Una exconsellera del PP acepta una pena mínima por un desfalco millonario tras alegar una «adicción a las compras»

Pilar Bonet, la consellera del PP en Mallorca que dimitió el año pasado a raíz del desfalco de dos millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea, ha reconocido formalmente los hechos ante la Audiencia Provincial de Balears y ha aceptado una condena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.250 euros por un delito de falsedad documental en concurso con otro de estafa. También deberá indemnizar a la empresa en las cantidades que defraudó de la misma. La acusada atribuye los hechos a una grave adicción a las compras que, alega, la llevó a adquirir y regalar enseres de forma compulsiva con cargo a los fondos de la aerolínea.

Cabe recordar que, apenas un día después de que el Consell de Mallorca anunciara la dimisión de Bonet “por motivos personales”, los hechos no tardaron en trascender, provocando un terremoto político en el seno de la institución insular, gobernada por populares y Vox. La extitular de Hacienda en la institución supramunicipal trabajó para la compañía aérea entre 1992 y 2023, compatibilizando los últimos cuatro años con su labor como concejala de Hacienda en el municipio mallorquín de Llucmajor, hasta que fue designada consellera.

Bonet negó desde el principio haber cometido delito alguno hasta que, el pasado mes de marzo, optó por admitir ante el Juzgado que los hechos se debieron a un “grave” trastorno de adicción a las compras, motivo por el que en la actualidad está siendo tratada en Projecte Home, tal como han señalado fuentes del caso a elDiario.es. Bonet prestó asimismo declaración voluntaria en la que aseguró que incluso sus compañeros de trabajo y personas de su entorno se aprovechaban de ella ante su continua inclinación a comprarles y regalarles cosas. Asimismo, aseguró que nunca se compró nada para ella.

Los hechos fueron inicialmente investigados por el grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que posteriormente derivó las pesquisas a los Juzgados. Los investigadores detectaron movimientos bancarios continuos y dobles facturaciones al menos desde 2011, unos hechos en los que también se vieron implicados varios familiares de la ex alto cargo del PP.