La jueza de la dana pone el foco en la vicepresidenta de Mazón por las muertes de usuarios de teleasistencia

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, está en el punto de mira de la jueza de la dana, que este martes dictó un auto en el que acordó pedir a su departamento un informe sobre los 37 fallecidos que usaban el 29 de octubre el servicio de teleasistencia. La magistrada, que busca individualizar y clarificar las circunstancias de los decesos de cada una de las víctimas (ya sea mediante las llamadas al 112 o con los testimonios de sus familiares, entre otras pruebas), quiere saber la identidad y la localidad de residencia de los 37 fallecidos con servicio de teleasistencia. Sin embargo, la instructora fue incluso más allá y acordó, tal como proponía la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, que la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Camarero remita los pliegos y el contrato del servicio. También solicitó los protocolos de actuación para la “adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física” de los usuarios “en casos de catástrofe natural”. La portavoz del Gobierno de Mazón se vio así situada en plena diana de la instrucción de la causa.

Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, afirmó a preguntas de este diario que la teleasistencia “es un servicio de asistencia y no de emergencias”. “En ningún caso la teleasistencia puede convertirse en un servicio de emergencia, no podemos dar una información que desconocemos desde los servicios sociales”, dijo la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien defendió el buen funcionamiento de la prestación, de la que recordó que fue adjudicada por el anterior Gobierno del Pacte del Botànic (por Mónica Oltra, según destacó) y cuyos pliegos cumple la empresa adjudicataria. Unos pliegos “que dicen claramente cuál es el uso”, agregó.

Los pliegos técnicos del contrato, consultados por este diario, prevén una “respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento” de las personas usuarias. Se trata de un amplio abanico de necesidades que presta un servicio disponible las 24 horas de los 365 días del año, muy valorado por las personas mayores usuarias y por sus familiares.

La empresa adjudicataria, además, dispone de un “protocolo de actuación ante situaciones de riesgo grave y emergencia”, tales como pandemias, “fenómenos meteorológicos adversos (fuertes nevadas, lluvias intensas…)” o “inundaciones” e “incendios”.

El pliego también indica: “La teleasistencia, además de la respuesta a una situación de emergencia, debe proporcionar una serie de atenciones personalizadas para mejorar las condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana de la persona, potenciar la independencia y facilitar la integración en su entorno habitual de convivencia, así como detectar, prevenir y, en su caso, intervenir en situaciones de crisis”.

Entre los servicios a prestar se incluye la “movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, doméstica o social”, además del “seguimiento periódico” desde el Centro de Atención donde trabajan los operadores en materias como la agenda de visitas al médico o las gestiones de los dependientes, entre muchos otros negociados.

La “comunicación de emergencia” se produce “por situaciones que implican riesgo para la integridad física, psíquica o social de la persona usuaria o su entorno, que requiere la actuación y, en su caso, movilización inmediata de recursos propios de la persona usuaria, recursos sociales o sanitarios, de emergencia o de fuerzas de seguridad”.

“En todos los casos, se mantendrá contacto desde la central con la persona en situación de emergencia, hasta que ésta sea solucionada”, indica el pliego.

Cuestionada antes de la inminente remodelación del Consell

La instructora centra su investigación en la presunta negligencia de la Generalitat ante una catástrofe que el pasado 29 de octubre dejó 229 víctimas y que imputa indiciariamente a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quienes ostentaban la capacidad decisora de avisar a la población ante el peligro. Mazón no figura como investigado por su condición de aforado. De hecho, la jueza ha ofrecido al president la posibilidad de declarar voluntariamente como imputado.

Sin embargo, tras casi un año de detallada instrucción pilotada por la magistrada, emerge un nuevo componente del Ejecutivo de Carlos Mazón que no estaba en el radar de la causa y que, recientemente, se ha ido situando en la diana de las pesquisas: la vicepresidenta Camarero.

La ‘número dos’ del Consell, tal como reveló elDiario.es el pasado 4 de septiembre, se desconectó del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) apenas 40 minutos después de que se iniciara la reunión. Lo hizo para asistir a unos premios de la patronal, aunque se escudó en que un alto cargo de su departamento permaneció conectado telemáticamente.

Tras la publicación de la información, Camarero adujo que en ese breve periodo en que estuvo conectada no se habló del peligro de la presa de Forata, contradiciendo de plano a todos los testigos que participaron en el Cecopi y que han declarado en el marco de la causa, incluyendo a los dos imputados —sus excompañeros del Ejecutivo Salomé Pradas y Emilio Argüeso— y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, entre otros.

Ante las evidentes contradicciones, el pasado 11 de septiembre, la jueza instructora citó a declarar como testigo a la vicepresidenta, como pedían las acusaciones populares que ejercen Intersindical y Ciudadanos. Camarero se unió así a la larga lista de testigos que aún no tienen cerrada la fecha para su testifical. Todo ello se produce, además, en plena fase previa a la remodelación del Ejecutivo de Mazón, anunciada para el próximo 5 de noviembre. Una etapa de máxima incertidumbre para cualquier conseller.

La cara visible de las tesis del PP, desmontadas por la jueza

La explicación de Susana Camarero sobre la actuación del Consell ante el aviso rojo de la Aemet para este pasado lunes tampoco resultó demasiado convincente, al contrastar el rápido envío del Es-Alert con los hechos del 29 de octubre, cuando la alerta automática a los móviles de la población llegó a las 20.11, ya con fallecidos y con un número incalculable de ciudadanos que permanecía atrapado por las inundaciones.

Camarero, convertida estos últimos meses en la portavoz de la versión oficial del Consell de Carlos Mazón, se escuda sistemáticamente en la tesis del supuesto “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la dana, la excusa a la que, a modo de clavo ardiente, se aferra el Palau de la Generalitat y el PP valenciano para eludir un hecho irremediable e ineludible que centra el enfoque de la jueza instructora: la competencia de avisar a la población del peligro era de la Generalitat y de nadie más. La tesis de los populares fue tumbada de nuevo, con especial ahínco y por enésima vez, en la última resolución de la instructora.

Citada a declarar por la magistrada, Susana Camarero deberá situarse en el papel de testigo, un rol muy alejado de su habitual función de portavoz del Consell. Siempre que declara un testigo, el juez le advierte de su obligación de decir la verdad.