El Gobierno tipificará como delito propio la violencia vicaria y permitirá prohibir libros como el de José Bretón
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley de violencia vicaria, elaborado por el Ministerio de Igualdad, en el que se incluye como pena accesoria la posibilidad de que los jueces impidan a los asesinos hablar del crimen durante 20 años
El nuevo Pacto de Estado reconoce la violencia económica como una forma de violencia machista
La primera ley que aborda de forma integral la violencia vicaria irá este martes al Consejo de Ministros. El anteproyecto, que el Gobierno prevé aprobar en primera vuelta, engloba un paquete de medidas contra este tipo de violencia machista basada en la instrumentalización de los hijos e hijas de las víctimas con el objetivo de hacerles daño, entre ellas, su inclusión en el Código Penal como delito autónomo y propio y la incorporación de una nueva pena que permitirá a los jueces impedir a quienes hayan cometido el delito hablar de él durante 20 años. Esta última medida está pensada para impedir casos como el del libro El Odio, en el que José Bretón contaba el asesinato de sus dos hijos.
El texto, en el que el departamento de Ana Redondo lleva meses trabajando y que ha sido adelantado por El País, reforma varias leyes, según han confirmado fuentes del Gobierno. El objetivo es reforzar la protección de los niños, niñas y adolescentes contra los que sus padres o parejas de sus madres ejercen violencia. En lo que va de año, tres menores de edad han sido asesinados por esta causa, 65 desde 2002, cuando comenzaron los registros.
El anteproyecto incluye como nueva pena accesoria –es decir, el juez puede acordarla o no– “la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido”, tal y como ocurrió en el caso del libro de Bretón, cuya publicación fue finalmente paralizada. La idea es que haya un límite máximo de 20 años para la imposición de esta pena. En su momento, Igualdad ya anunció su intención de que algo así no volviera a pasar para evitar “la revictimización” de las mujeres como Ruth Ortiz, la madre de los niños, que inició acciones legales para frenar el lanzamiento de la obra.
La nueva norma, que empieza ahora su recorrido en el Gobierno antes de arrancar el trámite parlamentario, también modifica el Código Civil para prever la obligación de escuchar a los hijos e hijas menores de edad en los procedimientos relativos a su guarda y custodia y el régimen de visitas, comunicación o estancia. Por otro lado, refuerza en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial la formación en este ámbito e incluye la violencia vicaria en las oposiciones de las carreras judicial y fiscal, en el scurso selectivo de la Escuela judicial y en la formación continua.
Otro de los artículos del anteproyecto modifica la Ley de Protección Jurídica del Menor con el objetivo de incorporar “la exposición a la violencia vicaria” como un indicador de riesgo que permita a las autoridades detectar situaciones de vulnerabilidad.
También la Ley Integral contra la Violencia de Género será otra de las normas que reforme el texto para definir expresamente lo que se considera violencia vicaria, incorporándola “como una manifestación de la violencia machista”, apuntan fuentes del Gobierno. Además, se incluirá una nueva redacción en el Estatuto de la víctima del delito con el objetivo de “establecer la posibilidad” de que las declaraciones de menores de edad se lleven a cabo con la asistencia de personal designado por el equipo técnico judicial.
Parte de la norma pretende dar respuesta a las medidas incluidas en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya actualización fue aprobada el pasado febrero en el Congreso con el único voto en contra de Vox. El acuerdo reservaba un apartado específico para la violencia vicaria, cuya expresión extrema es el asesinato de los niños y niñas pero que tiene otras muchas manifestaciones. “La violencia vicaria es una de las formas más crueles y devastadoras de la violencia de género”, aseguró Redondo el pasado mayo en el Congreso, cuando afirmó que el ministerio quería definir expresamente este tipo de violencia en el Código Penal debido a que el concepto “no está recogido”.
