Una batalla política paraliza la exhumación de una fosa franquista en Cáceres a las puertas de la derogación de la ley de Memoria Histórica

La tierra que guarda los restos aún sin nombre de decenas de víctimas del franquismo vuelve a cerrarse sobre la memoria. La exhumación de la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres) —un proyecto considerado emblemático en Extremadura para la recuperación de la verdad histórica— quedó paralizada de forma oficial el 22 de septiembre. La resolución municipal, firmada por el alcalde Félix Bayón, regionalista apoyado por el PP, ha desatado una crisis institucional y un pulso político que dejan, sobre todo, a las familias en la incertidumbre: heridas que para algunas personas han durado toda la vida y que hoy ven cómo se dilata la posibilidad de encontrar paz y reconocimiento para los suyos. Y es que se buscan decenas de cuerpos de represaliados en la Guerra Civil por la dictadura franquista no solo de vecinos de este pueblo sino de otros puntos de la provincia cacereña.

Hoy, en el pueblo, entre el vecindario se percibe un ambiente “raro”: se comenta que esta paralización se ha producido debido a la próxima aprobación en la Asamblea de Extremadura de la Ley de Concordia, que, en aunque en teoría, garantiza que las exhumaciones no se detendrán, la nueva norma “condiciona todas las actuaciones al visto bueno de un comité de expertos formado exclusivamente por altos funcionarios de la Junta de Extremadura, sin participación de asociaciones memorialistas ni de la universidad”, lo que genera dudas sobre su verdadera efectividad y autonomía. Y no es para menos: el gobierno extremeño de María Guardiola se verá obligado a derogar en los próximos días la Ley de Memoria Histórica como parte de un acuerdo con Vox para asegurarse su apoyo en la aprobación de medidas fiscales. Esto se produce a pesar de que la propia presidenta había afirmado en varias ocasiones que la derogación de la ley “no estaba sobre la mesa”.

Cronología de la paralización

La tercera fase del proyecto para la exhumación de cuerpos había sido solicitada formalmente a mediados de julio de este mismo año por el equipo técnico encargado de las intervenciones. Aranzadi —la entidad técnica que participa en la dirección científica de las excavaciones— presentó la petición de autorización para continuar las labores de excavación, según los trámites previstos. La Mancomunidad Rivera de Fresnedosa remitió a su vez informes técnicos y jurídicos que fueron recibidos el 21 de septiembre y en los que se concluyó que las obras requerían la tramitación de informes sectoriales obligatorios, entre ellos el preceptivo informe ambiental.

A pesar de ello, el ayuntamiento detectó que la empresa había comenzado actuaciones sobre el terreno sin contar con las autorizaciones pertinentes. El 22 de septiembre, el alcalde-presidente de Zarza la Mayor, del partido ‘Levanta Zarza la Mayor’ en cogobernanza con el PP, dictó una resolución administrativa ordenando la paralización inmediata de las obras al entender que se había incumplido la normativa ambiental aplicable en un paraje incluido en la Red Natura 2000. La resolución advierte asimismo de la posible apertura de expedientes sancionadores conforme a la normativa de ordenación territorial y urbanística sostenible de la comunidad.

Vecinos del pueblo no pueden llegar a entender que el Ayuntamiento argumente que la paralización de los trabajos se debió a que la empresa no había presentado el permiso medioambiental necesario, ya que tras la suspensión, la empresa solicitó de forma inmediata dicho permiso a la Dirección General de Sostenibilidad, cuyos técnicos emitieron un informe favorable. Sin embargo, la autorización no se concedió finalmente porque la autoridad competente consideró que la solicitud debía tramitarla directamente el Ayuntamiento, y no la empresa. En consecuencia, los trabajos siguen detenidos a la espera de que el consistorio realice formalmente el trámite y obtenga el permiso. Según el alcalde, a principios de la semana próxima el informe estará ya firmado y podrá continuarse con la excavación, aunque lo mismo dijo la semana pasada. La conclusión es que el ayuntamiento zarceño paralizó una actuación muy esperada y necesaria porque faltaba un permiso que tendría que haber solicitado él mismo.

El conflicto económico y la exigencia de devolución

A la complejidad técnica y jurídica se suma un problema económico-administrativo que ha tensado las relaciones entre administraciones. El ayuntamiento relata que el proyecto, en sus anterior fase, quedó afectado por un desequilibrio en los plazos de justificación de fondos derivados de distintos convenios. El convenio firmado con la Universidad de Extremadura tenía un plazo que vence a finales de año, mientras que la partida nominativa aportada por la Diputación Provincial de Cáceres disponía de un plazo más ajustado.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en una visita a la Mina La Paloma en 2024

Según fuentes municipales, la Universidad, por sus controles internos, retuvo la factura que servía para justificar determinados gastos, lo que impidió completar la justificación en el tiempo requerido por la Diputación. Ante esa falta de justificación en plazo, la Diputación exigió la devolución de la subvención nominativa de 75.000 euros y, posteriormente, elevó la cuantía reclamando intereses y recargos que sitúan la deuda en torno a 82.000 euros.

El ayuntamiento sostiene que no recibió respaldo suficiente por parte de la Diputación para buscar una salida y acusa a la institución provincial y a cargos del PSOE de falta de voluntad política para colaborar en la solución del conflicto. El equipo municipal sostiene que ese desencuentro administrativo ha terminado por paralizar un proyecto que era, para familias y foros de memoria, una prioridad moral. Pocos se creen sus explicaciones y lamentos, ya que muchas vecinas y vecinos advierten de que todo es una manipulación orquestada para dejar de buscar los cuerpos asesinados.

Lo que dice la Diputación

La Diputación de Cáceres ofrece una versión distinta y la defiende con claridad. Desde el gobierno provincial se señala que el equipo municipal de Zarza la Mayor incumplió los plazos y procedimientos establecidos para la justificación de la subvención y que no solicitó, cuando aún estaba a tiempo, la ampliación reglamentaria de seis meses que contemplaba el acuerdo y que podría haber evitado la devolución del dinero. También se reprocha al ayuntamiento no haber comunicado con antelación su incapacidad para justificar la subvención, lo que, a juicio de la Diputación, obligó a esta institución a actuar conforme a la normativa vigente para proteger fondos públicos.

En el discurso oficial de la Diputación se insiste en que las administraciones deben cumplir la normativa y que la reclamación de la cuantía —y los recargos posteriores por intereses— responde a la obligación legal de custodiar recursos públicos. Desde la institución provincial se subraya que la actuación no responde a una voluntad de bloquear la memoria, sino a la defensa de la legalidad en la gestión económica de proyectos subvencionados. Pocos dudan de ello debido a la trayectoria que ha recorrido la Diputación de Cáceres en la defensa de la Memoria Histórica en Cáceres.

Red Natura 2000 y los antecedentes

El paraje donde se sitúa la mina está integrado en la Red Natura 2000, la red europea para la conservación de hábitats y especies de interés. Los informes técnicos han señalado la presencia de quirópteros —murciélagos— y otros elementos de sensibilidad ecológica que obligan a tramitar informes ambientales sectoriales antes de intervenir de modo irreversible sobre el terreno. Esa exigencia ha sido el argumento central de la paralización técnica: la normativa ambiental exige salvaguardas que, según el ayuntamiento, se podían compatibilizar con la exhumación si se hubieran tramitado con la celeridad debida; según la interpretación municipal, la normativa no debe emplearse como un mecanismo para impedir la reparación histórica, pero la obligación legal de protección existe y debe respetarse.

El valor humano y la dimensión de la memoria

La mina La Paloma es ya uno de los “agujeros negros” de la represión franquista en Extremadura. Excavaciones anteriores, que llegaron a los 33 metros de profundidad, no consiguieron sacar a la luz restos de las personas fusiladas durante la Guerra Civil y la dictadura. Cada hallazgo —cada fragmento óseo— representa para las familias una prueba tangible de la ausencia y, al mismo tiempo, la posibilidad de dignificar un nombre que la historia contada solo por algunos, intentó borrar.

Para los allegados de las víctimas, como July Chaparro, la de Zacarías el Rojo, o Luciano Montero y Juana Clavero, nietos de Luciano e Isidoro Clavero, la paralización supone una “segunda violencia”. La espera prolonga el duelo sin cierre y aplaza la posibilidad de que generaciones enteras puedan conocer y nombrar a quienes fueron arrebatados. “Que se pare ahora es como que te vuelvan a arrancar la esperanza”, dicen descendientes de las víctimas, que ven cómo la articulación administrativa y los reproches políticos les devuelven al silencio institucional que les persiguió durante décadas.