El discurso ultra amenaza con endurecer más las políticas migratorias de los últimos 40 años con gobiernos de PSOE y PP

Es una certeza casi matemática. En la oposición, la derecha promete mano dura en la gestión de la inmigración y acusa siempre a los gobiernos de izquierdas de provocar un “efecto llamada” con sus políticas. Los datos oficiales de los últimos 40 años, sin embargo, desmontan ese discurso y reflejan un balance que hace prácticamente indistinguible la gestión migratoria de los sucesivos ejecutivos, independientemente de su color político. Desde 1986 hasta 2005, por ejemplo, se llevaron a cabo nueve procesos de regularización extraordinaria, cinco bajo ejecutivos del PP y otros cuatro con administraciones socialistas. Y el número total de personas regularizadas es prácticamente idéntico.

De Felipe González a Rajoy, pasando por Aznar y Zapatero, populares y socialistas han llevado a cabo desde la Moncloa regularizaciones extraordinarias de cientos de miles de personas y han expedido permisos de trabajo o residencia y órdenes de expulsión en números también muy similares. Según los expertos, sin embargo, la influencia de la ultraderecha en el debate público global y en la estrategia electoral del Partido Popular sí hace real ahora la hipótesis de un cambio de paradigma que implique desandar el camino trazado durante cuatro décadas.

“El sistema actual no es razonable, porque cualquiera puede entrar ilegalmente y, sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”, aseguró Alberto Núñez Feijóo la semana pasada en el cónclave que el PP organizó en Murcia con presidentes autonómicos populares para endurecer su discurso antiinmigración. El líder de la oposición siguió a pies juntillas el argumentario ultra de que son las personas migrantes quienes colapsan los recursos públicos y quienes más delinquen. Porque es justo este tema, el de la inmigración, el que se escogió hace ya meses en la calle Génova para intentar taponar la permanente fuga de votantes a Vox que señalan la práctica totalidad de las encuestas.

En ese encuentro en Murcia con sus líderes autonómicos, Feijóo volvió a rescatar del cajón el visado por puntos, una propuesta ya aireada otras veces por el PP pero nunca ejecutada. “Los delitos graves implicarán que se pierda el derecho de residencia. Y los delitos reincidentes, aunque sean leves, no se pueden premiar con la permanencia en España. Si no cumplen la ley, se irán del país”, prometió.

Las estadísticas oficiales echan por tierra cualquiera de los mantras que sostienen que son las personas migrantes quienes más ayudas públicas reciben y que los datos de criminalidad estén directamente relacionados con la población extranjera. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2005 había en España 3,7 millones de extranjeros y hoy, 20 años después, son casi el doble y alcanzan los siete millones. Y la tasa de criminalidad es nueve puntos más baja desde entonces, según los datos del Ministerio de Interior. El último informe disponible de rentas mínimas de inserción de los años 2021-2023, y que recoge las ayudas que se otorgan a personas en riesgo de exclusión social, señala que de los 305.340 titulares, solo el 26,1% tenía nacionalidad extranjera.

El PP, más procesos de regularización que el PSOE

Más allá de la foto fija actual, el repaso a las políticas migratorias desplegadas desde el primer gobierno de Felipe González hasta nuestros días evidencia que, a grandes rasgos, la hoja de ruta de las distintas administraciones ha sido compartida. Y que, por tanto, no es cierto que la izquierda abra las fronteras ni que la derecha las cierre a cal y canto.

“La inmigración es una experiencia muy reciente en España que se da desde finales de los 90, aproximadamente. En ese tiempo hemos recibido a más de diez millones de personas que venían de fuera. Y es un proceso que se ha producido y se ha absorbido con una naturalidad y con una suavidad muy llamativa en comparación con otros casos de nuestro entorno. Creo que parte de eso tiene que ver precisamente con la regularidad con la que se ha tratado este asunto desde diferentes administraciones, independientemente del color político”, explica Gonzalo Fanjul, Director de Investigaciones de la Fundación porCausa, economista y especialista en desarrollo internacional.

Desde 1986 hasta 2005 se han producido en España nueve procesos de regularizaciones extraordinarias para personas migrantes que llegaron al país sin la documentación en regla. De ellos, cinco se produjeron con gobiernos del PP (todos con Aznar) y cuatro bajo administraciones socialistas. La primera de ellas la llevó a cabo en 1986 Felipe González y conllevó la regularización de casi 40.000 personas. Antes de abandonar la Moncloa, González también llevó a cabo otras dos regularizaciones de 115.000 extranjeros entre 1991 y 1992.

El presidente que más procesos de regularización extraordinaria ejecutó fue José María Aznar. En total, cinco regularizaciones a las que se acogieron más de medio millón de personas extranjeras entre 1996 y 2001. La más numerosa, en cambio, fue la de 2005 de José Luis Rodríguez Zapatero a la que pudieron acogerse casi 580.000 personas migrantes. En total, 1,2 millones de personas regularizadas desde 1986 hasta 2005 en proporciones casi idénticas entre gobiernos de PSOE y PP.

“Hay un modelo compartido en la gestión de la inmigración, entre otras cosas porque la Unión Europea ha ido adoptando directivas políticas compartidas por los dos grandes partidos. Hay que recordar, por ejemplo, que la figura del arraigo como elemento para la concesión de un permiso de trabajo se incorporó a la ley durante un Gobierno del Partido Popular siendo ministro de Trabajo Manuel Pimentel. Así que claro que hay matices, pero en líneas generales el modelo es el mismo”, explica Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Aunque los datos del ministerio del Interior son difusos e incompletos y no se ofrecen detalles de la década de los 80 y los 90, los expertos también coinciden en que no existen diferencias sustanciales en las cifras de órdenes de expulsión ni repatriaciones de personas inmigrantes irregulares entre los distintos gobiernos. Las últimas estadísticas publicadas gracias a la ley de transparencia, recogidas por la agencia de verificación de datos Newtral, cifran en 140.000 el número de personas migrantes expulsadas de España desde 2005 hasta 2023 bajo los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez.

El discurso ultra

Lo que temen las organizaciones de derechos humanos y los expertos en movimientos migratorios es que la ola xenófoba y antiinmigración que recorre Europa esta vez sí implique un volantazo en las políticas desplegadas en España durante 40 años. Y no porque el PP vuelva a elevar el tono desde la oposición, algo recurrente, sino por una influencia creciente de fuerzas de extrema derecha como Vox en la propia estrategia diseñada por los populares como alternativa de Gobierno.

“El tema migratorio ahora sí se ha convertido en un campo de batalla político y eso va a ser un problemón. Por cierto, absolutamente artificial”, señala Gonzalo Fanjul, que pone el foco en que estudios sociológicos como el CIS reflejen una evolución meteórica de la inmigración como problema para la ciudadanía, un asunto que ni siquiera aparecía entre las preocupaciones de los españoles hace apenas cinco años.

“Se está empujando a la sociedad a considerar como un problema algo que de manera natural no se consideraba como tal. Y aquí el Partido Popular se mueve con muchas dificultades, porque, por un lado, está tratando de hacerle guiños a votantes más a la derecha que tienen una sensibilidad similar a los argumentos de Vox respecto a la cuestión de seguridad e identidad. Pero, al mismo tiempo, el Partido Popular es un partido de gobierno donde los empresarios tienen voz. Y cuando uno propone medidas que son insensatas desde el punto de vista económico, tu gente se te puede revolver. Por eso los empresarios, aunque de una manera más discreta que otros grupos, apoyan la regularización extraordinaria que se tramita en el Congreso. Porque saben que la carencia de mano de obra es un problema para ellos”, añade Fanjul.

Aunque desde la Agencia de la ONU para los Refugiados en España (ACNUR) evitan posicionarse sobre planteamientos políticos respecto a la gestión migratoria, su portavoz advierte de que ninguna medida dirigida a restringir los derechos de las personas migrantes en sueño español alterará el problema de fondo. “Los movimientos de personas refugiadas responden, sobre todo, a factores de expulsión en los países de origen, por conflictos armados, persecución por motivos, por ejemplo, de religión, políticos, por ser mujer o miembro de la comunidad LGTBIQ+ o por crisis humanitarias. En el caso de España, los picos de solicitudes de asilo en los últimos años se explican principalmente por las crisis en países de América Latina o el Sahel central. Es decir, son los contextos internacionales los que determinan la llegada de personas en busca de protección, no las medidas internas en España”, explica Paula Barrachina.

Desde que llegó hace un año y medio al Congreso la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 800.000 firmas ciudadanas para impulsar una regularización extraordinaria de personas migrantes que no se ejecuta desde hace ya 20 años, su tramitación permanece varada en el Congreso. Las disputas entre algunos socios del Gobierno y la deriva de partidos como Junts, que compite en discurso antiinmigración con la xenófoba Aliança Catalana, mantienen bloqueada una medida que, según datos de porCausa, podría sacar del limbo legal a casi medio millón de personas que ya viven y trabajan en España en una situación irregular que no les da derecho a casi nada.

Desde Sumar exigen al PSOE que desatasque la tramitación y la impulse desde el Consejo de Ministros como ya hizo Zapatero en 2005: con un Real Decreto que no necesita ser convalidado en el Congreso de los Diputados. En Moncloa, por ahora, desechan esa vía. El PP, que votó a favor en su día de la toma en consideración, ya ha anunciado su voto en contra.