Cinco usuarios conectados a la teleasistencia de la Diputación de Valencia también fallecieron el día de la dana

Cinco personas conectadas al servicio de teleasistencia de la Diputación de Valencia fallecieron el 29 de octubre de 2024, según han confirmado a elDiario.es fuentes de toda solvencia. Estas cinco muertes de personas usuarias del sistema de atención a personas mayores y personas con movilidad reducida de la institución provincial se suman a las 37 personas del mismo sistema que ofrece la Generalitat y que perecieron ahogadas el día de la dana. Las mismas fuentes explican que, por lo que respecta al mismo servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Valencia, ninguno de sus usuarios perdió su vida por el temporal de inundaciones del pasado año y cuyas consecuencias mortales están siendo investigadas por el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

La jueza instructora de la causa que investiga como homicidios imprudentes las 229 muertes el día de la dana, ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat que le remita los pliegos y el contrato del servicio de teleasistencia tras reconocer el departamento que dirige Susana Camarero que 37 de sus usuarios murieron conectados al servicio el pasado 29 de octubre. También solicitó los protocolos de actuación para la “adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física” de los usuarios “en casos de catástrofe natural”.

En estos momentos, el servicio de la Diputación de Valencia no está siendo investigado, ya que no se conocía que había fallecidos conectados en su sistema el día de la dana. En concreto fueron cinco como revela elDiario.es en exclusiva. Los pliegos de condiciones de este servicio contemplan protocolos para realizar “avisos de prevención (calor, frío) u otro tipo de anuncios generales a personas usuarias de teleasistencia que la empresa prestadora pueda realizar de forma coordinada con las autoridades sociosanitarias territoriales o estatales”. Además, el contrato también especifica que se debe garantizar la “prevención, detectando precozmente las situaciones de riesgo que puedan darse informando de ello a los familiares y los servicios sociales municipales”. El PSPV-PSOE en la institución provincial ya ha pedido explicaciones sobre la situación.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, explicó en rueda de prensa a preguntas de este diario que la teleasistencia “es un servicio de asistencia y no de emergencias”. “En ningún caso la teleasistencia puede convertirse en un servicio de emergencia, no podemos dar una información que desconocemos desde los servicios sociales”, dijo la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien defendió el buen funcionamiento de la prestación, de la que recordó que fue adjudicada por el anterior Gobierno del Pacte del Botànic (por Mónica Oltra, según destacó) y cuyos pliegos cumple la empresa adjudicataria. En el caso de la Diputación de Valencia, el servicio que funcionaba el día de la dana también fue adjudicado en la etapa anterior.

Hubo llamadas de aviso sobre inundaciones el día de la dana

Estas palabras de Camarero contrastan con algunas de las pesquisas obtenidas en la investigación interna que se están realizando para atender la peticiones de la jueza. Según ha podido saber elDiario.es, existen llamadas por parte del servicio de teleasistencia el día de la dana en las que se habló con los usuarios sobre la peligrosa situación para su integridad física por las lluvias torrenciales del 29 de octubre. Incluso, confirman las mismas fuentes, han quedado registradas grabaciones en las que se puede escuchar la desesperación de las víctimas hablando con los teleoperadores a través del sistema y que finalmente murieron ahogadas.

El sistema de teleasistencia, tanto el de la Generalitat, como el de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de València, está operado por la misma empresa y registra todas las conversaciones entre los usuarios y las personas del servicio que hacen su seguimiento. El motivo es proteger a ambas partes ante posibles errores o negligencias en un proceso penal. En este caso, lo que se está revisando ahora por petición de la jueza son esas grabaciones cuyo contenido será revelado a la instructora para conocer la actuación del servicio en esa jornada.

Como ha venido contando este periódico en los últimos días, los pliegos técnicos del contrato que deben ser entregados a la jueza de Catarroja, prevén una “respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento” de las personas usuarias. Se trata de un amplio abanico de necesidades que presta un servicio disponible las 24 horas de los 365 días del año, muy valorado por las personas mayores usuarias y por sus familiares.

La empresa adjudicataria, además, dispone de un “protocolo de actuación ante situaciones de riesgo grave y emergencia”, tales como pandemias, “fenómenos meteorológicos adversos (fuertes nevadas, lluvias intensas…)” o “inundaciones” e “incendios”.

El pliego también indica: “La teleasistencia, además de la respuesta a una situación de emergencia, debe proporcionar una serie de atenciones personalizadas para mejorar las condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana de la persona, potenciar la independencia y facilitar la integración en su entorno habitual de convivencia, así como detectar, prevenir y, en su caso, intervenir en situaciones de crisis”.

Entre los servicios a prestar se incluye la “movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, doméstica o social”, además del “seguimiento periódico” desde el Centro de Atención donde trabajan los operadores en materias como la agenda de visitas al médico o las gestiones de los dependientes, entre muchos otros negociados.

La “comunicación de emergencia” se produce “por situaciones que implican riesgo para la integridad física, psíquica o social de la persona usuaria o su entorno, que requiere la actuación y, en su caso, movilización inmediata de recursos propios de la persona usuaria, recursos sociales o sanitarios, de emergencia o de fuerzas de seguridad”.

“En todos los casos, se mantendrá contacto desde la central con la persona en situación de emergencia, hasta que ésta sea solucionada”, indica el pliego.

La Diputación de Valencia se encuentra ahora en una tesitura similar a la de la Generalitat, puesto que deberá explicar, al menos públicamente, el funcionamiento del sistema de teleasistencia el día de la dana. Desde marzo de 2019, la institución provincial ha pagado alrededor de 130.000 euros al mes por el servicio de teleasistencia domiciliaria sin un contrato en vigor. La empresa adjudicataria, Servicios de Teleasistencia Domiciliaria S.A., ha seguido prestando el servicio, que resulta esencial para personas mayores o en situación de dependencia en la provincia, a través de facturación directa. Por este motivo, el gobierno de Vicente Mompó sacó la licitación el pasado mes de junio al que optan cuatro empresas.