La presidenta del TSJ catalán urge a crear 187 plazas judiciales «sin depender de circunstancias políticas»

Reivindicación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, para aumentar la planta judicial en la comunidad. Caso ha urgido a crear 187 plazas judiciales “sin depender de circunstancias políticas” que, ha recalcado, resultan “ajenas” a los magistrados y magistradas, ya que “son los ciudadanos y ciudadanas los que tienen derecho a una Justicia eficaz”.

En su discurso de inauguración del año judicial en Catalunya, ante autoridades como el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, o varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Caso ha seguido las líneas que avanzó al inicio de su mandato hace cinco meses: atención a los más vulnerables, vocación de colaboración institucional y objetivo de superar el déficit de jueces en Catalunya.

Tanto Caso como el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, han celebrado la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que en Barcelona y los mayores partidos judiciales de España entrará en vigor el próximo 1 de enero, pero que ha soliviantado a parte del colectivo judicial por no ir acompañada de un aumento de recursos.

Caso ha llamado a los jueces a “superar las resistencias al cambio”, pero también ha reclamado a las administraciones públicas “la adaptación de los sistemas informáticos esté a punto”. “La técnica sin las personas no vale nada, pero las personas necesiten que la técnica funcione”, ha afirmado Caso, en un discurso íntegramente en catalán y que ha recogido citas de filósofos como Kant y Rawls y el escritor Joan Sales.

La presidenta del TSJC se ha alineado con los “principios inspiradores” de la ley: “La flexibilidad organizativa, la especialización de tareas y la facilidad para crear nuevas plazas”. En este sentido, ha reclamado crear 187 nuevas plazas, de las que 35 tendrían que materializarse “ahora”, sin depender de “circunstancias políticas”.

Caso ha agradecido el esfuerzo de todos los operadores jurídicos y funcionarios para implantar la nueva ley. “Doy fe de la voluntad unánime de colaborar”, ha indicado, además de recordar a los jueces la importancia de “confiar” en el gabinete de comunicación del TSJC para transmitir a toda la ciudadanía sus decisiones.

En línea con los principios progresistas que Caso ha defendido durante toda su carrera, la presidenta del TSJC ha recordado que la “paz social” que guardan los jueces “también es que un ciudadano sepa que si sufre un despido, un abuso contractual o una agresión, tiene un tribunal al que acudir y un juez imparcial que lo escuchará”.

Por su lado, el fiscal superior, Francisco Bañeres, ha aplaudido la “audacia” de la nueva ley, si bien ha insistido en que hace falta dotar de recursos a la administración de Justicia en Catalunya, en especial informáticos, para que la situación quede “igualada” con el resto de comunidades. “El servicio público de Justicia continúa muy lejos de resultar satisfactorio”, ha agregado.