José Castro, juez del caso Nóos: «Habría investigado al rey Juan Carlos si no existiera el artículo que blinda su inviolabilidad»

José Castro Aragón (Córdoba, 1945) lleva tatuada en su biografía la etiqueta de “juez del caso Nóos”, la causa que puso en jaque a la monarquía y que, por primera vez, sentó en el banquillo a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, un hito sin precedentes en la historia judicial española. Al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, se convirtió, además, en azote del expresidente del Govern balear Jaume Matas (PP), se adentró de lleno en los entresijos de la financiación irregular del partido y tuvo frente a él a investigados –y posteriormente exonerados– como el arquitecto Santiago Calatrava, autor del anteproyecto de una ópera por el que el Ejecutivo autonómico pagó 1,2 millones de euros. Aquella construcción nunca vio la luz.

Afable y campechano en el trato, Castro, Pepe para los amigos y conocidos, asegura que habría investigado al rey Juan Carlos si no existiera el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inviolabilidad del jefe del Estado. Ahora, el grupo de jueces y juristas con el que trabaja reclama cada año al Gobierno a que inste al rey a renunciar en el discurso de Navidad a este privilegio, “pero ni puñetero caso”, señala.

Retirado de la judicatura, acaba de publicar El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó España, contada por su juez protagonista (Roca Editorial), en el que repasa la instrucción de un procedimiento que marcó un antes y un después en la percepción ciudadana de la Justicia y la monarquía. En una entrevista concedida a elDiario.es en la sede de la delegación balear de este periódico, sostiene que “la Justicia mima más al poderoso que al desvalido”, aunque lo que más le preocupa es la arbitrariedad legal, protegida por la propia ley, como la doctrina Botín. Se muestra severamente crítico con el encausamiento de Begoña Gómez –“lo que habrá hecho la señora Gómez de encargar a su asistente personal a través de unos correos electrónicos podrá ser correcto o no, pero no se puede elevar a la categoría de delito”– y con el procesamiento del Fiscal Generall del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso –“condenar esto me parecería absurdo”, mientras recrimina el retroceso democrático que sufre el país: “Tenemos juventudes con unos valores tan fascistas, retrógrados y absurdos en el mundo en que vivimos…”.

Habla sin tapujos, además, de la politización de la Justicia: “El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de control que para los demás poderes es indeseable. Indeseable porque controla y los demás poderes no quieren ser controlados”.

José Castro, en un momento de la entrevista

¿Qué le ha llevado a publicar ahora un libro sobre el caso Nóos? ¿Qué aporta que no se haya contado hasta ahora?

Bueno, tengo que decir que yo no tuve nunca intención de escribir un libro sobre el caso Nóos, como tampoco lo he escrito sobre el caso Calvià [por un intento de soborno por parte del PP a un concejal socialista para que apoyase una moción de censura contra la entonces alcaldesa, Margarita Nájera] o sobre la adjudicación del hospital Son Espases. No, no tenía esa intención, pero una editorial se interesó por el tema. Me lo pensé durante un tiempo. Entendía que si no lo escribía yo, lo escribirían otras personas desde ópticas muy diferentes a la mía. Realmente este libro lo podría haber escrito usted, que hizo el seguimiento, el fiscal Pedro Horrach o cualquier letrado que interviniera en la causa. Al final me decidí a escribirlo. Es una obra sobre un proceso judicial, por lo que no me puedo inventar un juicio distinto. Relato lo que ocurrió desde mi óptica, pero sin apartarme de lo que es el sumario. En cuanto a lo que dice el libro que no se supiera… Hay un poco de trastienda sobre la causa, como la parte más novedosa en la que, para hacerlo más digerible, someto a un diálogo determinados pasajes. Es un diálogo puramente imaginado y quizás no muy distinto de lo que hubiera podido ser. Cada lector lo irá descubriendo.

La dedicatoria del libro reza: “A quienes no se atrevieron a hacer lo que debían por temor a la repercusión de sus propias decisiones, para que recapaciten hasta donde su conciencia se lo permita”. ¿A quiénes se refiere?

Va dirigido a terceras personas, entre las que me incluyo. Realmente esa dedicatoria no es más que una recomendación a quienes lean el libro y a quienes intervinieron en este caso para que reflexionen sobre si hicieron lo que debían hacer.

Si Juan Carlos I no hubiera disfrutado del privilegio de la inviolabilidad –de la que sigue disfrutando Felipe VI–, ¿hasta dónde habría llegado la instrucción?

Nunca se sabe hasta dónde puede llegar una instrucción. Se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo puede terminar. Lo que sí es cierto es que una de las líneas de investigación que habría podido desarrollar es el papel que tuvo el rey Juan Carlos si el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda su inviolabilidad, no existiera. Ese artículo impedía iniciar la menor investigación acerca del entonces rey. El que yo pensara de una manera o de otra, el que yo abrigara mis dudas sobre la intervención que este señor tuvo en el caso, no conducía a nada. No sé hasta dónde hubiera podido llegar, pero que lo abrigué en un momento sí es cierto.

José Castro: «El artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inviolabilidad del rey, impedía iniciar la menor investigación acerca de Juan Carlos I»

Entonces, ¿se puede inducir de su respuesta que contaba con indicios suficientes para imputar al rey emérito, pero el artículo 56.3 lo impedía?

Si no eran indicios, sí eran objetivos claros, pero no se desarrolló ninguna investigación. A priori yo podía tener una línea de investigación que se alineaba con la causa, pero la desprecié porque, dada la existencia de ese artículo, no tenía sentido ni conducía a ningún lado.

Precisamente, un grupo de jueces, juristas y otros profesionales de Balears, entre quienes usted se encuentra, han reclamado al Gobierno instar al rey Felipe VI a que en alguno de sus discursos de Navidad anuncie su renuncia a la inviolabilidad…

Cada año enviamos un escrito al presidente del Gobierno, pero ni puñetero caso. Y en ese escrito le decimos: “Recomiende a su Majestad el Rey que aproveche el discurso de Navidad para renunciar”. Ya sabemos que el que renuncie no significa que el precepto se elimine, pero al menos el Tribunal Constitucional se podrá sentir más tranquilo concordando con que la interpretación más lógica no es la que se le ha venido dando. La interpretación más lógica es que es inviolable por los actos propios de su función como rey, que es lo que dice la propia Constitución.

No si comete otros hechos delictivos fuera de esas funciones…

Es que no tiene sentido.

Volviendo al caso Nóos, en alguna ocasión ha comentado que las causas con aforado eran como “pisar una mina antipersona”. Usted envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que Francisco Camps y Rita Barberá fuesen imputados en el caso Nóos. El TSJCV lo rechazó. También quedó fuera del caso el exconseller valenciano y exvicesecretario general del PP Esteban González Pons a pesar de que auspició con su firma unos Juegos europeos que nunca llegaron a celebrarse. Al final, la rama valenciana del caso Nóos quedó prácticamente en agua de borrajas en comparación con la rama balear. ¿A qué lo atribuye?

Yo le ofrecí al tribunal sentenciador todo el elenco de personas que podían haber contraído algún tipo de responsabilidad y entre ellas estaba la trama valenciana, que no difería mucho de la que luego se desarrolló aquí en Balears. El tribunal, que es dueño y señor para valorar las pruebas que se obtengan en el plenario, optó por relativizar todos los indicios con los que se contaban y los absolvió. No tengo nada que decir. No es la primera vez que un tribunal sentenciador no acoge los planteamientos de un juez instructor y, bueno, lo que queremos es que nuestros planteamientos sean acogidos. Pero si no lo son, estamos acostumbrados.

José Castro: «El tribunal, que es dueño y señor para valorar las pruebas que se obtengan en el plenario, optó por relativizar todos los indicios con los que se contaban [sobre la rama valenciana del caso Nóos] y los absolvió»

¿Influyeron intereses políticos en el hecho de que el TSJCV no asumiera las competencias para investigar esa parte del caso Nóos?

Yo tengo que pensar bien del tribunal. No tengo otra alternativa…

En el auto con el que, en marzo de 2010, impuso al expresidente del Govern balear Jaume Matas una fianza de tres millones de euros, la más alta decretada hasta entonces para un político en España, señaló que el exlíder del PP vino “a burlarse de los simples mortales” a tenor de las justificaciones que ofreció en su día en torno al sobrecoste de uno de sus grandes proyectos, el velódromo Palma Arena, y el descomunal incremento de su patrimonio, cuyo origen nunca llegó a justificarse. ¿Cree que continúa burlándose tras librarse de posibles condenas por enriquecimiento ilícito o por blanquear dinero con la adquisición de su palacete de Palma?

Siempre que alguien al que el pueblo ha encumbrado de alguna manera, si no cumple con su deber de procurar el bienestar de los ciudadanos, se está riendo de ellos.

¿Se enriqueció ilícitamente Matas?

No rastreamos todo lo que se podía rastrear. Cuentas corrientes, comprobar si había cajas fuertes… No ya a nombre de él, sino de testaferros. Debieron de cuidarse mucho. O a lo mejor no había nada… No se encontró absolutamente nada. Pero las obras del palacete de la calle Feliu, esas se sufragaron con dinero opaco al fisco [numerosos proveedores que declararon como testigos manifestaron que Matas llegó a abonarles más de 300.000 euros en efectivo por los trabajos que llevaron a cabo]. ¿Y dónde estaban residenciados esos fondos? Yo mandé a Estados Unidos una comisión rogatoria, pero la verdad es que no me hicieron demasiado caso. Debe de haber algún sitio donde está remansado ese dinero.

El expresidente balear Jaume Matas (derecha), en su primer juicio, junto al periodista Antonio Alemany (c) y la exdirectora general de la radiotelevisión autonómica balear IB3 Maria Umbert (i)

En la reciente presentación de su libro comentó que, durante la segunda legislatura de Matas (2003–2007), cada adjudicatario “tenía que pasar por caja”, es decir, pagar un soborno por cada concesión. Una de las causas derivadas de aquella época fue el caso Son Espases, en cuyo sumario afloraron nombres como los de Juan Miguel Villar Mir y Florentino Pérez por presuntos favores al PP a cambio de serles adjudicadas las obras del hospital. Llegó a apuntar, incluso, que estos supuestos sobornos se destinaron a los trabajos de reforma de la sede nacional del PP. En el auto con el que archivó esta línea de investigación admitió no haber podido demostrar esos pagos, pero deslizó que “no sería descabellado sospechar que dinero obtenido con ocasión de ese concurso fuera la fuente de alimentación de la caja B del PP”. ¿Qué le impidió acreditarlo?

Cuando uno se encuentra frente a un muro que ya no puede atravesar, hay que reconocerlo. ¿Significa esto que el instructor debe renunciar a su línea de investigación, a sus planteamientos de lo que realmente ocurrió? No. Y fíjese hasta qué punto que el cuñado del señor Matas, Fernando Areal Montesinos [extesorero del PP balear], quien ante mí se mostró virulento al decirme que yo la tenía tomada con él y que ya le tenía condenado a priori, en otra causa llegó a un pacto con la Fiscalía y reconoció que el partido manejaba dinero negro [con el que se sufragaron las campañas municipales y autonómicas de 2007]. Si, como él confesó, había dinero negro, una caja B, que alguien me diga de dónde se nutre, de dónde se alimenta esa caja. No se pudo demostrar de dónde salía este dinero, pero, si tú te estás relacionando con personas que adjudican contratos millonarios, no es difícil imaginarlo.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante su comparecencia en la comisión de investigación que se llevó a cabo en el Parlament balear en torno a la adjudicación de Son Espases

El que fuese presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir (a la izquierda), durante su declaración como investigado ante el juez Castro en septiembre de 2015

En el caso de la reforma de la sede balear del PP, el exconcejal Javier Rodrigo de Santos aseguró que las obras habían sido sufragadas en parte por el empresario Antonio Pinal, quien le habría confesado que había “ayudado” en la financiación de los trabajos a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets, en Palma. El extesorero del PP Luis Bárcenas también aludió a las supuestas ‘aportaciones’ de este empresario, a quien se refirió como un “donante generoso” con el PP. También algunos adjudicatarios confesaron pagos en negro. De nuevo, usted archivó la causa a regañadientes después de que así lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se apartase del procedimiento. En su auto de sobreseimiento, sin embargo, insinuó que quienes hubieran financiado las obras “ya se afanarían por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.

Efectivamente, me hice eco de que el señor Pinal buscaría la manera de no dejar rastro. Y no es que yo le esté imputando algo inexistente. Es que si circula dinero negro [como había confesado Areal] ya se cuidarían quienes ejercen esa circulación de que no quede rastro. Eso es un proceder habitual y normal en el ser humano, sobre todo si elige el camino de la corrupción. También el caso Son Dureta [en el que se investigó el desvío de fondos públicos a través de la gestión de este hospital y la implantación de marcapasos a fallecidos] se tuvo que archivar porque nadie colaboró. No logramos indicios claros a pesar de que aquello era un auténtico desastre, como la custodia de las prótesis: algunas de ellas, muy caras, se perdían y nadie sabía dónde iban. Y claro, yo lo archivé porque no tenía indicios. Pero nadie me puede privar del derecho a hacer constar que lo archivo porque no tengo más remedio.

José Castro: «Si circula dinero negroya se cuidarían quienes ejercen esa circulación de que no quede rastro. Eso es un proceder habitual y normal en el ser humano, sobre todo si elige el camino de la corrupción»

¿Cree que la justicia española protege a los poderosos?

La española, la francesa, la estadounidense, toda la justicia del mundo, mima más al poderoso que al desvalido. Eso está claro. De hecho, hay algo que no podemos evitar: el desvalido tiene su abogado del turno de oficio. ¿Son malos los del turno de oficio? No. Pero cualquier persona acaudalada contrata a su propio abogado, como el caso de la infanta Cristina, que creo que tenía tres. Naturalmente, a tres mentes se le ocurren más recursos. Se les ilumina la mente a tres más que a uno. O al menos hay más posibilidades de que eso sea así. Ese tipo de injusticia no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es la arbitrariedad legal que viene protegida por la propia ley. Se pueden evitar los aforados, se pueden evitar líneas jurisprudenciales tales como la doctrina Botín: que se pretendiese privar de legitimidad a la acusación popular porque acusaba al señor Botín [presidente del Banco de Santander]. El Tribunal Supremo elaboró una línea jurisprudencial que echaba por tierra toda la que había seguido hasta entonces, que decía que la acusación popular tiene las mismas atribuciones y las mismas competencias que la acusación pública. Esa arbitrariedad es la que se debiera evitar, no la de que haya ricos y pobres. Podemos repartir mejor la riqueza, pero siempre habrá ricos y pobres. Esto no lo podemos cambiar.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara su procesamiento con uno de los magistrados en contra…

Yo entiendo que no lo pueden condenar. Si lo condenaran, me causaría mucha más sorpresa aún que el que lo hayan sentado en el banquillo, que también me ha causado sorpresa. Nadie puede ser condenado por revelar un secreto cuando ese secreto ya ha dejado de serlo. Cuando ya se ha hecho público. Condenar esto me parecería absurdo. Pero ojo, cosa absurda, estoy viendo y están prosperando quienes así lo desean. Esperemos que se termine la racha.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un reciente imagen de archivo. EFE/ Fernando Villar

La presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, llevan más de un año desacreditando a los jueces y fiscales que han investigado a su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal. Y todo ello ante la pasividad de las asociaciones mayoritarias y conservadoras, de jueces y fiscales y del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Qué opina al respecto?

Parece ser que la sociedad se ha dividido, se ha polarizado y ahora hay unos que defienden a un delincuente confeso. No lo han condenado, pero él se ha confesado. Autor de dos delitos contra la Hacienda Pública. Pero ahora resulta que es el gobierno del señor Pedro Sánchez el que ha organizado todas las instituciones públicas para que la Agencia Tributaria pueda atacar a este señor por ser la pareja sentimental de Ayuso. Eso es ridículo, es absurdo. Pero es que todo lo que dice esta señora tiene una visión alterada de la realidad que la rodea. Tiene una agresividad desaforada. Y bueno, hay personas a las que les encanta. Es lamentable que la sociedad hoy día esté como esté. La verdad es que es desalentador lo que está ocurriendo.

Begoña Gómez está a punto de sentarse en el banquillo, y con jurado popular, por supuesta malversación a raíz de las labores realizadas por su asesora para la cátedra que dirigía en la Complutense…

El derecho penal se rige por un principio y uno de ellos es el de la intervención mínima, pero parece que a nadie se le ha ocurrido alegar que el derecho penal está para hechos que tengan relevancia punitiva criminal. Cada vez que no te gusta una cosa, cada vez que crees que alguien ha actuado de manera no totalmente correcta, lo puedes elevar a delito. Y lo que habrá hecho la señora Gómez de encargar a su asistente personal, llamémoslo así, a través de una serie de correos electrónicos podrá ser correcto o no, podrá parecerle inocuo a algunos o les podrá parecer mal a otros, pero no se puede elevar a la categoría de delito. Lo he dicho más de una vez. Si una persona, un funcionario público, encarga a un subordinado que vaya a comprar tabaco, por supuesto que es incorrecto. ¿Pero vamos a organizar un juicio con jurado por malversación? Estamos locos. Esto no tiene sentido. En el caso del Fiscal General ya sabemos que se va a sentar en él. Va a tener que soportar un juicio. Y yo espero que en el caso de la señora Begoña Gómez eso no llegue a ocurrir. Por sensatez, por sentido común, eso no puede llegar a ocurrir.

El ministro Félix Bolaños defiende que hay que limitar la figura de la acusación popular porque en estos momentos es “una feria de ultras con ganas de publicitarse”. ¿Esta instrumentalizada esta figura?

Si alguien dijera que se utilizará un juicio para publicitar una instrucción para que alguien se hiciera publicidad, todos diríamos que eso es una aberración, ¿no? Pero está ocurriendo. En mi caso pretendieron constituirse en acusación popular un montón de personas y a la mayoría le denegué la personación porque lo único que querían era hacerse oír. Igual que Hazte Oír, pero hacerse oír de verdad [ríe]. Querían hacer publicidad a sus pretensiones, como la Iglesia Evangélica Jesús, Amor y Libertad. Entonces la primera criba debe hacerla el juez de instrucción, negando la personación a aquellas pretendidas acusaciones populares que no respondan a los criterios para los que se instituyó esta figura. Y luego hay que hacer un control de la intervención de estas acusaciones ante peticiones que lo único que persiguen es el lucimiento. Llegaron a pedirme que viniera Corina… Ahora, eliminar o limitar la figura del acusador popular nunca me puede parecer bien. ¿Por qué? Pues porque sería tanto como decir que sin Ministerio Fiscal ya no cabe hacer justicia. Y ojo, hay casos en lo que existen fundados recelos. No lo estoy diciendo yo. Lo dijeron los siete u ocho magistrados del Supremo cuando éste pretendía o decidió deslegitimar a Manos Limpias. Se quejaron de que eso conduciría a entregar las causas por completo al Ministerio Fiscal, cuando puede haber casos en que haya una legítima duda sobre la actuación de la propia Fiscalía. Entonces la acusación popular estaba llamada a intervenir para remediar esto. Ahora, el circo que están montando las acusaciones populares hoy en día me parece indeseable. Pero claro, si por el hecho de que han montado un circo vamos a eliminar esta figura, que además está contemplada en el artículo 125 de la Constitución…

El exjuez José Castro, durante la entrevista

En los noventa algunos países europeos crearon órganos encargados de velar por la independencia de la justicia mientras que en España el CGPJ no logra consolidarse como garante de la independencia, con denuncias alternas de corporativismo o de politización… 

El órgano lo tenemos, el CGPJ, que ni tiene atribuciones presupuestarias sobre la justicia en general, ni puede elaborar una ley, ni, por supuesto, dictar la creación de nuevos tribunales y juzgados. El CGPJ debiera ser en dos sentidos órgano de control –no de control jurisdiccional, sino de control disciplinario real y auténtico de los jueces– y, por otro lado, ser órgano de presión ante el Ministerio de Justicia para que las carencias que actualmente tenemos se eliminen de una vez, porque la Justicia encomendada exclusivamente al Ministerio de Justicia, y no me refiero al actual ministro de Justicia, sino a todos los que le han precedido, ninguno, absolutamente ninguno de ellos ha hecho nada en favor de la Justicia ni de su celeridad. Y entonces se hace más necesario que haya un órgano de presión ante el Gobierno para que esta situación de absoluta carencia termine de una puñetera vez.

¿Y sobre el sistema de propuesta de los vocales del CGPJ?

Durante muchísimo tiempo se ha porfiado este sistema. Los padres de la Constitución podrían haber dejado resuelto el tema, prefirieron no hacerlo. Dejaron en blanco el sistema de proposición de los vocales remitiéndolo a una ley orgánica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada Gobierno arrima, arrima el ascua a su sardina y entonces, en función de hasta qué punto pensamientos conservadores o progresistas pueden dominar en el Consejo, se aprovechan para que entre este o salga aquel. Porque, en definitiva, no olvidemos que el Consejo, la Justicia, es un órgano de control que para los demás poderes es indeseable. Es indeseable porque controla y los demás poderes no quieren ser controlados. Y, además, a la Justicia se la culpa, al igual que los demás poderes tienen un origen democrático, de no tenerlo claro. El pueblo no nombra a los jueces. Pero se pretende que sea la soberanía popular la que controle de alguna manera el Consejo General del Poder Judicial. Pero es un control político de la jurisdicción y eso va contranatura. No puede ser.

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo sostiene, en su libro Jueces, pero parciales, que la Transición dejó intactos muchos resortes del franquismo, sobre todo en el ámbito judicial. ¿Qué huellas persisten de esa herencia, si es que cree que persisten?

Cuando accedimos a la democracia eliminamos cosas que formalmente no concuerdan con una democracia. Eliminamos un tribunal de orden público, pero lo que no se puede eliminar es el pensamiento. Muchas personas instaladas en instituciones fundamentales en la democracia siguen manteniendo pensamiento dictatoriales. Y eso, hasta que no pasen muchos, muchos años, seguirá pasando. Hay jóvenes que no han conocido la dictadura ni a Franco, que no saben nada de él, pero en la medida en que pertenecen a familias que suspiran por esas ideas, pues siguen manteniendo una postura de rechazo hacia valores los democráticos. Porque en democracia cabe todo el mundo, tanto el que tiene un pensamiento progresista como el que tiene un pensamiento más conservador, pero respetándose. Lamentablemente, el paso del tiempo no está devolviendo los valores democráticos al ritmo que a uno le gustaría, porque tenemos juventudes con unos valores tan fascistas, retrógrados y absurdos en el mundo en que vivimos…

En el caso de los jueces, siempre he dicho que tenemos nuestras ideas. Efectivamente, pensar que los jueces tienen la cabeza vacía de ideas políticas, morales, sociales o religiosas es pretender lo imposible. Lo que hay que hacer es no contaminar con nuestras ideas. Nuestras resoluciones deben estar totalmente ajustadas a derecho. Aunque deseáramos que el Derecho fuera distinto, es el Derecho que tenemos que aplicar.

¿Debe ser condenado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo?

Debe ser condenado, pero si la pregunta es si lo será, pienso que no. Es una opinión, no estoy anunciando una sentencia: sí merece ser condenado, pero no lo será porque las consecuencias de una decisión de este calibre pueden hacer atemorizar a quienes la dictan. Y sobre los hechos: no se lo inventa nadie, están grabados. Su talante, su desabrida respuesta están ahí grabados. Que esto se interprete como una salida de tono de un señor que aquel día estaba cabreado o como un delito de odio, nos podemos inclinar por lo segundo.

Gabriel Le Senne, durante la intervención de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), en el pleno en el que desgarró la fotografía de Aurora Picornell y las ‘Rojas’ del Molinar

Volviendo a Balears, el caso Cursach terminó con la absolución del magnate Bartolomé Cursach y con el juez instructor y el fiscal condenados… ¿Qué cree que falló?

El asunto se encuentra en casación ante el Tribunal Supremo [la condena de nueve años de prisión al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán]. Yo lamento de verdad que hayan acabado así. Creo que ellos nunca pensaron que esto podía ocurrir. Pero se excedieron en el celo investigador. Y cuando investigas, tienes que sufrir y experimentar las limitaciones de la propia ley. Me sabe mal porque además los considero amigos, pero no todo vale en una investigación para conseguir un fin determinado. Este es el planteamiento que yo hago a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears los condenase. Ojalá el Supremo vea razones para disminuir la pena o absolverlos.

¿Qué les diría a quienes piensan que el ‘poderoso’ “se ha ido de rositas”?

Es como la lucha entre el delincuente y los que lo persiguen. En este caso ganó el delincuente, que yo no digo que lo sea. Y en la trama ‘policía y ladrón’ resulta que gana el ladrón. Pero no es esta la lectura que hay que darle. Si en este reparto de roles el delincuente ha salido ganando –que, repito, yo no digo que el señor Cursach lo sea–, es porque otros no lo han hecho bien. Y cuando las cosas no se hacen bien, sale ganando aquel que ha sido investigado. Si usted entra en el domicilio de una persona investigada, sin guardar ni mantener los requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede encontrar lo que sea, pero no será válido. Y entonces es cuando asistimos al esperpento del fiscal llorando al término del juicio contra Cursach. No entiendo cómo pasan estas cosas.

Para terminar, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez encargó, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, unas encuestas para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los documentos no han salido nunca a la luz. El grupo de jueces y juristas con el que usted trabaja reclama que se desclasifique toda la información relativa a esos sondeos. ¿Cómo se encuentra el asunto?

Estamos esperando a que se apruebe la nueva Ley de Información Clasificada [que pretende sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales franquista] para que a esas encuestas les afecte el transcurso de los plazos que marca la normativa. Espero que a partir de ahí se desclasifique toda esa documentación y sepamos quién hizo la encuesta y qué perfil tenían los encuestados.

¿Por qué cree que, desde el primer momento, se han mantenido en secreto los sondeos?

Porque salía ganadora la República. Y para Adolfo Suárez eso no podía ser.