El registro de objetores, primer paso para desvelar qué pasa en los hospitales con el aborto: «Habrá pocos, firmar es otra cosa»

Aludir a una supuesta objeción de conciencia generalizada ha sido hasta ahora el elemento en el que hospitales e incluso comunidades autónomas enteras se han parapetado para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública. Eso a pesar de que ya en 2010 la ley estableció que la objeción no podía ser colectiva, sino que es un derecho individual que debía manifestarse “anticipadamente y por escrito”. Sin embargo, ante el incumplimiento de esta obligación, la reforma de la ley quiso reforzarla con la creación de los registros de objetores. 

El objetivo era que los servicios pudieran reorganizarse sabiendo de antemano quién objeta y quién no y de esta forma evitar una especie de “objeción de conciencia institucional”. Porque la realidad es que incluso en aquellas comunidades como Madrid en las que no se han puesto en marcha los registros de objetores, hay profesionales dispuestos a practicar abortos pero a los que nadie nunca ha preguntado, según explicaban a elDiario.es varios de ellos en este reportaje. 

Por tanto, el propósito del requerimiento que el Gobierno ha enviado a las cuatro comunidades –Madrid, Asturias, Murcia y Andalucía– que todavía no tienen este registro es, además de hacer cumplir la ley, poner ya negro sobre blanco cuál es la auténtica realidad de los hospitales. Tanto el Ministerio de Sanidad –que ya dio un preaviso a las comunidades más resistentes en verano– como varios médicos y médicas consultados piensan que el registro de objetores no será numeroso.

“Hay hospitales que no dan el servicio escudándose en que tienen objetores pero sin el registro no se sabe realmente dimensionar eso. Cuando tienes que firmar es otra cosa, no habrá muchos. Declararse objetor de verdad y no por conveniencia cuesta más”, pronostica Ezequiel Pérez Campos, ex jefe de Ginecología del Hospital de Requena (Valencia).

Su centro realizaba interrupciones voluntarias del embarazo regularmente (el 80% del total en su zona), pese a que es una excepción dentro de la Comunitat Valenciana, donde más del 90% de abortos siguen practicándose en clínicas concertadas. Incluso la Conselleria de Salut le llegó a pedir que acudiera a otros hospitales a mostrar el modelo para que les copiaran. Sucedió antes del cambio de Gobierno en la Generalitat. Con la llegada del equipo de PP y Vox, liderado por Carlos Mazón, la iniciativa se suspendió. Años después, Pérez Campos admite que se le sugirió que su hospital, como tenía médicos dispuestos a garantizar el derecho, asumiera los abortos de otros distritos.

Reorganizar los servicios

“Lo que ha habido siempre es falta de voluntad política para poner en marcha el servicio y eso es lo que ha habido detrás de esos argumentos que generalizaban la objeción de conciencia”, explica Raquel Hurtado, portavoz de la Federación de Planificación Familiar-SEDRA. La experta cree que los registros de objetores son “un paso imprescindible” para lograr el objetivo que marca la ley: que los abortos se hagan preferiblemente en centros públicos, pero no basta con su puesta en marcha, sino que “hay que reorganizar” los servicios y contar con “infraestructuras y recursos suficientes”.

El ginecólogo Abel Renuncio, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción, recuerda que la objeción de conciencia, tal cual está articulado en la ley, es “un derecho activo”, es decir, “si no se manifiesta activamente ese derecho por escrito y anticipadamente, como estipula la ley, la Administración debe considerar al resto de profesionales disponibles para ofrecer la prestación”. Esto, pronostica el ginecólogo, “jugará un papel clave” porque en la práctica “es probable que haya menos objetores de los que se cree”.

Y aun así, “independientemente de los objetores que haya”, las Consejerías de Sanidad “deben asegurarse de que cuentan con profesionales suficientes”: “La ley es clara al respecto: la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres”, afirma Renuncio, que trabaja en el Hospital Universitario de Burgos, un centro que lleva un par de años haciendo abortos farmacológicos hasta la semana 12.

“Si no hay impulso político, no hay nada. No podemos escudarnos en lo organizativo para no hacerlo. Es como si metemos un nuevo protocolo de cribado, se hace y ya está”, zanja Pérez Campos. Y pone el ejemplo de cómo era la organización en su centro: “Hay que determinar a quién corresponde encargar analíticas, prescribir las pastillas en el caso de que sea farmacológico o programar un quirófano con el personal adecuado. Eso implica también saber si los anestesistas son o no objetores. Además, contábamos con la colaboración de los centros públicos de planificación familiar para no sobrecargar el hospital”, afirma.

Hurtado identifica otro elemento que, asegura, suele darse en los hospitales y que tiene que ver con la “estructura piramidal” del sistema sanitario. “Es difícil que si el jefe o jefa de servicio se declara objetor, haya personas del equipo por debajo que se manifiesten y tiren hacia adelante con la idea de hacer abortos”. El exjefe de servicio Pérez Campos concuerda: “Cuando había un jefe de servicio objetor ni se preguntaba. Total, es más cómodo, menos asistencia y menos implicación, pero esto es un derecho”.

Un proceso lento

Entre las comunidades que ya han aprobado su registro, no todas lo tienen en marcha en la práctica. “En Castilla y León no ha habido notificación a los profesionales para incluirse, por lo que deduzco que aún no está habilitada esa posibilidad”, apunta Renuncio. Sanidad confirma este extremo: todavía falta desarrollo para tener la fotografía completa de cómo están las cosas, un paso imprescindible para romper el escudo que sacaba estas interrupciones voluntarias del embarazo, salvo excepciones, de la sanidad pública.

Las que han sido requeridas por el Gobierno debido al retraso se explicaron con diferentes argumentos este lunes. Desde Asturias, gobernada por el PSOE, que asegura que el derecho está “absolutamente garantizado” a pesar de no contar con un registro y que estará listo “a la mayor brevedad”, hasta Madrid, cuya presidenta respondió a Pedro Sánchez que “no estigmatice” a los médicos que no quieren practicar abortos aunque no llegó a aclarar si su equipo se iba a negar a hacer el registro que marca la ley.

“Vale, ya tenemos los registros de objetores, pero la pregunta es ¿y ahora qué?”, lanza Hurtado, que apunta a que la inclusión de las interrupciones en el circuito público “no puede ser a costa de todo”, sino que debe respetarse el principio de la elección del método que la ley otorga a las mujeres. “Estamos viendo que hay comunidades que aumentan su porcentaje de abortos en la pública porque están priorizando el farmacológico”, afirma.

El método, una clave importante

Sanidad prevé que a medida que la pública asuma más interrupciones, el método farmacológico irá ganando peso, aunque en última instancia queda a la elección de las mujeres. Eso, al menos, es lo que ya muestran los datos: administrar fármacos para interrumpir el embarazo fue el método que tuvo más peso en la red pública en 2024, donde se realizaron 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 contabilizadas en los centros privados. Aunque las intervenciones quirúrgicas siguen siendo mayoritarias, las comunidades cuyos centros públicos asumen más abortos utilizan ampliamente el método farmacológico (Cantabria, Navarra, Baleares, La Rioja o Catalunya).

Esto ocurre por varios motivos, argumenta Raquel Hurtado: por un lado, el aborto con pastillas no requiere de quirófanos ni personal entrenado en el método quirúrgico y además “es una forma de salvar la objeción de conciencia” porque hay “muchos profesionales” que “solo tienen problema con el instrumental”. 

De hecho, la objeción de conciencia, según el protocolo acordado entre Sanidad y las comunidades, permite objetar parcial o totalmente, aunque no atendiendo al método. Para organizar la parcial, el protocolo acude a los supuestos de la ley, es decir, los profesionales podrán negarse a practicar abortos dentro de las primeras 14 semanas de gestación; a realizar aquellos que se justifican por causas médicas siempre que no se superen las 22 semanas (cuando existe grave riesgo para la vida o a la salud de la gestante o los que se llevan a cabo porque hay riesgo de graves anomalías en el feto); o los casos en los que se pone fin al embarazo por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves o incurables.

En la práctica, los abortos tempranos –la mayoría– pueden llevarse a cabo con fármacos, aunque no siempre las mujeres lo prefieren porque, aunque se ahorran el quirófano, deben tomar autónomamente los fármacos –con los efectos sobre el cuerpo– y esperar.