El Gobierno de Ayuso trata de impedir que se reconozca la sede de la Comunidad de Madrid como lugar de memoria

El consejero portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este miércoles que presentarán alegaciones para frenar el trámite de consulta pública que pretende declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria democrática por las funciones de la ex Dirección General de Seguridad (DGS) en este edificio, que funcionó como centro de torturas policiales del régimen franquista. Según la Comunidad de Madrid, este nombramiento no se debe realizar por la “vinculación” que tiene este edificio también con la época de la Ilustración.

“Lo haremos avalados por el informe de la Real Academia de la Historia que respalda a la Comunidad de Madrid en la defensa de este emblemático edificio en el que nos encontramos, ya que lo asocia, ante todo, dice, con el periodo de la Ilustración”, ha explicado el consejero tras la reunión de Gobierno, a pesar de que este mismo informe reafirma los hechos que tuvieron lugar en este edificio de la Puerta del Sol durante la Guerra Civil y dictadura, y no descarta la conveniencia de su declaración como Lugar de Memoria.

La Real Casa de Correos ubicada en la Puerta del Sol, donde la Comunidad de Madrid tiene su actual sede, albergó durante años los calabozos de la Dirección General de Seguridad de la administración franquista, considerado uno de los grandes puntos de tortura policial de la dictadura. El consejero ha recordado que, según el informe que solicitó el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la sede de la Presidencia regional, con 250 años de historia, fue construida durante el reinado de Carlos III (1759-1788), “uno de los grandes momentos del progreso de España con la plena ilustración española”.

La Real Academia de la Historia, no obstante, si comprende “las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la extinta Dirección de Seguridad” ya que, aunque originalmente fue concebida para albergar la Real Casa de Correos, su función inicial fue cambiando con el tiempo y hace alusión a que desempeñó “un papel central en la represión política y social” durante el Franquismo.

Además, García Martín ha acusado a Pedro Sánchez de meter “sus manos” en la Real Casa de Correos para “atacar a la Comunidad de Madrid, sus instituciones y todos y cada uno de los madrileños”, a lo que ha añadido: “A nosotros nos compete su protección y cuidado como sí atestigua la propia ley autonómica que destina esta sede como sede de la presidencia”. “Exigiremos que deje de atacar al verdadero valor histórico”, ha adelantado el consejero que ha defendido que el edificio está “completamente resignificado”.

“Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid nos seguiremos defendiendo de esos ataques porque es nuestra obligación y, sobre todo, porque queremos respetar las instituciones y lo que significa esta casa, que es la casa común de todos los madrileños”, ha concluído.

El choque entre la administración central y la madrileña llegó cuando Ayuso se negó a negociar con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la colocación de una placa que recordase el pasado de tortura del edificio. A finales de 2024, aprobó una ley que no permitía autorizar la instalación de ninguna placa o distintivo que pueda perjudicar o resultar incompatible con “la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa Correos como Sede de la Presidencia”.

En abril, el Tribunal Constitucional frenó este intento de la Comunidad de Madrid de impedir esta declaración a través de una reforma legal exprés. Desde el Gobierno central consideran que esta norma es “inconstitucional y que invade competencias estatales”. También, afirman que es “incompatible” con el artículo 53 de la Ley de Memoria Democrática, “al supeditar la aplicación y ejecución de la norma estatal por los órganos del Ejecutivo estatal a una previa autorización de un órgano autonómico sin límite ni ponderación alguna”.