Radiografía de las cuotas de la escuela concertada: en Catalunya, Madrid y Euskadi las cobran todos los colegios

El 83% de los colegios concertados de España cobra una cuota a sus familias, y en dos tercios de ellos, más de la mitad del total, esa cuota es obligatorias. Esta imposición va contra la ley, que establece la gratuidad de las etapas que cubre la escuela privada subvencionada, según recuerda el X Estudio de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la asociación de colegios privados Cicae con datos de más de 300 centros de las ocho comunidades que más escuela concertada tiene.

Pero ese 83% de media esconde realidades muy diferentes según la comunidad autónoma o el tipo de colegio, sostiene el informe. En Catalunya, País Vasco y la Comunidad de Madrid, el 100% de los colegios visitados –el informe se realiza mediante la técnica del cliente misterioso, en el que alguien simula estar interesado en matricular a su hijo en el centro y recaba información del mismo– cobra una cuota base a las familias, mientras en Galicia son poco más de la mitad (57%) y en Murcia una minoría (29%).

Elena Cid, directora general de Cicae, ha destacado que la escuela concertada es variada y que no todos los centros actúan de la misma manera, con una distinción entre los colegios que son sociedades mercantiles y las fundaciones o centros sin ánimo de lucro. “El 17% de los colegios no cobra”, ha querido distinguir. Pero, con carácter general, “en estos últimos diez años las cuotas aumentan, son muy elevadas y la mercantilización de este sector está ocurriendo, sobre todo en algunas comunidades autónomas”, ha señalado. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el 40% de los centros privados subvencionados son sociedades mercantiles.

La forma jurídica de los centros también influye en las cuotas y el comportamiento de los centros, subraya Cicae. Los colegios constituidos como empresas, explica el informe, tienen de media cuotas más altas que los que optan por otras formas, como las fundaciones. Los colegios de titularidad mercantil son los que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de 114 euros al mes y picos de 186 euros para las sociedad anónimas, mientras las cooperativas se quedan en 86 euros. En los centros que no tienen ánimo de lucro el importe promedio es de 96 euros, y cae en las congregaciones religiosas hasta los 74,43 euros mensuales, según el informe.

Esta diferencia entre las formas jurídicas de los centros también se refleja en cuánto presionan a las familias para el pago de las cuotas, según Cicae. Los centros sin ánimo de lucro tienen, en general, más flexibilidad. Por ejemplo, en casi la mitad de las congregaciones religiosas el pago se declara voluntario, mientras en las sociedades anónimas o limitadas apenas son el 10%.

Catalunya, la más cara

Un año más, Catalunya lidera la cuota máxima que se cobra a las familias, con 220 euros mensuales, aunque esta media puede estar algo distorsionada por los 1.100 euros que cobra el colegio St. Paul’s School. En esta comunidad autónoma el precio acumulado ha subido un 23,4% en los últimos tres años, siempre según el informe de Cicae.

Tras Catalunya aparece en la lista Madrid, con un pago medio mensual de 135 euros y un pico máximo de 277 en el colegio Los Ángeles. En este caso el incremento asciende al 16% y en dos de cada tres colegios la cantidad supera los 150 euros al mes. Cierra el podio Euskadi, donde las familias abonan una media de 99 euros cada 30 días. En estas tres comunidades autonómas el 100% de los colegios visitados por la consultora Garlic B2B cobran cuotas.

En el otro extremo aparecen Murcia, que cobra 51 euros al mes de media, Aragón, con 44, y Andalucía, que se queda en 29 euros. Esta última región es la única de las que aparece en el informe donde ha bajado el precio del pago medio (un 32%).

Cicae advierte de que la mayoría de los centros visitados (un 59%) no informa a las familias de que la cuota es voluntaria, como establece la ley.

Dentro del horario

Es habitual que la escuela concertada vincule las cuotas a las actividades complementarias que organizan (diferentes de las curriculares y obligatorias). Estos cobros sí estarían permitidos por la ley porque permiten esta voluntariedad: si una familia no quiere pagar su hijo o hija simplemente no la realiza. Pero, recuerda el informe, “la ley prohíbe la realización de las actividades complementarias dentro del horario escolar”, precisamente para evitar que padres y madres no se vean forzados a inscribirse en una solo para que su hijo no sea excluido.

Pese a ello, destaca Cicae, el 42% las programa entre las 12 y las 14 horas y otro 25% señala que se realizan “dentro del horario lectivo”, aunque sin especificar hora. Esto es, en dos de cada tres centros se realizan en franjas horarias teóricamente vetadas frente al 8% que las pone al principio o final del día, momentos en los que es más sencillo evitarlas.

Los clientes misteriosos de la consulta que ha realizado el informe recogen algunas de las explicaciones que les han ofrecido a este respecto los centros: “[El niño] se iría a un aula aparte [durante la realización de la actividad], pero todas las familias apuestan por ellas”; “El nombre de aportación voluntaria solamente es un nombre porque es obligatoria. Se dan muchas clases extras y servicios y hay que pagarlas. Si el niño no va a las extraescolares aun así hay que pagarlo”; o “se utiliza para pagar servicios y actividades adicionales a las del currículo escolar de la Comunidad de Madrid”, son algunas de ellas.

La apuesta de Madrid

Cuando se habla de escuela concertada mención especial tiene siempre la Comunidad de Madrid, donde los gobiernos del PP se han pasado 25 años (desde que adquirieron las competencias en educación) favoreciendo a la escuela concertada bajo el argumento de que hay que defender la libertad de elección de modelo educativo de los padres. La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho incluso una ley ad hoc para blindarla del supuesto ataque al modelo que era la Lomloe.

Unos Ejecutivos regionales que ceden suelo de manera gratuita, garantizan el concierto a colegios que no existen –una práctica que va contra la ley, que estipula que se conciertan centros y proyectos concretos– y les permite luego hacer negocio vendiendo esos colegios, como ha sucedido recientemente con el grupo Educare y la aseguradora suiza Swiss Life, que ha pagado 200 millones de euros por ocho centros que imparten formación obligatoria, teóricamente gratuita para las familias por tanto, y subvencionada por el Estado. Además de cobrar cientos de miles de euros de la Comunidad de Madrid, los colegios de Educare reciben casi 200 euros mensuales por alumno, según el informe de Cicae.

Al calor de estas políticas, en la región ha crecido en los últimos años la conocida como “nueva concertada”, colegios que abandonan las formas jurídicas tradicionales, como fundaciones o empresas sin ánimo de lucro, por sociedades mercantiles, beneficios, dividendos y salarios de seis cifras a sus directivos, que no directores. En anteriores ediciones de este mismo estudio, Cicae asegura que a sus clientes misteriosos les llegaron a decir que el centro “no es una fundación ni una orden católica, es una S. L. (Sociedad Limitada)”, para justificar el cobro de cuotas.

El fracaso de la Lomloe

La Lomloe trató de acotar este tipo de prácticas e incidir en el servicio público que se supone presta la escuela concertada. Varias de las medidas introducidas en la ley Celáa se escribieron pensando en las políticas educativas que se venían aplicando en la Comunidad de Madrid, según admitieron en su momento fuentes socialistas.

Así, al redactado que venían heredando las diferentes leyes educativas y que también aparecía en la LOMCE, articulado en torno al una fórmula genérica (“en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito […] y quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que tendrán carácter voluntario”) la LOMLOE le añadió dos frases para tratar de limitar las cuotas: “Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”.

La evolución que recogen las diez ediciones del informe de Cicae dejan ver que la medida parece haber tenido poco éxito, aunque Cicae cree que a nivel social sí empieza a haber una conciencia de la situación.