Los requisitos del Gobierno para frenar los “chiringuitos” universitarios: del informe favorable a un mínimo de estudiantes

Se acabó que las comunidades autónomas puedan aprobar universidades privadas a su libre albedrío. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del Real Decreto que regula los requisitos mínimos que deben tener las universidades para ser consideradas como tal, endureciendo una normativa que en los últimos años no ha sido capaz de detener la “eclosión” de centros privados en España, algunos de ellos, dice el Gobierno, de dudosa calidad. Especialmente las propuestas online.

“La universidad no puede ser una fábrica [de títulos] sin garantías”. Con esta frase, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso en marcha hace ya seis meses la reforma, que viene a enmendar la que a su vez hizo el exministro Manuel Castells hace cuatro años y que se ha mostrado insuficiente. En los últimos 25 años se han reconocido 27 nuevas universidades privadas en España, algunas “sólidas e interesantes para el país”, otras “más discutibles”, según fuentes del Gobierno.

Este boom ha sido especialmente fuerte entre los centros online, que en los últimos años, explican fuentes del Ministerio, se aprovechan del sistema para solicitar su implantación en comunidades autónomas que no sean muy exigentes con los requisitos para implantarse. Esta es una de las novedades anunciadas por Sánchez. Como este tipo de centro es a distancia y por tanto cubren todo el territorio tendrá que ser el parlamento nacional el que las apruebe en adelante, en vez de los parlamentos regionales.

También se incluye la obligatoriedad de que las nuevas propuestas cuenten con un informe favorable realizado por una agencia de calidad, requisito inexistente hasta ahora, se impone un mínimo de estudiantes, profesores y doctores y unos objetivos de investigación –la pata que más flojea en lo privado–, entre otras medidas, para que las universidades sean más que “academias venidas a más”, según las ha calificado el Gobierno en alguna ocasión. Sánchez ha llegado a hablar de “chiringuitos”.

La ministra de Universidades, Diana Morant, ha advertido de que la eclosión de centros privados está reconfigurando el mapa universitario. En los últimos diez años, ha contado, el número de estudiantes universitarios ha subido un 21% alcanzando los 1,9 millones. Pero esa subida la han asumido casi en su totalidad los centros privados, que han ganado un 129% de alumnado frente al 2% de lo público.

“Esto ocurre no porque los estudiantes quieran ir a la privada, la primera opción sigue siendo la publica”, ha valorado Morant, “pero las universidades públicas no tienen suficiente oferta debido a la infrafinanciación de las comunidades autónomas. Esto hace que las notas de corte suban y se perciba la universidad pública como elitista. [Estamos] preocupados porque en un futuro vamos a volver a esa España en la que se estudia o no en función de la renta. El 14% de créditos que se suscriben ya es para financiar pagos universitarios”, ha señalado.

Pese a estas medidas, que aunque afectan a todos los campus están pensadas para los privados, los únicos que se abren en las últimas décadas, fuentes del Ministerio de Universidades han insistido en que el Gobierno no va contra nadie. “Damos ponderación al sistema, esto no va de cerrar a nadie sino de asegurar que todas sean buenas, y las que tengan la voluntad se podrán adaptar”, sostienen fuentes del Ministerio. Pero, advierten también, llegado el caso se actuará y, si la universidad no se adapta se cerrará.

Además de las 27 universidades aprobadas en los últimos años y otros cuatro proyectos evaluados en las últimas semanas, ocho proyectos más esperan turno en el Ministerio. Para estas ya aplicará el nuevo Real Decreto, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE.

Estas son las principales novedades de la reforma aprobada este martes.

Lo último

Para adecuar la reforma normativa al Consejo de Estado, el Ministerio de Universidades ha introducido dos novedades de última hora. Por un lado, se elimina la exigencia de que los promotores de universidades privadas deban tener experiencia previa en el sector. Ese requisito pasa a quienes serán los gestores. Así, en la memoria del proyecto deberá estar incluido cuál va a ser el primer equipo que liderará la nueva universidad.

El segundo cambio es que cuando una proyecto ya aprobado añada en sus primeros cinco años de vida nuevos títulos en su oferta académica que no estaban en la propuesta original, la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU, reúne al Ministerio de Universidades con las comunidades autónomas) será informada de esos nuevos grados, pero ya no deberá autorizarlos, como figuraba en el redactado original.

Un informe vinculante

Es, quizá, el principal cambio del Real Decreto. Ahora, cuando una comunidad autónoma recibe una propuesta para crear una universidad pública, la decisión es básicamente suya. Da igual el proyecto, da igual que los informes de evaluación que elevan organismos como la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) sean negativos o incluso demoledores. Si una mayoría del parlamento regional –esto es, de los partidos que soportan al Gobierno de turno– quiere aprobar el proyecto, este sale adelante. De los últimos 13 informes negativos elevados por el Ministerio en los últimos años, ha contado Morant, cuatro han sido ignorados y han acabado siendo universidades. Eso se acabó.

La modificación aprobada por el Ministerio de Universidades introduce como primera barrera del proceso de creación de universidades una evaluación del proyecto que deberán realizar las agencias de control de la calidad universitaria (hay una estatal y diez autonomías tienen la suya propia) que será preceptiva y vinculante. Estas agencias crearán comisiones evaluadoras formadas por Personal Docente Investigador (PDI ) de las universidades elegido por sorteo para garantizar la autonomía e independencia.

Este primer examen analizará cuestiones meramente académicas y si cumplen con los mínimos: sobre la oferta prevista de titulaciones, si el profesorado que se compromete a contratar tiene la formación exigida, si cumple los requisitos del proyecto, de los proyectos y grupos de investigación que promoverá, si dispone de las instalaciones relacionadas con la docencia, etc.

Si la propuesta no supera esta barrera, que estudiará si la propuesta cumple los requisitos académicos que se exigen, se tumba el proceso y se corta el trámite. Si la supera, la propuesta pasará entonces a la CGPU, cuyos técnicos realizarán un segundo análisis, este de carácter más financiero y de gestión y sí podrá ser obviado en caso de ser negativo (no tiene carácter vinculante) por la asamblea regional. El Consejo de Estado recomendó que este segundo informe también fuera vinculante, pero no era una recomendación esencial (las que han de cumplirse para considerar que un proyecto cuenta con el respaldo del CE), cuentan fuentes del Ministerio, y se ha optado por no incluirla.

Esta es una de las medidas que se le pedían a la reforma que realizó Castells, pero que nunca se incluyó.

A investigar

Parte de las quejas del Gobierno respecto a algunas universidades privadas se sustentan en que no investigan. En que están centradas en la docencia, que es rentable, mientras dejan de lado el I+D, normalmente deficitario. “La universidad no es solo docencia, es investigación”, subrayan una y otra vez fuentes del Ministerio.

Los nuevos centros deberán destinar un 5% de sus presupuestos a investigación y tendrán que captar el equivalente al 2% de sus fondos “en proyectos de investigación, en contratos con empresas privadas o cátedras”. También será obligatorio que al menos la mitad de su profesorado sea doctor (no todas las figuras laborales de la universidad lo exigen) y que, de estos, al menos el 60% tenga un sexenio de investigación concedido (un periodo de seis años de investigación demostrable y reconocido por una agencia de calidad). Dicho de otra manera: al menos un tercio del personal docente (un 30%) deberá contar con experiencia investigadora.

También se amplían los programas de doctorado mínimos que debe ofrecer cada centro, que pasan de dos a tres.

Más que colegios grandes

El Gobierno quiere que las universidades sean algo más que academias venidas a más o centros hiperespecializados, por lo que establece una oferta docente mínima que deberá contar con al menos diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.

Esto responde a mantener el modelo de universidad que nos hemos dado en democracia: centros generalistas, diseñados “para acercar todas las profesiones a todos los ciudadanos”, pensados para reforzar la cohesión social, frente a un modelo más elitista o, como hacen algunas privadas, centrado en la oferta de estudios con mucha demanda o los másteres habilitantes –y por tanto clientela asegurada–, según ha recordado Morant.

Además, deberán tener al menos 4.500 estudiantes, una disposición que ha sido atacada desde quienes rechazan el decreto por aleatoria o acercarse mucho a la cifra de la universidad pública más pequeña, La Rioja. El Ministerio de Universidades ha defendido la cifra: es la equivalente a la suma de la media de actual de estudiantes por clase con una oferta académica equiparable a la exigida por el RD. Más argumentos del Gobierno: la media de las universidades españolas se acerca a los 20.000 estudiantes (11.000 en las privadas) y de los 200 primeros centros del principal ránking universitario (Times Higher Education) solo hay una que no llega a 4.500, con una media de 30.000 alumnos.

Además, ese mínimo de 4.500 estudiantes arrastrará también un suelo de profesorado, ahondando en la idea de que haya más investigación. Universidades calcula que para esa cifra corresponden entre 380 y 500 docentes.

Las ‘online’ serán cuestión nacional

Buena parte de la preocupación del Gobierno con la caída de la calidad de algunos de los últimos proyectos de universidad creados está en los centros online. Como estos tienen afectación nacional (cualquiera puede cursar estudios en ellos) el Ministerio va a traspasar las competencias de aprobarlos al parlamento nacional. Dicho de otra manera, se los quita a las comunidades autónomas.

Hay tres excepciones para esta disposición, que se pactaron con el PNV para recabar su apoyo: las universidades online que ya estaban constituidas; cuando la universidad que se haya creado tenga financiación pública de al menos un 20% (como la UOC, en Catalunya); y cuando la mayoría de las titulaciones se impartan en una lengua cooficial que no sea el castellano.

Flexibilidad con los plazos

Para demostrar que su afirmación de que la reforma normativa “no va contra nadie”, el Ministerio dará margen a los centros ya existentes para adaptarse. Con carácter general, las universidades tendrán tres años para cumplir los nuevos requisitos, cinco si se han creado en los últimos tres. Pero algunos elementos contarán con más plazos. “Siempre con las lógicas de que tenga sentido con el despliegue”, que en las universidades suele ser gradual curso a curso. Por ejemplo, para cumplir la exigencia de que el 30% del profesorado tenga al menos un sexenio se dan siete años (los seis del sexenio más otro que tardan las agencias en reconocer ese mérito a los investigadores). Para alcanzar la cifra mínima de estudiantes serán seis años.

Además, no alcanzar los requisitos no implicará inmediatamente la incoación de un expediente. Si una universidad no cumple estará obligada a presentar un plan de choque para arreglar esa situación y tendrá tres años para hacerlo. Y si va en la senda adecuada, aunque sea con algo de retraso, no se actuará más allá de redoblar la vigilancia sobre el centro.

Otras medidas

Además, la modificación reglamentaria mantiene la exigencia de que las universidades deberán incluir una oferta de plazas de alojamiento para el equivalente al 10% de su estudiantado en el tercer año, una medida pensada para rebajar la tensión sobre el precio de la vivienda que están empezando a sufrir algunas ciudades medianas con el desembarco de nuevos centros, que atraen a miles de estudiantes y que está provocando que haya jóvenes que renuncian a ciertos centros porque no se pueden pagar el alquiler.

El nuevo RD también regula la creación de centros universitarios de españoles en el extranjero, tanto para las universidades públicas como para las privadas. Para ello será necesaria la autorización de la comunidad donde radica la universidad, informes del Ministerio de Exteriores y del de Universidades. Con todo ello, una universidad podrá crear un centro en el extranjero que ofrezca títulos españoles y, si la legislación local lo permite, también títulos de ese país.

Además, se crea una nueva figura, los centro de altos estudios, escuelas de élite docente e investigadora similares a las Grandes Escuelas francesas.

También se incluyen exigencias de solvencia económica. Además de para el correcto funcionamiento del centro, para cubrir la eventualidad de que el promotor de una universidad se retire. Entre otras medidas, los rectorados deberán contar con un aval equivalente al presupuesto de la universidad en su tercer año de vida.

Por último, en aras de la transparencia, los títulos universitarios incluirán información sobre en qué modalidad se cursaron, si presencial, virtual o híbrida.