Los Comuns instan al Govern de Illa a blindar el derecho al aborto en el Estatut

Los Comuns presentarán esta semana, en el marco del Debate de Política General, una propuesta de resolución parlamentaria para instar al Govern a blindar el derecho al aborto en el Estatut. Concretamente, apuestan por añadir un epígrafe nuevo al artículo 23, que es el que regula los derechos en el ámbito de la salud.

En el añadido, los Comuns quieren que se especifique que “el servicio sanitario público reconoce y garantiza a todas las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de manera libre y gratuita, como parte de su derecho a la salud sexual y reproductiva”, tal como han explicado fuentes del partido a elDiario.es.

A pesar de que el aborto es un derecho que se recoge en una Ley Orgánica, los Comuns alegan que son las autonomías quienes lo gestionan y, por eso, es un derecho que “cabe en el Estatut”. Destacan que, además, los derechos recogidos en el artículo 23 de la norma catalana son “derechos no exigibles” ante los tribunales y que, por tanto, son más bien “posicionamientos políticos”. Con todo, desde el partido aseguran que incluir este nuevo epígrafe no supone, en ningún caso, que Catalunya se atribuya competencias del Estado.

Los derechos en el ámbito de la salud recogidos en el Estatut son cuestiones generales como que todas las personas deben poder acceder “en condiciones de igualdad” a los servicios sanitarios, que se deben respetar sus preferencias a la hora de ser tratados y que tienen derecho a ser informados sobre los servicios, tratamientos y recursos. Hasta ahora no se ha incluido ningún epígrafe que haga referencia al derecho a recibir un tratamiento concreto como pretenden los Comuns hacer con el aborto.

En caso de que la propuesta saliera adelante, cambiar el Estatut requiere el voto a favor de dos terceras partes de los diputados, la remisión a las Cortes Generales y la aprobación de la modificación mediante una Ley Orgánica. En el caso de Catalunya, esto supone que la propuesta debería contar con los votos de todos los partidos del arco izquierdo y, además, de los diputados de Junts.

Efecto mariposa desde Madrid

Por otro lado, los Comuns también presentarán una propuesta de declaración institucional para que el Parlament “exprese su rechazo a los intentos de criminalización y persecución del derecho de las mujeres al aborto por parte de la derecha y la extrema derecha y el rechazo absoluto a la atribución de falsos síndromes post aborto inexistentes”.

Con esta declaración, el partido hace referencia a la aprobación de una proposición de Vox en el Ayuntamiento de Madrid por la que se obliga a informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome posaborto” que no cuenta con respaldo ni evidencia científica.

Tras las críticas recibidas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se ha visto obligado a reconocer que esa afectación “no es una categoría científica reconocida” y llegó a dar marcha atrás tras haber votado a favor de la propuesta.

Las consecuencias de esta polémica llegaron hasta el Gobierno y han derivado en que Pedro Sánchez plantee una reforma constitucional y una modificación del decreto sobre salud reproductiva para “blindar” el derecho al aborto. El objetivo de esa modificación de la Carta Magna será “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”, según fuentes gubernamentales.

Sánchez saca ahora del cajón esa propuesta a la que se comprometió hace un año en el marco del 41º Congreso del PSOE, pero la aritmética parlamentaria hace que sea una gesta difícil de lograr. Y es que para conseguir la reforma de la Carta Magna son necesarios, sí o sí, los votos del PP.

El partido conservador tiene a sus espaldas una larga historia de intentar impedir el derecho al aborto desde que este fue legalizado, en tres supuestos muy concretos, en 1985 y cuando se pasó a la ley “de plazos” en 2010 gracias a una reforma del Ejecutivo de Zapatero.

De hecho, los populares no han reconocido que el aborto sea “un derecho” (aunque así se recoge en la ley) hasta 2023, cuando el Constitucional, por fin, tumbó el recurso que el PP había interpuesto 13 años antes.

Así, conscientes de que la reforma de la Constitución que planea Pedro Sánchez pueda caer en saco roto por culpa del PP, los Comuns quieren presionar al Parlament de Catalunya para que se posicione inequívocamente a favor de este derecho que, después de 40 años, vuelve a estar en entredicho.