Los retrasos en las denuncias de violencia sexual en un campamento desnudan el bloqueo de las investigaciones en Euskadi

Las denuncias de posibles delitos contra la libertad sexual de menores en un campamento de la localidad alavesa de Bernedo han desnudado otro grave problema, el del bloqueo de la Justicia en Euskadi en general y en Vitoria en particular. La fiscal superior vasca, Carmen Adán, explicó a los medios que las primeras alertas se conocieron en primavera y quedaron en el “limbo”, de modo que este verano se ha vuelto a celebrar la colonia y, nuevamente, han aparecido más denuncias. De haberse incoado el procedimiento con normalidad, podrían haberse adoptado medidas cautelares, sugieren las fuentes consultadas. La investigación sólo se ha iniciado ahora, con el debate instalado en los medios de comunicación.

El caso recayó en el juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. Su titular es, desde hace unos meses, Álvaro Silván Hernández, un joven magistrado de la promoción 71 y procedente de Logroño. Una fuente de la plaza lo define como “bastante serio” y “bastante rápido”. El gran asunto que ha tramitado en este tiempo en la capital vasca ha sido el del asesinato de un joven a la salida de una discoteca, la Mítika, a manos de un portero. Sin embargo, en esa sala ha habido también un cambio casi total de la plantilla de funcionarios, lo que condiciona también la continuidad de los expedientes.

Antes, la sustituta Eider Retegui gestionó Instrucción 3. La titular original era María Elena Rodríguez Molpeceres. Sin que copara titulares, este juzgado también bloqueó durante meses y meses un asunto muy relevante. Se trató de la denuncia de la Fiscalía contra la viceconsejera del Gobierno vasco Amaia Barredo por haber autorizado el proyecto Valogreene Paper de Bergara. Era un caso de presunta prevaricación. El ministerio fiscal llegó a pedir en varias ocasiones explicaciones al juzgado por las dilaciones en la incoación de las diligencias. Este periódico informó de ello.

Finalmente, se inició el sumario, pero nunca se completó. Barredo, después de una temporada como diputada foral en Álava, fue nombrada consejera en el gabinete de Imanol Pradales. Los miembros del Gobierno son aforados y solamente pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Durante meses, el asunto estuvo peloteando entre la sala de Vitoria y la civil-penal del Superior. Todo acabó archivado sin que se hiciera ninguna comprobación especial en la segunda instancia. Y eso que el propio Superior, en la sala de lo contencioso-administrativo, ha emitido cuatro sentencias contra la autorización de Barredo, que está anulada a la espera del recurso al Supremo.

Una fuente judicial explica también que la no incoación de una denuncia ha supuesto que un caso “de corrupción” que estaba “muy bien atado” haya quedado en agua de borrajas, con un archivo sin siquiera tener una mínima tramitación. El cargo público implicado, cuya identidad no ha trascendido, sigue en ejercicio en la actualidad. Esto se ha producido en un juzgado de Bizkaia. En general, los grandes casos de corrupción en Euskadi, casi sin excepciones, han visto rebajadas las penas por “dilaciones indebidas”. Así ha ocurrido en el de Alfredo de Miguel, en el de Víctor Bravo -que ni siquiera llegó a entrar en prisión-, en el del saqueo del Museo Balenciaga de Getaria y en otros.

Carmen Adán, este lunes en el Parlamento Vasco, con Bakartxo Tejeria

La causa por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018 se acaba de reabrir para que haya un juicio muy limitado a un único examen, el de Cirugía Plástica. Ese procedimiento ha acumulado meses y meses de parón y, al término de la investigación, ni siquiera se habían revisado los exámenes de todas las categorías objeto de la causa a pesar de que, en los que sí se recogieron, habían algunos indicios.

¿Y en Gipuzkoa? “Tenemos dilaciones. Y muy gordas”, afirma un jurista que opera allí. Menciona que hay un caso concreto de una magistrada que tiene sentencias sin emitir de juicios celebrados “hace tres años”. “Hablamos de delitos contra la hacienda pública, agresiones sexuales, … De todo”, agrega. La media de incoación de los procedimientos, es decir, el momento en el que se inicia formalmente una causa, es ya de dos meses en los juzgados vascos, según la Fiscalía.

El ministerio fiscal, que por medio de la habitualmente comedida Carmen Adán ha decidido dar el paso de denunciar la situación del caso de Bernedo, ha realizado ya varias peticiones al Consejo General del Poder Judicial para que analicen qué está pasando y por qué. No consta que haya respuesta a esas quejas salvo por el caso de una magistrada de lo social apartada a finales de 2024 en Donostia por acumular 198 casos pendientes.