Sanidad avanza para hacer cumplir el derecho de los migrantes sin papeles a acceder al sistema público

El Ministerio de Sanidad da un paso más para devolver el acceso universal Sistema Nacional de Salud (SNS). El departamento que dirige Mónica García ha sacado a audiencia pública, un trámite previo a la aprobación para recibir aportaciones, el real decreto para hacer cumplir este derecho por igual en todos los territorios.

Aunque los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy que excluyeron a las personas migrantes en situación irregular se revirtieron en 2018, en los últimos años se han seguido documentando barreras administrativas que han limitado el acceso a la asistencia sanitaria a estos grupos de la población.

Esta regulación busca “garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio y facilitar el procedimiento para el reconocimiento del derecho” a quienes todavía encontraban trabas, según la nota enviada por el Ministerio de Sanidad. Es decir, cerrar las puertas a las vías burocráticas que han seguido respaldando en la práctica esta exclusión. Por ejemplo, no poder acreditar que la persona lleva más de tres meses en España.

“Documentos alternativos”

Los procedimientos se homogeneizan de esta manera: a las personas extranjeras sin permiso de residencia se les solicitará “una declaración responsable que confirme que no disponen de cobertura sanitaria por otra vía”, como seguridad social de otro país, seguro privado, visado de estancia en vigor.

También tendrán que acreditar su “residencia efectiva en España, mediante empadronamiento de al menos tres meses”. La novedad es que “en caso de imposibilidad”, podrán hacerlo “con documentos alternativos como certificados escolares, facturas de suministros o informes sociales”. Esta posibilidad corrige situaciones en las que se denegaba la asistencia por no poder probar la residencia a través del padrón.

Mientras se completa este proceso, los ciudadanos obtendrán un documento provisional que permite el acceso a la assitencia sanitaria hasta que se “verifican los requisitos y se emite la resolución definitiva”, concreta Sanidad. La administración contará con un plazo máximo de tres meses para dar respuesta. Si no la hay, se entenderá como aprobada. Además, “para personas en situación de estancia temporal, se requerirá un informe de servicios sociales que acredite la especial vulnerabilidad, garantizando que la atención sanitaria no es el motivo de su desplazamiento”.

El real decreto también pretende ampliar el derecho a la asistencia de los españoles de origen que residen en el extranjero mientras estén temporalmente en España y a sus familiares. “Esta medida corrige situaciones de desprotección que hasta ahora solo cubrían a pensionistas o trabajadores en el exterior”, apunta el Ministerio.

El texto legal, que todavía debe pasar por varios trámites antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros, también suma a las personas con rentas bajas o discapacidad que no tienen copago de medicamentos a la exención de pago de las prestaciones ortoprotésicas, “sin necesidad de trámites adicionales”.

El Consejo de Ministros ya dio luz verde hace un año a un proyecto de ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud que derogaba el decreto aprobado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar las limitaciones de acceso de las personas sin papeles. Esa medida se demostró ineficaz para frenar la exclusión. El proyecto está todavía en fase de enmiendas a la totalidad en el Congreso, responde Sanidad, que asegura, a preguntas de este medio, que “la ley ensancha el derecho y el decreto unifica la forma de reconocimiento”.