La familia Feijóo recurre a la Audiencia Nacional para intentar mantener el acceso privado a la playa desde su chalé

Alberto Núñez Feijóo y su pareja, Eva Cárdenas, están dispuestos a luchar hasta el final para mantener su privilegiado acceso privado a la playa de O Con (Moaña, Pontevedra), construido sobre un terreno que fue declarado de dominio público en 2007, once años antes de que la pareja del líder del PP adquiriese la propiedad. Tras la negativa del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) a prorrogar la concesión sobre esos 215 metros cuadrados, Cárdenas ha decidido gastar su última bala y ha presentado de un recurso contra esa decisión ante la Audiencia Nacional, según han confirmado a elDiario.es fuentes jurídicas.

La parcela a la que se continúan aferrando es la continuación natural del mirador que corona el arenal, el de O Fiunchal, y sobre el que en un nivel superior se alza la vivienda con su finca. Una fila de bloques interrumpe ese paseo marítimo —hoy vallado por riesgo de desplome— para marcar el límite de la finca, rodeada por un muro y que cuenta con una puerta por la que acceder a la playa, varios metros más abajo. Un acceso por el que siguen peleando pese a que, según los vecinos, nunca lo han utilizado. Son los mismos vecinos que cuentan que, pese a que la casa está a nombre de su pareja, era Feijóo el que llevaba ya tiempo encaprichado con el inmueble.

El litigio por los terrenos está a punto de cumplir un año. En noviembre de 2024, el BOE publicaba la intención del Estado de recuperar su propiedad, ante lo que Cárdenas alegó, solicitando que se le permitiese seguir haciendo uso de la parcela durante 30 años a partir de la fecha del deslinde; es decir, hasta el año 2037. El requisito para conseguirlo pasaba por acreditar la propiedad de esa porción de tierra antes del deslinde, pero el ministerio lo rechazó argumentando que, por mucho que sus anteriores propietarios hubiesen levantado un muro con puerta a su alrededor, esos 215 m² nunca habían pertenecido a la finca,

Para justificar su negativa —firmada por la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oroño—, el MITECO se retrotrae hasta la primera inscripción en el registro de la propiedad de la finca 2.366 de Moaña, el 24 de enero de 1941. Se habla entonces de una superficie de “siete áreas cuarenta centiáreas” (708 m²) que tenía como lindero sur la “playa mar”, una superficie que nunca cambió documentalmente hasta los 926 m² que alegó Cárdenas. A lo largo de esos casi 85 años tampoco consta en el archivo municipal ninguna licencia para la construcción del muro de contención que invade el dominio público. Tan solo, en 1942, la autorización para un cierre “con una altura, en total, de 150 o 170 centímetros”.

“Por lo tanto, y como ha quedado expuesto, los terrenos objeto del presente expediente deberían considerarse, en todo caso, como un exceso de cabida sobre la superficie de la finca registral de referencia, respecto a la que la interesada no habría acreditado su condición de titular registral, así como la condición de propiedad privada, amparada por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria de la citada superficie, o el tracto registral ininterrumpido de la misma, a partir de un título inscrito en el correspondiente Registro, en fecha anterior a la de entrada en vigor de la vigente Ley de Costas; debiendo considerarse la citada superficie como una ocupación del demanio sin el debido título habilitante”, expone textualmente el ministerio en su respuesta del pasado mes de mayo.

Señal de prohibido el paso y corchera bajo el paseo marítimo cortado por el muro de cierre del chalé

La Audiencia Nacional, el último recurso

Si no estaba dispuesta a aceptar esa negativa, a la familia Feijóo le quedaban dos posibilidades: presentar un recurso de reposición ante la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o, si no, directamente un recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de la Audiencia Nacional. La pareja optó por esta última, evitando así un más que probable nuevo varapalo administrativo por parte del Gobierno. Esta redacción se dirigió a Génova 13 para consultar los motivos que podían existir tras esa decisión, sin recibir respuesta. Un portavoz se limitó a responder que no harían “valoraciones sobre decisiones particulares que pudiera haber tomado la pareja del presidente del partido”.

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es apuntan que la vía judicial puede llegar a conseguir, de facto, que el líder del PP y su pareja continúen disfrutando de esa ocupación de terreno público durante un largo tiempo, incluso si se topasen por el camino con una sentencia desfavorable, que podría tardar dos o tres años. Un ejemplo es el caso del hotel Algarrobico, seguramente el mayor símbolo de la destrucción del litoral por la especulación inmobiliaria. Hace casi una década que el Tribunal Supremo lo declaró ilegal pero su demolición todavía continúa esperando.

Otro caso parecido es el de la famosa piscina ilegal de Pedro J. Ramírez en Mallorca, al borde del mar. En 2024, tras más de 20 años de pleitos, la misma sala de la Audiencia Nacional que tendrá que resolver sobre el recurso de Cárdenas, ordenaba su demolición, confirmando una sentencia del Tribunal Supremo de dos años antes contra la que la familia de Ramírez presentó varios incidentes. Sin embargo, 18 meses después, la piqueta no ha llegado todavía hasta la propiedad del exdirector de El Mundo.

También lleva aguardando casi un lustro el ayuntamiento de Moaña para restaurar un paseo marítimo que se cae a pedazos. Desde la primavera de 2021, la pasarela peatonal que finaliza contra la pared de bloques de la finca está vallada y en estado de abandono. Unos metros por debajo, en la playa, una soga con corcheras cruza la arena y se interna en el mar para delimitar la zona en la que, bajo él, se ha prohibido el paso con un llamativo cartel rojo. Aun así, muchos paseantes hacen caso omiso, aunque manteniéndose prudentemente apartados de una pared plagada de desconchones, que contrasta con el aspecto del tramo de muro perteneciente a Cárdenas, con la piedra a la vista y su puerta azul recién reformada tras sufrir, según los propietarios, daños provocados por alguno de los temporales atlánticos que golpean la península de O Morrazo.

La restauración “integral” del paseo es uno de los objetivos del gobierno local, encabezado por la nacionalista Leticia Santos, que ya se lo ha solicitado a la Dirección General de la Costa y el Mar. Para conseguirlo, sin embargo, es imprescindible la recuperación para el dominio público de la parte que Feijóo y Cárdenas siguen resistiéndose a devolver.