El abogado de las mujeres afectadas por el cribado, a Moreno: «No querrá crear más ansiedad, pero ha creado más cáncer»

En menos de 12 horas, el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno se ha encontrado con dos frentes judiciales abiertos provocados por el escándalo de los retrasos en el cribado de cáncer de mama, que afecta a 2.000 mujeres con pronóstico “sospechoso”.

Lo impulsan sus adversarios políticos de izquierdas -IU y Adelante Andalucía- que en la mañana del martes registraron sendas denuncias ante la Fiscalía acusando a la Junta de múltiples delitos, entre otros, “homicidio imprudente” y “omisión del deber de prestar servicios sanitarios”.

Sin embargo, el que más preocupaba a la Junta es la demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ha anunciado la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), en nombre de todas las afectadas por un diagnóstico tardío a resultas de un “error” de protocolo que la propia Junta ha admitido y por el que el presidente Moreno ha pedido disculpas y ha prometido “depurar responsabilidades”.

Unas 60 mujeres de todas las provincias andaluzas afectadas -más otras tantas que han participado por videollamada- se han reunido este martes con el equipo jurídico de la asociación Amama, dirigido por el letrado Manuel Jiménez, para consensuar una estrategia legal conjunta que se antoja difícil, porque ni siquiera han identificado un origen común de los “fallos” en el protocolo de detección precoz.

Jiménez ha explicado que el elevado volumen de documentación que le han proporcionado estas mujeres y la “diversa casuística” que representan le obligan a pensar con calma si la mejor estrategia es presentar una “demanda colectiva” que las agrupe a todas o registrar “querellas individuales” en los juzgados. Además de las 60 mujeres que se han personado hoy en la sede, la asociación asegura que tiene “400 correos electrónicos sin leer”.

“No queremos que ninguna se quede fuera y los plazos de cada una son distintos”, ha asegurado el abogado, en una multitudinaria comparecencia ante los medios a las puertas de la sede de la asociación.

Los delitos que los servicios legales de Amama imputa al SAS son “lesiones por imprudencia”, “dejación de atención sanitaria” y, posiblemente, “homicidio imprudente”. No ha descartado que finalmente se presenten demandas civiles y penales, además de una reclamación patrimonial e indemnizaciones por los daños.

Amama tiene acreditadas “tres muertes” vinculadas a los retrasos en el cribado de cáncer de mama, cuyos familiares han participado en la reunión de hoy y han dejado el expediente de las mujeres fallecidas. 

Jiménez no se ha aventurado a confirmar que “murieran a causa de los errores de protocolo en el cribado hasta que no recopile toda la documentación”. 

Amama, que cuenta con 600 asociadas, sigue reclamando al Gobierno de Moreno que depure responsabilidades y acusa al presidente de “falta de ética” por asegurar que el SAS no llamó para informarles de una lesión dudosa en su cribado de cáncer de mama para “no generarles más ansiedad”. “No querrá crear más ansiedad, pero ha creado más cáncer”, ha sentenciado Jiménez.

El abogado sí ha dedicado unas palabras a criticar duramente a los dos partidos políticos -IU y Adelante Andalucía- que este martes han registrado sendas denuncias ante la Fiscalía del TSJA contra la consejera de Salud, Rocío Hernández, su antecesora, Catalina García, la gerente del SAS, Valle García, entre otros por “homicidio imprudente”.

“Dos querellas que no recogen la casuística de lo que están denunciando estas mujeres no sé qué sentido y finalidad tienen, aparte de cortar cabezas. Pero eso no resuelve nada”, ha dicho.

“Negligencia grave”

El Gobierno andaluz ya tiene dos causas judiciales abiertas por la contratación a dedo con clínicas privadas, donde están imputados cuatro altos cargos por delitos de prevaricación: un juzgado de Sevilla investiga los contratos de emergencia del SAS con la sanidad privada entre 2020 y 2024, por 243 millones de euros, amparándose en el marco legal habilitado en pandemia cuando ya estaba derogado (está imputada la actual gerente, Valle García, y sus dos predecesores). En paralelo una jueza de Cádiz investiga el “abuso de contratos menores” del SAS con clínicas privadas a través de un “fraccionamiento masivo e irregular”, donde está imputado un alto responsable de contratación.

La demanda que ha anunciado hoy Amama en su sede, ante una enorme expectación mediática, denuncia “una negligencia grave” en el sistema de detección precoz del cáncer de mama que, según la presidenta de la asociación, Ángela Claverol, ya se había cobrado las primeras víctimas mortales “por retrasos” en las segundas pruebas de contraste, es decir, el segundo chequeo previsto tras hallar “una lesión dudosa” en el pecho, que resultó maligna. “Esto es una catástrofe”, ha dicho. El abogado de la asociación ha puesto en entredicho esta denuncia hasta no revisar bien todos los documentos que le han hecho llegar hoy.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en la inauguración de un centro de salud en Mojácar (Almería), en una imagen de archivo.

Giro de 180º en la política andaluza

La política andaluza ha dado un giro de 180 grados en apenas siete días. Hace una semana el debate público giraba en torno a la fecha de las elecciones andaluzas, previstas para junio de 2026, que Moreno no descartaba adelantar si también lo hacía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los sondeos hacen bailar la mayoría absoluta del PP debido al auge de Vox, pero el PP contaba con seis meses por delante para deshojar la margarita, mientras se allanaba el camino con promesas electorales medio armadas desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta.

El rifirrafe entre el Ejecutivo andaluz y toda la oposición sonaba como los pitidos parsimoniosos de una máquina enchufada a un cerebro en encefalograma plano, sin apenas altibajos, y con Moreno marcando el ritmo de la legislatura, anunciando cinco rebajas fiscales consecutivas y 22 inauguraciones de centros de salud de aquí al 28 de febrero, Día de Andalucía.

La política andaluza había entrado en fase de precampaña electoral sin estar convocados los comicios de manera oficial, es decir, con vía libre para que el presidente de la Junta y candidato del PP inaugure cientos de obras y lance promesas electorales vestidas de iniciativas de Gobierno, a costa de un presupuesto de 50.000 millones de euros.

Y, en apenas 24 horas, la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, desapareció del mapa político. No ha asistido a ninguna de las inauguraciones de centros sanitarios en las que debía acompañar al presidente -primero en Málaga, luego en Almería-, porque permanece encerrada en la sede del SAS tratando de adivinar “dónde está el origen del problema” que ha dejado a 2.000 mujeres sin información sobre la “lesión dudosa” que le habían detectado en el cribado de cáncer de mama -hace meses o años-, “con alta probabilidad de ser benigno”, pero también con una pequeña opción de ser maligno.

Aun sin saber si el “fallo” está en el protocolo de detección precoz de cáncer de mama del SAS -que prácticamente es el mismo desde 2002-; o en el sistema informático que controla cada distrito sanitario y distribuye los resultados de los cribados a los hospitales; o en los propios hospitales, que denuncian la carencia de radiólogos y de equipos de mamografía, también reconocida por la Junta-; o si ha sido un error personal (de un coordinador, de un jefe de servicio, de un equipo médico…), la magnitud del “escándalo” es tal, que Moreno se ha visto empujado a hacer dos anuncios sin precedentes:

El primero es asegurar que él, “personalmente”, se enteró del problema “demasiado tarde”, es decir, que no le informaron a tiempo de la gravedad del asunto, una queja que señala, implícitamente, a la consejera de Salud, máxima responsable política de la sanidad andaluza en el Consejo de Gobierno. Y el segundo, que promete “depurar responsabilidades” en su Ejecutivo una vez la “auditoría” interna esclarezca el origen del problema y siente las bases para solucionarlo.

15,5% de muertes por cáncer de mama

La foto fija ahora es la del presidente de la Junta de Andalucía en primera línea del disparadero político y social que ha desatado la crisis de los retrasos en los cribados de cáncer de mama, una enfermedad con la tasa de mortalidad más alta entre las andaluzas (un 15,5%), seguido del cáncer de pulmón (13,7%) y de colon (9,5%). Un tipo de cáncer, además, que tiene mayor incidencia en Andalucía que en España, como recoge un informe del año 2023 de la Consejería de Salud.

El Gobierno andaluz ha capeado las críticas y denuncias con llamamientos a la calma, pero también con mensajes erráticos. La consejera de Salud empezó por minimizar el problema -“son cuatro casos”- y a las 24 horas elevó a 2.000 el número de mujeres bajo sospecha, ordenando que se las llamase una a una. Esto generó cierta histeria colectiva, con “miles de mujeres” telefoneando a Amama y a sus centros de salud para saber si estaban entre las que habían encontrado una “lesión dudosa no concluyente” en el cribado que se hicieron meses atrás.

En este interludio, Moreno tampoco ha sabido calmar las aguas. Las mujeres con cáncer de mama le han afeado sus explicaciones -“no se les informó del pronóstico dudoso para no generarles más ansiedad”- acusándole de “paternalista”, y la oposición ha denunciado que esa decisión de no saber no le compete al SAS sino al paciente y, por tanto, es “ilegal” ocultársela durante meses.

El Defensor del Paciente, IU y Adelante Andalucía han presentado sendas denuncias ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ahora deberá decidir si hay indicios delictivos suficientes para abrir una investigación penal.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha anunciado la apertura de una investigación de oficio. Toda la oposicíon en bloque, desde el PSOE hasta Vox, ha exigido la dimisión de Moreno y le espera a las puertas del Parlamento, este jueves, para atizarle con saña en la sesión de control al presidente.

También el Ministerio de Sanidad está presionando al Gobierno andaluz. La ministra Mónica García ha enviado una carta esta semana a la consejera reclamándole informes de los últimos cinco años sobre cribado de cáncer de mama y, este martes, ha insistido en que empezará por Andalucía a realizar un estudio “pormenorizado” de los protocolos. Andalucía realiza este test a 485.000 mujeres al año. Entre enero y agosto detectó unos 1.800 tumores malignos a tiempo, que fueron tratados favorablemente.