La violencia vicaria: niños, niñas, familiares, animales y nuevas parejas como rehenes del agresor

La violencia vicaria es el rostro más perverso de la violencia machista. También, el más desamparado. Cuando los agresores usan a hijas e hijos como instrumentos de sufrimiento y control de las madres, solo buscan causar dolor a las mujeres y, en el caso de la violencia extrema, destruir, borrar su vida entera a través del daño irreparable a sus criaturas. Es un daño que va más allá de niñas y niños: se ejerce además sobre descendientes mayores de edad, sobre familiares u otras personas con lazos de afecto, sobre los animales que conviven con la familia.

Por primera vez, la ley española aborda el concepto de la violencia vicaria, es decir, la violencia que se ejerce sobre una mujer por parte de su pareja o expareja a través de una persona interpuesta, tal y como lo acuñó en 2012 la psicóloga clínica y perita judicial Sonia Vaccaro. Es un concepto tan terrible como preciso, que nombra el último y atroz recurso de los maltratadores: la utilización de hijos, hijas y otras personas queridas para hundir a las mujeres. Qué mayor perversión convertir la infancia en un escenario de venganza, qué crimen más obsceno que arrebatar la vida a menores para prolongar la crueldad y la dominación contra una madre. El Estado español ha tardado, y mucho, en mirar de frente esta barbarie. Solo ahora, tras demasiados crímenes, tras súplicas y lamentos que debieran hacer enrojecer de vergüenza a nuestra comunidad, la política y el derecho empiezan a reaccionar. Aunque para muchas víctimas, en su mayoría las más vulnerables, la respuesta siempre llega tarde.

La indignación social finalmente ha presionado al Gobierno para que la violencia vicaria sea reconocida y tipificada como delito específico. El Anteproyecto de Ley Orgánica integral, impulsado por el Ministerio de Igualdad, marca un cambio que debiera ser histórico: incorpora penas nuevas, prohíbe la difusión de contenidos relacionados con estos delitos y reconoce a las personas menores como víctimas de violencia de género. El Código Penal debe castigar con penas mayores a quienes dañen a hijes, descendientes, menores en tutela o nuevas parejas con el fin de hacer sufrir a la víctima. Además, debe prever medidas multidisciplinares: protocolos de detección temprana, formación de jueces y policías, atención integral y protección real para las madres, sus hijes y sus familiares, humanos o no. El Estado debe proteger el derecho de las personas menores a ser escuchadas en las decisiones judiciales sobre sus vidas. El Estado debe garantizar que la violencia vicaria sea reflejada de forma visible y diferenciada en las estadísticas oficiales sobre violencia machista.

Este impulso normativo parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye decenas de medidas específicas y una dotación presupuestaria efectiva para combatir la violencia vicaria. Un compromiso urgente, sí, pero cuántas tragedias habrían sido evitables si la justicia no hubiera ignorado durante años el grito de las víctimas, más ignorado cuanto más indefenso. Porque las madres llevan demasiado tiempo denunciando la instrumentalización de sus hijes y sufriendo el uso perverso del falso síndrome de alienación parental, que el nuevo anteproyecto promete castigar.

Los de violencia vicaria no son casos aislados, como repiten quienes niegan el machismo estructural: son la expresión extrema de un sistema patriarcal que se niega a soltar sus privilegios y que castiga a las mujeres a través de las vidas e incluso de los cuerpos inocentes de sus criaturas. En España, las estadísticas estremecen: decenas de menores asesinados por padres que jamás debieron tener derecho a visitas, madres que suplicaron protección y a quienes el Estado respondió con órdenes burocráticas. Una y otra vez se repite la misma cadena de negligencia judicial, de falta de perspectiva de género, de una justicia que parece escrita e impartida a favor de los agresores. La violencia vicaria asesina a los niños, niñas, adolescentes, animales y otros familiares. Y mata también a las madres que sobreviven, condenándolas a una vida despojada, con un duelo imposible. Porque a ellas les arrebatan todo y el relato institucional lo ha tratado como daños colaterales. Qué relato tan cruel para nombrar lo innombrable.

Nada borra de una madre el dolor de ver la infancia de una hija maltratada por el deseo de venganza del padre, de un hijo destruido por el odio de quien debiera darle cariño y seguridad. La violencia vicaria no solo asesina en el peor de los casos: arranca la paz, aniquila los vínculos, somete a les niñes a un conflicto adulto que no debiera pertenecerles y que les causa profundas heridas emocionales. El maltratador manipula, controla y desfigura el pensamiento y los sentimientos infantiles, transformando a niños y niñas en rehenes, en armas, en vehículos de su propio rabia. Las mujeres reviven a través de sus hijes el maltrato sufrido, soportan cuestionamientos y amenazas reiteradas, presencian su desconsuelo, su desconcierto y su miedo por la manipulación patriarcal, a veces su dolor transformado también en rabia. Según la psicología forense, las consecuencias psicológicas son graves y difícilmente reversibles: el entorno seguro deja de serlo, los niños y niñas pueden mostrar daños sociales, emocionales, académicos, y algunas víctimas infantiles, arrastradas por la violencia, pueden incluso replicar patrones de agresión.

La memoria de quienes ya no están y la vida de quienes sobreviven en situación de violencia vicaria debe ser un compromiso político urgente. Porque ningún avance legal será suficiente hasta que las víctimas vivan seguras y los verdugos sepan que nunca más podrán usar el amor de una madre como campo de batalla.