Sánchez plantea blindar el derecho al aborto en la Constitución ante el nuevo ataque de PP y Vox

Pedro Sánchez planteará una reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto tras el último ataque de PP y Vox. El objetivo de esa modificación de la Carta Magna será “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”, según fuentes gubernamentales. La decisión se produce después de la propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid para informar a las mujeres que vayan a interrumpir voluntariamente su embarazo de un supuesto síndrome post-aborto.

Ese último ataque llevado a cabo por el PP y la ultraderecha ha llevado a los socialistas a plantear la reforma de la Constitución, que se llevará a cabo a través de un procedimiento ordinario con el objetivo de dar la mayor protección a ese derecho en línea con la jurisprudencia que ya estableció el Tribunal Constitucional en 2023, cuando tumbó el recurso que presentó el PP contra la ley del aborto aprobada trece años antes. España se convertiría así en el segundo país en reconocer constitucionalmente el derecho al aborto después de Francia, que lo hizo en 2024.

La reforma constitucional requiere de una mayoría de tres quintos, es decir, que necesita también los votos del PP de Alberto Núñez Feijóo, que se ha enredado con la iniciativa de Vox que secundó el grupo municipal de José Luis Martínez Almeida en la capital. Génova defendió inicialmente la decisión al asegurar que “la información nunca es un problema”. Sin embargo, el alcalde dio marcha atrás un día después al reconocer que no existe ningún síndrome post-aborto y al decir que la información sobre la interrupción voluntaria del embarazo será voluntaria y siempre que las mujeres la reclamen.

Sin embargo, el texto aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid establecía la obligatoriedad de esa medida. “El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a través de las diferentes áreas implicadas, proporcione información, de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto”, señalaba el texto, que atribuía al aborto consecuencias como “depresión, sentimiento de culpa, pesadillas, insomnio, alcoholismo, agresividad” sin ninguna base científica.

La reforma constitucional tiene difícil salir adelante precisamente por la posición del PP respecto al aborto, que evidencia, además, las distintas almas dentro de la organización que preside Feijóo.

El Gobierno también pretende bloquear expresamente esa iniciativa a través de una reforma del decreto de 2010 que regula la salud reproductiva y el derecho al aborto. La intención es prohibir por ley que las mujeres “reciban información falsa o sin evidencia científica”.

“La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones”, señalan fuentes gubernamentales.

“El Gobierno de España continuará trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo. Nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres”, dicen esas mismas fuentes sobre el derecho al aborto, que se despenalizó en España hace justo 40 años, aunque ha sufrido trabas y amenazas desde entonces.

La gran asignatura pendiente en España es que los abortos se practiquen mayoritariamente en la sanidad pública, ya que la inmensa mayoría se producen actualmente en clínicas privadas específicas que han sido, además, señaladas por los grupos ultras hasta que en 2023 se castigó penalmente el hostigamiento a las mujeres que acudían a esos centros.