La Fiscalía abre una investigación penal por el espionaje a ordenadores del Senado

La Fiscalía abre una investigación penal por el espionaje a ordenadores del Senado

La Cámara Alta despidió el pasado mes de mayo a dos de sus trabajadores por infiltrarse durante meses en computadoras de otros empleados y de «altos cargos» de la institución, y denunció después los hechos al ministerio público. Protección de Datos archivó el asunto

Infiltración en el Senado: los puntos ciegos del despido de dos informáticos por espiar en la Cámara Alta

La Fiscalía de Madrid ha iniciado una investigación penal sobre la infiltración de dos trabajadores del Senado en los ordenadores de otros empleados y cargos de la Cámara Alta. Así consta en un escrito remitido por el organismo al presidente del Senado, Pedro Rollán, y al que ha tenido acceso elDiario.es. En él se asegura que los “hechos podrían ser, en su caso, constitutivos de infracción penal”. La investigación se puso en marcha hace dos meses y sigue abierta.

El Senado despidió a dos trabajadores el pasado mes de mayo por espiar durante meses a trabajadores y cargos de la Cámara Alta, así como a la propia institución. Una investigación interna determinó que los empleados habían accedido sin permiso a ordenadores personales de senadores, además de los equipos de otros empleados. Las pesquisas internas confirmaron que los dos trabajadores (que eran pareja) habían “accedido de forma indebida (…) a los portafirmas de senadores, cargos e integrantes del personal de la Cámara”. También descargaron “documentos” de los equipos de los senadores, según un comunicado oficial del Senado.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, emitió un segundo comunicado, esta vez en su nombre, en el que aseguró que la actuación de las personas despedidas obedecía “a un interés personal y no político”. También descartó una intromisión en los perfiles de los senadores. El PP domina la Mesa del Senado con su mayoría absoluta. elDiario.es se ha puesto en contacto con el gabinete de Rollán sin haber obtenido respuesta.

El amplio expediente disciplinario abierto, y que concluyó con el despido de los dos empleados, contradijo la versión de Rollán. El documento señala expresamente que los empleados despedidos “habrían utilizado” sus “credenciales” para “acceder al sistema con privilegios de administrador, accediendo a bandejas y descargas de documentos de personal y altos cargos del Senado, así como de Senadores y Senadoras”.

La versión oficial fue que los dos trabajadores, casados entre sí, intentaron ganar ventaja en un proceso interno de promoción para uno de ellos. Pero esta tesis provocó dudas, ya que, tal y como recogía el expediente, uno de ellos tenía garantizado el ascenso en disputa. Además, los accesos comenzaron en marzo de 2024, siete meses antes de ser descubiertos y previamente a que se convocara la plaza que querían adjudicarse: el concurso de méritos que se hizo público en septiembre de ese año.

El letrado que dirigió la investigación interna dejó escrito que había “indicios” de que el motivo del espionaje fue ganar ventaja en el concurso, pero añadió: “No resultan suficientes para concluir cuál era la intención con la que se condujeron”. “Son conjeturas” que “no resultan suficientes para considerar cierta la voluntad dolosa de los inculpados de influir en el resultado del concurso”, afirmó.

Ante las dudas surgidas, la letrada mayor, Sara Siera, aseguró por escrito a todos los grupos que no existió “ningún hackeo de los sistemas informáticos del Senado” ni “ningún espionaje ni robo de información”. Que “nadie” accedió “a los ordenadores personales de los senadores ni a sus dispositivos personales iPhone/iPad sin su permiso”, que “no” hubo “ninguna infiltración masiva en la identidad digital de los senadores/as” y que “nadie” usó “las claves de los senadores/as”.

Fiscalía investiga, Protección de Datos archiva

Las contradicciones motivaron que el PSOE reclamara que el Senado pusiera el expediente en conocimiento tanto de la Agencia de Protección de Datos como de la Fiscalía. El traslado se produjo a principios de julio. Y la Fiscalía de Madrid respondió el 29 del mismo mes. “El día 8 de julio se ha recibido en esta fiscalía provincial su comunicación, poniendo en nuestro conocimiento un expediente disciplinario cuyos hechos objeto podrían ser, en su caso, constitutivos de infracción penal”, apunta la fiscal encargada de la investigación. “Por la presente pongo en su conocimiento que, para su estudio, se han incoado las presentes diligencias de investigación preprocesal de cuyo resultado final se dará cumplida cuenta”, añade.

Las pesquisas, que están en fase de estudio, las está dirigiendo la fiscal Eva Calafat, de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Madrid. Se trata de una unidad especializada en las investigaciones criminales vinculadas a la ciberdelincuencia y a la utilización de las nuevas tecnologías y de internet. Fuentes fiscales consultadas por elDiario.es indican que, dos meses después de su apertura, se siguen realizando diligencias para tratar de determinar el alcance penal de la filtración de los datos de senadores. 

En las diligencias preprocesales, como es el caso, la Fiscalía hace requerimientos de información y peticiones de informes a los cuerpos policiales. También puede tomar declaración a denunciados, denunciantes y otras personas relacionadas con los hechos. En el caso de que la fiscal encuentre indicios suficientes de delito presentará una querella ante los juzgados, lo que podría derivar en la apertura de una causa judicial. Si de las actuaciones no resulta acreditada la existencia de un delito se procedería al archivo.

Quien no ha abierto ninguna investigación es Protección de Datos. elDiario.es se ha puesto en contacto con la agencia pública, desde donde explican que “la notificación de brecha quedó registrada tras valorar las medidas adoptadas por el responsable del tratamiento”, en consonancia con los artículos 33 y 34 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, que se archivó. El motivo alegado: que el Senado tomó las medidas adecuadas para evitar que se replique el ataque, y que este no entrañó “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”

Las mismas fuentes sostienen que la agencia analizó “la información remitida por el responsable del tratamiento”, que “se valoraron las medidas adoptadas”, de nuevo, que no entrañó “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”. “Por ello, se registró la brecha sin acciones adicionales”, zanjan desde Protección de Datos.