euros.