El AIEM, el arancel canario al modo de los de Trump aplicado sin consenso entre los agentes económicos

Se llama Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) y es bastante menos conocido que el IGIC, el endemismo impositivo más popular. Se trata de un impuesto también indirecto considerado estatal pero de aplicación exclusiva en el Archipiélago, previa autorización de su implantación por parte de la Unión Europea (UE), un beneplácito legal que tiene ahora desde finales de 2020, con activación a 1 de enero de 2021 y para todo el septenio actual, 2021-2027.

El arbitrio fue creado por el artículo 11 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tras cambiar el Libro II de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal (REF) de Canarias, y se aplica en las islas desde el 1 de enero de 2002. Es un impuesto de naturaleza indirecta y monofásico.

Además, este arancel casi desconocido por la mayoría grava o encarece, a través de la fórmula de tributación ad valorem (o sea, aplicando un porcentaje de castigo fiscal sobre el precio de entrada declarado para las mercancías sujetas al impuesto y abonado por los operadores importadores), el coste real de llegada a las islas de un listado de productos o bienes de consumo, los artículos sometidos al gravamen y a los que se les aplican tipos impositivos que oscilan entre un mínimo del 5% y un máximo del 15%, con tres únicas escalas: 5, 10 y 15.

El AIEM es, y bien que se puede decir, el arancel canario, el único activado en España, solo en esta comunidad autónoma (considerada región ultraperiférica, RUP) y con posibilidad de gravar bienes de consumo que proceden del resto del país, de toda la UE, que ya tiene activados sus aranceles aduaneros comunes (AAC) respecto a terceros países (mercado único), y de fuera de los veintisiete estados miembros.

En su ámbito de aplicación no se parece a los ya famosos aranceles de Donald Trump (EEUU), que castigan las entradas de mercancías sólo desde terceros países con criterios tan heterogéneos bien conocidos, pero se puede decir que el AIEM sí existe para cumplir objetivos afines o equivalentes a esos, o al menos eso se pretende con él. El AIEM es un impuesto indirecto muy peculiar y exclusivo de Canarias que, por la vía de encarecer la importación desde las islas, busca defender las producciones locales y la industria transformadora de origen endógeno.

¿Lo consigue? Sus defensores aseguran que sí y que el impacto de su aplicación en los precios es asumible; sus detractores, que no es para tanto el desempeño de esa primera función y que sobre todo ese tributo canario es una amenaza, una carga injustificada que termina soportando el consumidor local, el ciudadano residente en las islas.

Y en esas estamos o todavía se sigue, con la victoria actual, al menos hasta diciembre de 2027, de la postura de los primeros, los defensores del AIEM, que son los productores primarios y la industria locales, el Gobierno de Canarias y la mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario en las islas, con la exclusión de Vox.

Así es, y tanto que se logró su renovación a finales de 2020, previa tramitación de la autorización correspondiente ante la UE por parte del Gobierno de Canarias, ahora con vigencia en el periodo presupuestario de 2021-27. La petición entonces se cursó a iniciativa del Ejecutivo autonómico con apoyo del Pacto de Progreso (2019-23), y ahora, los actuales dirigentes del Gobierno canario, dominado por CC y PP, ya han señalado que apostarán por su aplicación también en el nuevo periodo de siete años, de 2028 a 2034, un septenio presupuestario ahora en fase de negociación. Antes se tendrá que notificar su mantenimiento en la futura etapa y ser de nuevo avalado. El AIEM está considerado como una ayuda de Estado por la UE.

Gracias al AIEM, el erario canario logró en el ejercicio fiscal pasado, el de 2024, una recaudación de 282 millones de euros, casi el 5% superior al valor absoluto total de 2023. Los últimos datos oficiales, los servidos por la Hacienda canaria, ya dan un ingreso tributario a la comunidad autónoma por el cobro de ese arancel o arbitrio de 122,5 millones de euros en los primeros cinco meses de 2015, esta vez con una mejoría en los recursos fiscales obtenidos del 5% respecto a enero-mayo de 2024.

Importadores canarios: lo pagan los consumidores

Los empresarios importadores canarios, como es el caso de Sebastián Grisaleña (que ha sido presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas), al frente de la empresa Grisaleña SL, lo tienen muy claro: aquellos 282 millones de euros recaudados en 2024 se convierten en una carga que asume casi siempre el consumidor final isleño a través del aumento del precio que paga por ese mismo listado de productos gravados a través del AIEM.

Por esa razón, Grisaleña sostiene que el AIEM, de aplicación en Canarias —comenta— debido la presión ejercida ante las administraciones públicas por los lobbies industriales y de la producción primaria locales, perjudica principalmente a la sociedad civil, al consumidor final que reside en Canarias.

Además, asegura que la aplicación de ese arbitrio o arancel en las islas, pese a que existe autorización de la UE para ello, no está justificada, máxime cuando se practica una excepción en Canarias (el único otro lugar donde se aplica es en las RUP de la Macaronesia) dentro del mercado común de la UE, donde ya hay aranceles de aplicación para las importaciones desde terceros países, a lo que en las islas se une la carga fiscal del AIEM.

Argumentos contra del AIEM

“Cuando entramos en la UE con el protocolo equivocado y eso no se rectificó con el paso de los años ante la evolución negativa de las islas respecto al resto de regiones, es que algo se está haciendo mal”, plantea el empresario Sebastián Grisaleña.

Apunta que el AIEM “es un acuerdo entre Canarias y el Gobierno central, con el intercambio de cromos en aquellos momentos entre Canarias y el Estado, por las presiones de grupos determinados que hoy la siguen ejerciendo en los diversos partidos políticos de Canarias. La UE permitió la solicitud de España, rompiendo así la unidad dentro de la UE sobre libertad comercial y castigando a los canarios, a los que les encarece la vida y les hace pagar algo que nunca se debió permitir”, lamenta.

Grisaleña considera que “el arancel AIEM pone a los canarios ante la UE como un tercer país”. Y asegura: “Somos europeos para pedir ayudas, subvenciones, protección… precisamente y sobre todo para aquellos grupos que se benefician del AIEM”, en clara referencia a los industriales y productores agrarios de las islas, los defensores de esa figura fiscal propia.

En Canarias, añade el empresario, “siempre hemos tenido la cesta de la compra más cara y el AIEM la encarece mucho más, dependiendo del producto, entre el 40% y el 100% al llegar al consumidor”. “El mensaje de los que les interesa continuar con este arancel y de los que comentan que no afecta a la economía de los canarios es una demostración del desconociendo de la realidad, tanto en las pymes como con la pobreza y la marginación que existe en el día a día”, expone la misma fuente. Hay que decir que los defensores de ese impuesto a la importación solo reconocen, en todo caso, un impacto menor y asumible en los precios finales pagados por los consumidores isleños. La Consejería de Hacienda, por el contrario, es categórica en su informe intermedio de impacto o funcionamiento del AIEM: no eleva los precios de la cesta de la compra en Canarias.

A continuación, Grisaleña advierte que “en los últimos meses estamos viendo la incongruencia de quienes nos gobiernan en Canarias, España y la UE, denunciando, y con razón, las amenazas del presidente de Estados Unidos con la implantación de aranceles a las importaciones desde su país”. Pese a ello, “no son capaces de mirarse a sí mismos, implantando aranceles a los sumisos canarios dentro de la UE, y solo en Canarias desde el año 2002”. El mismo empresario concluye: “No es justo. No nos merecemos estos gestores que castigan a sus votantes encareciéndoles la vida en vez de facilitársela”.

Grisaleña, por consiguiente, es partidario de que “no se hable del AIEM desde el punto de vista de los sectores importadores”, sino que “se debe hablar de la denuncia de todos los canarios”. Y lo explica: “Ya no existen aquellas empresas líderes importadoras en las que existía variedad de productos de cualquier país, precios, competencias… Hoy, los grandes importadores son las centrales de compra de las grandes superficies, que, por cierto, nunca se han manifestado en contra del AIEM, lo que supone un flaco interés en la defensa de sus actividades y de no encarecer los precios a sus clientes”.

Según los datos aportados por el empresario importador, “este año, en 2025, la recaudación será de unos 300 millones de euros” por cobro del AIEM. Con ello, “cada unidad familiar de cuatro integrantes, tendrá un gasto extra por el AIEM en sus compras de 900 euros al año”. Y remata: “Nuestra administración no ha valorado la evolución en los últimos 20 años de diversos sectores en Canarias, con pérdida de sus aportaciones al PIB, de puestos de trabajo, de empresas o de ventas a empresas del exterior con ayudas fiscales superiores al resto de otras actividades… O se juega limpio, sin marcar las cartas para favorecer a una minoría, y entonces se piensa en el interés general de la sociedad y para eso se necesitan partidos con líderes que sepan gestionar los recursos sin anestesiar a los canarios, o es muy grave lo sucedido desde el año 2002 con la implantación del arancel AIEM”.

El presidente Clavijo, partidario de cambios anuales en el arbitrio

Los importadores isleños parece que lo tienen claro y ya llevan algunos años defendiendo la desaparición de este arbitrio, desde su misma creación en 2002. Pese a esa insistente lucha en contra del impuesto, este sigue activo y así estará al menos, de forma garantizada, hasta diciembre de 2027.

En adelante, el Gobierno de Canarias ya ha dicho que quiere más, pero queda por ver si esto lo consigue en la negociación comunitaria que está en curso. Como es habitual, ya tiene a una parte de los agentes económicos locales que harán su particular lucha en contra: los importadores.

En relación con el futuro del AIEM, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado estos días que está abierto a que los aranceles que gravan la entrada de determinados productos en las islas se revisen anualmente, como ya ha pedido la patronal de la industria canaria, Asinca, aunque ha reconocido que ahora la prioridad es que la UE garantice su continuidad en 2018-34.

Clavijo sostuvo que “es evidente que el AIEM ha funcionado adecuadamente”, al tiempo que reconoció que se trata de un tributo indirecto “continuamente en perpetua revisión y reajuste”, informó la agencia Efe. En la nueva comunicación remitida a la UE, el Gobierno canario “avala que es un instrumento [fiscal] fundamental para proteger la producción y la industria locales”.

Clavijo cree que “a lo largo de la historia se ha evidenciado su utilidad como instrumento para mantener el sector industrial de Canarias” y, por ello, “lo que pedimos es que se renueve” siete años más. “Estamos teniendo una recaudación de unos 280 millones de euros y es un instrumento fundamental del Régimen Económico y Fiscal (REF)”, subrayó.

Convalidación ante la UE que se debe repetir para 2028-34

El Consejo Europeo aprobó el 16 de noviembre de 2020 la Decisión de renovación del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (Decisión 377/2014/UE del Consejo), un tributo estatal de aplicación exclusiva en el archipiélago que se concibió para proteger la producción local, en fresco (agrarios) y transformados (industria), frente a la llegada de fuera.

Esa norma comunitaria fue traspuesta a la normativa nacional a través del Decreto-ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.

La identificada Decisión del Consejo, con la que se culminó un largo proceso para la renovación del arbitrio AIEM en el septenio 2021-27, se inició a finales de 2018 con el lanzamiento de las primeras consultas a los operadores económicos de Canarias y luego se formalizó con la adopción de la petición de renovación por el Gobierno de Canarias, algo ocurrido en un Consejo de 21 de mayo de 2020, con Ángel Víctor Torres (PSOE) entonces como presidente y con la propuesta formal de la Comisión Europea obtenida luego el 4 de agosto del mismo año. Entró en vigor el 1 de enero de 2021, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, si bien habrá que presentar un informe intermedio sobre su aplicación por las autoridades españolas antes del 30 de septiembre de 2025.

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias aseguró el pasado jueves que ese informe ya se ha hecho y se le ha dado traslado a la Comisión Europea. La conclusión extraída en él es que la figura tributaria objeto de análisis “no influye en los precios de la cesta de la compra”; “no hay una relación directa entre [la aplicación] del AIEM y [la subida] de los precios [de los alimentos]” en las islas, justo lo contrario de lo que sostienen los importadores locales que lo sufren. Y esto es así, se sostiene en el mismo informe, porque en la formación de precios en Canarias intervienen otros muchos factores, como son el tamaño del mercado, el coste del transporte y otros instrumentos impositivos.

El AIEM autorizado por el Consejo Europeo, el que se aplica ahora, presenta algunas diferencias significativas respecto al AIEM en vigor en el periodo precedente, 2014-20. La más relevante es la flexibilidad inédita que se da a las autoridades españolas para ajustar el impuesto, por el ajuste en los tipos impositivos (del 5 al 15%, con tres posibilidades: 5, 10 y 15) y por la ampliación o reducción del listado de productos.

La Decisión reseñada establece un listado de unos 100 productos a cuatro dígitos y permite al Parlamento de Canarias decidir, en cada caso y dentro de ese marco, la decisión sobre los productos concretos a gravar, el nivel de desagregación y el tipo aplicable.

Asimismo, la misma norma de la UE fija criterios objetivos para la inclusión de nuevos productos en el listado, con los que se deberá demostrar la existencia de costes adicionales de producción y además tener, salvo excepciones debidamente justificadas, una cuota de mercado como producción local entre el 5% y el 90%.