Inquilinos de la Seguridad Social tratan de frenar la subasta pública de sus casas y les echan entre insultos

El Gobierno sigue adelante con la venta de las viviendas públicas que formaron parte del programa de alquiler asequible impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y que se quedaron en un limbo jurídico tras la eliminación del Servicio Público del Alquiler (SPA), siete años más tarde, por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El pasado mes de julio, las 34 familias que continuaban viviendo en estos inmuebles recibieron una carta por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, organismo que asumió su gestión, de que no iban a renovar de nuevo los contratos de arrendamiento y que procedían a la venta de las viviendas. A pesar de que no hay impagos, la Administración no ofrece alternativas a los vecinos más allá de la compra, por un precio que alcanza en muchos casos el medio millón de euros. Tampoco han accedido a la negociación colectiva que reclama el Sindicato de Inquilinas.

Un grupo de una docena de afectados y miembros del sindicato han irrumpido este jueves en la subasta de dos edificios de esta naturaleza, localizados en el madrileño barrio de San Cristóbal, el cuarto barrio más pobre de España. Óscar, uno de los afectados que vive en Lavapiés, asegura que muchos vecinos de la calle San Dalmacio 1, la mayoría familias en situación administrativa irregular que residen en estos pisos abandonados por el Estado, no sabían ni que se iba a vender el edificio al mejor postor: “Estuvimos hace una semana diciendoles ‘¿Sabéis que se va a subastar este edificio?’, y nos dijeron ‘¿En serio?’ (…) Les dijimos que veníamos a preguntarles si lo sabían y a ofrecerles nuestro apoyo, a decirles que estamos en la misma situación”. Aunque este jueves no se subaste su edificio, Óscar sabe que puede ocurrir en cualquier momento y está decidido a quedarse en la casa en la que lleva 14 años viviendo con su pareja.

“Se está vendiendo vivienda pública cuando nos hace falta un millón de viviendas en España para que las personas como yo, que no pueden comprarse una vivienda de 400.000 euros, tengan un alquiler normal dentro de un estándar y completamente topado”, denuncia.

Los guardias de seguridad ordenan la salida de los manifestantes de la sala de subastas

A. es una vecina del bloque de pisos que se ha subastado este jueves. Vive ahí desde hace tres años junto a su familia. A pesar de estar algo resignada a que les van a expulsar del edificio, ha acudido a las puertas de la Tesorería a mostrar su apoyo al sindicato y a los compañeros que han tratado de boicotear la venta. “Es una vergüenza, viven más de 30 niños”, lamenta en conversación con elDiario.es.

Otro de los manifestantes, en este caso de una vivienda del SPA en la calle Fernando el Católico (Chamberí), renunció a su contrato tras la primera amenaza de la Administración y se marchó a vivir a Burgos. En la calle de Chamartín donde se ha celebrado la subasta, este afectado lamenta que Madrid lo haya expulsado por la falta de vivienda asequible. Ha acudido para apoyar a su amigo que se quedó en el piso y que ha participado en la protesta.

El Sindicato de Inquilinas considera que esta situación es un “desahucio invisible” impulsado por el propio Estado y ha apoyado a estas familias con acciones como la de esta primera subasta. “Vosotros os dedicáis a especular y nosotros a defender lo público”, respondía uno de los manifestantes al inversor que lo increpaba con gritos de “¡Fuera!” y “¡Desokupa!”. El intento de boicot ha terminado con el desalojo del grupo de manifestantes de la sala por parte de los servicios de seguridad y con la finalización de la venta.

La Seguridad Social considera que estos contratos de arrendamiento están “vencidos” y quiere venderlos porque, según sostienen, no tienen “competencias en vivienda” y, por lo tanto, “carecen de la potestad de hacer promoción inmobiliaria y de suscribir contratos particulares fuera de su propia normativa”. En ese sentido, desde el departamento que dirige Elma Saiz, indican que sus servicios jurídicos “concluyeron que tanto los contratos como las posibles prórrogas estaban vencidos”.

Además, Seguridad Social basa su decisión en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el uso de sus inmuebles, de 2022. “Informaba de que se debía proceder a la enajenación y corregir las situaciones jurídicas irregulares, puesto que una administración pública no puede tener inquilinos en situación jurídica irregular”. En concreto, el organismo público afeaba a la Tesorería General que, de los 4.115 inmuebles dados de alta en la Gerencia de Bienes Inmuebles de la Seguridad Social a la elaboración del análisis, 874 se encontraban vacíos, aunque más de la mitad eran fincas rústicas, y 179 parcialmente vacíos o sin uso, lo que suponía “importantes gastos e inversiones”, que ascendían a 143 millones de euros.