Juventud e Infancia plantea quitar la patria potestad a todos los padres condenados por violencia de género

España fue pionera en 2021 en aprobar una ley para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Pero cuatro años después, el Ministerio de Juventud e Infancia ha detectado que existen “lagunas estructurales” en la aplicación de la norma que justifican una reforma. El borrador del texto del departamento, cuyos detalles ha conocido elDiario.es, introduce novedades como la suspensión de la patria potestad en todos los casos en que exista una sentencia condenatoria por violencia de género, vicaria o sexual contra alguno de los hijos o hijas menores a cargo, para reforzar así la protección de los niños y niñas.

Hasta ahora estaba previsto en delitos con penas muy altas, pero en otros casos la decisión era discrecional y se podía justificar por el “interés superior del menor”, explican fuentes ministeriales. “En ningún caso podrá identificarse el interés superior de las personas menores de edad con mantener el contacto con ambos progenitores cuando uno de ellos sea un maltratador o presunto maltratador”, prosiguen. La norma, si se aprueba como plantea Juventud e Infancia, respalda que la suspensión sea temporal si el delito es “leve”, aunque ese progenitor condenado no podrá decidir, aunque haya sido restablecida, sobre el lugar de residencia de sus hijos.

Esta y otras medidas incluidas en el borrador de anteproyecto exigen cambios en el Código Civil y Penal, además de en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ya están sobre la mesa de los otros dos ministerios coproponentes, Igualdad y Justicia, ambos del PSOE. Juventud e Infancia (Sumar), que lidera la iniciativa, asegura que “no hay frenos” a los cambios propuestos y espera que el anteproyecto pase por el Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre, mientras que en Igualdad avanzan que han hecho “observaciones sobre la parte de violencia” aunque han trabajado en conjunto estos meses. Justicia, a preguntas de este medio, no ha dado una respuesta.

Los cambios serán anunciados este miércoles por la ministra Sira Rego en un acto convocado con las expertas que han asesorado la redacción de la ley, justo un día después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto de ley que tipifica por primera vez como delito en el Código Penal este tipo de violencia, basada en instrumentalizar a los hijos e hijas de las víctimas con el objetivo de hacerles daño. Ambas normas se tocan en algunos asuntos, aunque el Ministerio asegura que su propuesta “recoge todos los tipos de violencia contra la infancia y la adolescencia”, no solo la vicaria.

Ampliar la protección frente la revictimización

El borrador de la reforma también incorpora la obligación de escuchar a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su edad. Un manojo de leyes recogen que esto debe hacerse a partir de los 12 años, pero en los chicos y chicas más pequeños, aunque tienen su derecho reconocido por la actual ley de infancia, no se estaba dando espacio a esa escucha en la práctica, según Juventud e Infancia, que recoge expresamente la “obligatoriedad” en la reforma.

Muy relacionado con esto, se amplía la protección de los menores para evitar que tengan que declarar en el juicio oral a todos los chicos y chicas de menos de 18 años y no solo a aquellos con edades inferiores a 14. El objetivo es evitar la revictimización permitiendo lo que se conoce en términos jurídicos como “prueba preconstituida”, es decir, grabar su declaración previamente, dentro de las diligencias de investigación, y usarla después sin necesidad de volver a convocar al niño o la niña, explican fuentes ministeriales.

Como novedad también se refuerza el derecho a la “defensa letrada” de la infancia. Esto significa, en la práctica, que los menores puedan tener un abogado propio al margen de sus progenitores en caso de conflicto. Es común que esta figura, llamada defensor judicial, sea asumida a instancias del juez por alguna de las partes o la Fiscalía, justifica el Ministerio, que quiere dar un paso más creando un turno de oficio especializado en infancia y adolescencia.

El SAP como “violencia institucional”

Otra de las cuestiones que preocupan al departamento dirigido por Sira Rego es el síndrome de alienación parental, un planteamiento teórico y sin aval científico que presume interferencia o manipulación adulta hacia los niños y niñas. La actual ley, aprobada en 2021, incluye que “los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir estos planteamientos”.

El nuevo articulado, si finalmente sale adelante tal y como plantea Juventud e Infancia, lo enmarca dentro de la “violencia institucional”, un concepto que ya existe en leyes autonómicas como la catalana o la riojana. Si se prueba que existe tal violencia, los jueces y magistrados serían sancionados con arreglo al Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, que ya existe.

Por último, el Ministerio de Juventud e Infancia plantea que todos los partidos judiciales cuenten con equipos especializados en situaciones de violencia contra la infancia. Una ley aprobada a finales de 2024 en el Congreso arrancó con tres años de retraso la creación de juzgados especializados en infancia. Ello se materializó, unos meses después, en tres secciones ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga con una única plaza cada una, un volumen que Juventud e Infancia, además de las organizaciones que trabajan con la infancia, tildaron de insuficiente.

El Ministerio pretende, asimismo, presentar a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Intersectorial, un plan director para que incorporen la formación de especialistas en infancia y adolescencia de manera transversal en todos los ámbitos: no solo judicial sino también sanitario o en los servicios sociales. Este punto, de momento, queda sujeto al acuerdo y no tiene presupuesto asignado.