El PP bloquea el derecho al aborto en la Constitución 40 años después de oponerse a su legalización

Si por el Partido Popular fuera, hoy el aborto no sería un derecho legal y despenalizado en España. La derecha siempre se ha opuesto a los avances hacia el actual marco que rige la interrupción voluntaria del embarazo. Desde la Alianza Popular (AP) fundada por el que fuera ministro franquista Manuel Fraga, que se opuso en los años 80 del siglo pasado a la antigua ley de supuestos, a los actuales intentos del PP y Vox de impedir o dificultar que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo ante la constatación de que la sociedad no acepta retrocesos en esta materia. Incluso ponen en duda que sea “un derecho”, precisamente cuando el Gobierno ha propuesto este mismo viernes blindarlo en la Constitución.

España legalizó el aborto en 1985, aunque solo en tres supuestos muy concretos. Fue la primera victoria de una larga batalla de las mujeres para que se reconociera el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo. Primera batalla porque aquella ley, aprobada por un Congreso con la mayoría absoluta más amplia nunca lograda en España (el PSOE logró 202 diputados en 1982), no despenalizó completamente el aborto. Determinó que sería legal en algunos casos (malformaciones del feto y riesgo para la mujer). Pero la interrupción del embarazo seguía tipificada en el Código Penal.

La derecha española lanzó una durísima campaña contra esta primera legalización parcial del aborto. AP votó en contra, movilizó a sus bases y llevó la norma al Tribunal Constitucional. La sentencia que dio el visto bueno a la ley llegó ese mismo año.

Manifestación en Madrid contra la ley del aborto de 1985.

La sociedad española había asumido la norma mucho antes, y tanto a la AP de Fraga como a su heredero, el Partido Popular de José María Aznar, no les quedó más remedio que asumir la posición mayoritaria.

A regañadientes, eso sí. Cuando la derecha alcanzó el poder, en 1996, no tocó el aborto. Pero se extendieron las cortapisas a su ejercicio, como favorecer la “objeción de conciencia” de los médicos y hacer casi imposible ejercer el derecho a la interrupción del embarazo en la sanidad pública, lo que derivó en mujeres que debían pagarse clínicas privadas o, directamente, acudir a operaciones clandestinas. 

Hoy sigue habiendo comunidades que incumplen con el derecho al aborto. Hay cinco regiones españolas donde no se practican ni 50 interrupciones del embarazo al año, según los últimos datos hechos públicos. En 2023, la proporción entre sanidad pública y privada fue de 1 a 5 a favor de esta última.

Agitación popular en la oposición

La legislación del aborto se mantuvo estable desde 1985 hasta 2010. 15 años en los que el PP torpedeó el derecho sin tocar la ley. Pero el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abordó una reforma clave en la norma: pasar de la ley de “supuestos” a la ley de “plazos”. El movimiento supuso la despenalización ‘de facto’ del aborto y eliminar ciertas trabas al ejercicio del derecho. Las mujeres ya no tendrían que justificar su decisión, simplemente reclamarla.

La reforma comenzó a fraguarse unos años antes. En 2009, el PP estalló contra la nueva ley que impulsaba la que fuera primera ministra de Igualdad, Bibiana Aído. El ya expresidente José María Aznar aseguró ese año que la ley de supuestos era “legislación de consenso”. Una afirmación falsa. La ley de 1985 salió con 187 votos a favor, 109 en contra y 12 abstenciones, muy lejos del “consenso”. Aznar, que no lideraba el PP y que además tenía diferencias notables con su sucesor, Mariano Rajoy, afirmó desde el púlpito de la fundación Faes que “el aborto no es ni puede ser nunca un derecho” porque “lo que sí es un derecho es el derecho a la vida”, y arremetió contra uno de los elementos clave de la reforma de 2010: que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin el permiso de sus padres.

Para el todavía líder espiritual de la derecha, despenalizar el aborto era entonces “simple y llanamente, retroceder en el camino de la civilización” y “avanzar en el camino que lleva a destruir el derecho a la vida y pervertirlo en un falso derecho”. En la misma época se pronunció la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien sostuvo que por aquel entonces la sociedad no demandaba “una nueva ley”. “Es algo que el PSOE ha sacado por interés político”, aseguró. Una declaración que bien podría firmar hoy su sucesor en el cargo, Miguel Tellado.

Cospedal lamentó que Aznar no hubiera tocado la ley en su momento para “haber establecido más garantías” algo de lo que, afirmó, solo se percataron cuando ya estaban de vuelta a la oposición: “En los últimos cuatro años es cuando se ha visto con más claridad que la ley podía mejorarse, con las clínicas abortistas y las prácticas fraudulentas que han aparecido”.

Ese 2009 se celebraron elecciones europeas, y el PP presentó al declarado antiabortista Jaime Mayor Oreja, quien tampoco forzó la modificación de la ley cuando estuvo en el Gobierno con Aznar. En la campaña, el partido sostuvo que asimilar la ley española a la europea para introducir los plazos era “totalitario”. La derecha anegó las calles de protestas contra la ley, con el apoyo de la Conferencia Episcopal y las declaraciones entonces desconocido experto llamado Benigno Blanco. Por entonces presidente del llamado Foro de la Familia, Blanco presumía de vender camisetas por miles en las manifestaciones que convocaba y a las que asistía la entonces oposición. Blanco es hoy miembro de la llamada la Fundación RedMadre, dedicada a intentar que las mujeres no ejerzan libremente su derecho. Y para ello recibe ingentes subvenciones públicas.

Manifestación en Madrid contra la ley del aborto celebrada en marzo de 2010.

La caída de Gallardón

En aquellas manifestaciones la presencia oficial del PP fue testimonial. El partido era consciente de que el debate social estaba perdido, y la incipiente crisis económica que empezaba a azotar España era mucho mejor munición de oposición que oponerse al aborto. Mariano Rajoy ordenó elevar la ley ante el Tribunal Constitucional. El encargado de dirigir el recurso fue el exministro Federico Trillo, reconocido integrante del Opus Dei. “Estamos, por lo tanto, ante el reconocimiento de un derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta de embarazo, lo que resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que ”todos tienen derecho a la vida“, escribió en el recurso.

A finales de 2011 el PP recuperó el poder. Y por mayoría absoluta. Rajoy puso al frente del Ministerio de Justicia a un declarado antiabortista, Alberto Ruiz-Gallardón. A él le encomendó una reforma de la ley del aborto para, básicamente, volver al sistema de 1985 que ellos mismos y sus progenitores habían rechazado. Gallardón ideó una ley más restrictiva que la de 1985. Por ejemplo, eliminaba las malformaciones del feto como supuesto aceptable para abortar, y exigía más informes médicos para justificar las motivaciones que se mantenían. El Gobierno y el PP se dividieron. Soraya Sáenz de Santamaría defendía mantener la legislación de 2010 y esperar al recurso. Gallardón y los más ultras, modificar la ley aprovechando su mayoría absoluta. Rajoy dejó hacer, como solía. 

La calle giró y la contestación social contra la contrarreforma de Gallardón adquirió tal intensidad que Rajoy tuvo que tomar una decisión: retirar el proyecto. Era 2014 El exalcalde de Madrid que tanto había soñado con dar el salto a la política nacional dimitió y dejó la política. No llevaba ni dos años en el cargo. Al año siguiente nació un partido plagado de exmilitantes del PP: Vox. Ese mismo 2015, el Gobierno de Rajoy aprobó una leve reforma para obligar a las chicas de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus progenitores para el aborto, algo que no ocurre con ninguna otra operación quirúrgica.

El problema del PP es que en su interior conviven dos almas: la más liberal y la más conservadora. La primera solía ser más abierta en leyes sociales. Sáenz de Santamaría o Cristina Cifuentes fueron, en su momento, representantes de este sector. Pero enfrente no solo estaban los más duros, sino los más importantes: Aznar, Esperanza Aguirre y, con el tiempo, uno de sus hijos políticos: Pablo Casado.

Cuando Rajoy fue expulsado de la Moncloa por una moción de censura el PP se inclinó hacia su ala derecha más extrema. Ante el riesgo de que fuera Sáenz de Santamaría quien se hiciera con el control, todos los demás apoyaron al joven Pablo Casado. Aznar, Esperanza Aguirre, Cospedal e incluso Alberto Núñez Feijóo dieron su apoyo, y sus votos, al madrileño.

El PP, sin posición oficial

Casado copió los argumentos de sus predecesores y defendió volver a la norma de 1985 porque era “de consenso”, pese a que con preguntar en sus propias filas o revisar el Diario de Sesiones y la jurisprudencia del Constitucional, vería que no es así. Porque en el PP aún hoy no hay una posición unánime sobre el aborto. Incluso hay dirigentes como Isabel Díaz Ayuso que cambian la suya casi sobre la marcha. Feijóo sustituyó a Casado en 2022. Y ese mismo año, el Tribunal Supremo de EEUU se enmendó a sí mismo y eliminó la protección federal al derecho al aborto, lo que dejó su regulación en manos de los estados.

La derecha hizo lo que suele hacer cuando está en la oposición: agitar las calles. Con un éxito muy relativo, eso sí, y poco impacto social. La movilización fue alentada por Mayor Oreja, ahora al frente del ‘lobby’ Neox, y secundada por el dirigente del PP Antonio Román, nombrado por Feijóo para el Comité Ejecutivo Nacional, y por el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano. Ese mismo año, Ayuso aseguró en una entrevista que estaba a favor de que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin permiso paterno. “Que su hija haga lo que quiera”, dijo en Onda Cero. La posición chocaba en ese momento con la del PP de Feijóo, que mantenía una década después un recurso que el Constitucional tenía guardado en un cajón. 

En 2023, el Constitucional por fin habló. Tras 13 años, tumbó el recurso del PP y consideró ajustada la ley de plazos. La llegada de Cándido Conde Pumpido a la presidencia de la institución fue clave para desbloquearlo. La sentencia se comunicó en febrero y el texto no se hizo público hasta mayo, pero Feijóo dio un giro de 180º a la histórica posición del PP. En una visita a un centro de la Fundación Infantil Ronald McDonalds, Feijóo dijo: “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley, y no voy a cambiar de opinión”.

El giro dejó a los suyos al descubierto. Apenas unos días antes, el por entonces recién estrenado portavoz nacional del PP, Borja Sémper, dijo en una rueda de prensa en la sede del PP: “El aborto no es un derecho”.

Los intentos del ala más ultra de parar el giro de Feijóo no fueron inútiles del todo. En el reciente congreso nacional del pasado mes de julio el PP rehuyó los debates ideológicos más complejos para la derecha. Ni aborto, ni eutanasia, ni gestación subrogada. En consecuencia, el PP no tiene actualmente una posición. Este viernes, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, dijo en Radio Nacional: “En su momento ya expresamos que el aborto no era un derecho”. Casi a la misma hora, su colega de ‘ejecutiva’, Elías Bendodo, decía lo contrario: “Es un derecho que tienen las mujeres en España y está regulado”.

Este mismo año, la misma Ayuso que defendía el aborto en chicas de 16 y 17 años dijo que no, que no puede defenderse el aborto “como un derecho porque es acabar con una vida”.

En el PP hay quien defiende que el partido debe abandonar el debate del aborto y modificar su política hacia una promoción de la maternidad. Ayudar a las mujeres que supuestamente no pueden afrontar el embarazo y la maternidad por cuestiones económicas o sociales. Es lo que recoge la ponencia ideológica aprobada en el congreso de julio. Pero en la práctica, lo que hacen las administraciones del PP es dificultar el ejercicio del derecho al aborto. 

El último ejemplo ha sido el “síndrome posaborto” alentado por el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida de la mano de Vox y que niega la ciencia. O la iniciativa para obligar a las mujeres embarazadas a escuchar el latido del feto antes de abortar que se puso en marcha en Castilla y León. Desde el movimiento feminista consideran una “coacción ilegal” estos movimientos, y recuerdan que la actual ley ya prohíbe cuestionar la decisión libre de las mujeres y no intentar cambiar su decisión con “bulos”.

En medio de la tormenta por el falso “síndrome posaborto”, Pedro Sánchez ha visto la oportunidad de hurgar en la división de su rival y ha planteado una reforma constitucional para blindar en la ley fundamental el derecho al aborto. Los de Feijóo han tachado el movimiento de “cortina de humo” del PSOE ante los escándalos de corrupción judicializados, pero el ‘no’ del PP vuelve a colocar a la derecha en el lado de quienes se oponen a una medida que goza con un respaldo mayoritario en la sociedad española.