Un juez procesa al alcalde de Arroyomolinos del PP por presunta prevaricación, falsedad y malversación

El juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha procesado al alcalde de Arroyomolimos, Luis Quiroga (PP), por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el magistrado acuerda continuar el procedimiento judicial respecto a Quiroga y la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, María Isabel Santamaría Alonso, por los trámites del procedimiento abreviado. Este trámite procesal supone la conclusión de la investigación para dar paso a la fase intermedia de cara a la celebración de un posible juicio.

El procesamiento del actual regidor ocurre mientras la exalcaldesa de la misma localidad y actual número tres del PP madrileño, Ana Millán, está siendo investigada, también por un juzgado de Navalcarnero, por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude a la Administración Pública. Según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía y la jueza de Navalcarnero, Millán favoreció con contratos públicos a un empresario durante su etapa al frente de una Concejalía de Arroyomolinos, a cambio de prebendas para ella y dos familiares próximos.

El juez detalla que Quiroga, en su condición de concejal del Ayuntamiento y como presidente del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, y Santamaría Alonso, en su condición de secretaria del Consejo de la Empresa de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, que es una empresa de titularidad 100% pública, puestos “de común acuerdo y con anterioridad al 26 de septiembre de 2019 modificaron el acta de la sesión del Consejo de dicha mercantil”, celebrada el 19 de julio de 2019 en la que se cesó como secretario del Consejo a Ignacio Rodríguez de la Riva y se nombró en sustitución a la investigada.

Concretamente, los investigados, “introdujeron que además María Isabel asumiría el cargo de adjunta a la presidencia, en virtud del cual cobraría un salario diferente al de Secretaria, y se nombraron a otros dos adjuntos a presidencia, que igualmente percibirían un salario”. “Todo ello, prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento y no estando establecidos dichos puestos en los Estatutos Sociales de Emuvisa, S.A., recoge el auto.

El juez esgrime que de las diligencias practicadas se coligen indicios suficientes de criminalidad contra los investigados y resulta la concurrencia de todos los elementos necesarios para estimar presentes los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. Tales indicios se desprenden de la documental obrante en autos, mencionado el acta de la reunión del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, S.A.U., firmado por la investigada como secretaria del Consejo y, por el investigado, como presidente del Consejo.

También se sustenta en el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Documento de liquidación y finiquito, así como de las nóminas aportadas por la representación procesal de la investigada.