El Ministerio de Transportes responsabiliza a Carlos Mazón de los escándalos en la dirección del Puerto de Valencia

Fuerte marejada en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia. Las continuas polémicas que rodean la gestión del organismo no han pasado desapercibidas ni en Puertos del Estado ni el Ministerio de Transportes, donde empiezan a marcar distancias con la presidenta, Mar Chao, y a señalar a Carlos Mazón como responsable de su nombramiento.

El último escándalo, avanzado por elDiario.es, tiene que ver con el procedimiento abierto por la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) que investiga si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la APV tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.

De esta forma, la OCI, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, ha asumido la denuncia registrada y ya ha sido admitida a trámite. Preguntada la APV por elDiario.es sobre por qué no se ha informado de la investigación abierta, sobre la documentación que le ha requerido la OCI y sobre la cuantía económica total a la que se circunscribe la causa, desde el organismo portuario se han limitado a decir que todo se ha realizado con arreglo a la legislación.

Como informó esta redacción, el consejo de administración de la APV aprobó en la reunión del pasado 29 de julio su nueva política de gestión y liquidación de dietas e indemnizaciones en la que se establece que la dirección general y la presidencia de la APV “tendrán la misma consideración que el personal excluido de convenio”. Precisamente en su investigación la OCI deberá dilucidar si es legalmente compatible que un alto cargo pueda acogerse a un procedimiento interno en lo que al cobro de dietas e indemnizaciones se refiere.

En este sentido, tal y como ha podido contrastar este diario con fuentes de toda solvencia, Puertos del Estado ya advirtió años atrás, antes de la aprobación de la anterior política de cobro de dietas vigente hasta el pasado mes de julio, que los altos cargos no podían equipararse al personal excluido del convenio ni beneficiarse de un régimen interno y que les será de aplicación el artículo 8 del Real Decreto 462/2002.

Pese a todo, fuentes de la APV aseguran que no les consta “comunicación formal de Puertos del Estado” sobre este asunto y afirman que “hasta la fecha ningún órgano fiscalizador ha alertado de que se estuviese realizando de forma irregular”.

 A este caso se añade el procedimiento judicial abierto por el presunto amaño de procesos de selección de personal, las irregularidades detectadas por el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hasta ahora la APV se ha negado a hacer público o el contrato de Agencia de Viajes adjudicado a una amiga íntima de la presidenta, Mar Chao.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por elDiario.es lamentan las continuas polémicas y señalan al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, como responsable por haber nombrado presidenta a Marc Chao.