El Congreso aprueba la ley de movilidad sostenible tras un acuerdo in extremis del Gobierno con Podemos

El Gobierno ha alcanzado in extremis un acuerdo con Podemos que le ha permitido garantizarse los apoyos para sacar adelante el proyecto de ley para una movilidad sostenible, una de las normas que ya intentó impulsar durante la pasada legislatura y que hasta ahora no había reunido un consenso suficiente para conciliar los intereses heterogéneos de las diferentes formaciones del bloque de investidura. El acuerdo garantiza que la ampliación de El Prat no se realizará en el programa DORA III, lo que según los de Ione Belarra implica que se paralizan las obras hasta 2031. El pacto en cualquier caso permite salvar una medida muy importante para el Ejecutivo, de la que dependen más de 10.000 millones de fondos europeos.

La victoria es relevante no solo para el Gobierno, también para las formaciones que han trabajado durante varios meses en el trámite parlamentario, como muestran las más de 750 enmiendas negociadas e incorporadas al dictamen. Un trabajo de equilibrios entre formaciones de orientación ideológica tan dispar como el Bloque Nacionalista Galego, EH Bildu o Junts. La votación ha salido adelante con 174 votos a favor, los 170 en contra de PP, Vox y UPN y las cuatro abstenciones de Podemos.

Según el texto del acuerdo al que ha tenido acceso este diario, el Gobierno excluye la ampliación del aeropuerto de El Prat del plan DORA III, lo que según Podemos implica que se paralizarán las obras hasta 2031.

“De acuerdo con las previsiones temporales y las disposiciones legales de elaboración de los documentos de regulación aeroportuaria y por todas las razones expuestas, la ejecución material de la ampliación no se realizará en el DORA III, salvo las actuaciones de naturaleza ambiental o de naturalización”, dice el texto distribuido por el Gobierno.

El Gobierno se compromete sobre el aeropuerto de El Prat a establecer “una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero a los objetivos de descarbonización que determina el FITFOR55, así como las determinaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible para el transporte en general y el transporte aéreo en particular”.

El Ejecutivo aclara que para esa ampliación se tiene que conformar un plan director, pero dentro de ese proceso “se someterá a una Evaluación Ambiental Estratégica, para analizar si se han tenido en cuenta todas las consideraciones ambientales que permitirán conciliar adecuadamente el desarrollo de la infraestructura con la protección y conservación del medioambiente”. También tendrá que tener el proyecto conformidad de la Comisión Europea por la afectación al entorno natural de la laguna de La Ricarda, una área natural próxima al aeropuerto.

Podemos por su parte asegura que el acuerdo permite paralizar las obras de El Prat hasta 2031. “El pacto entre Podemos y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031”, expresan fuentes de Podemos.

“El Ministerio estará obligado a elaborar un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55. Dicho texto fija una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050”, añaden.

Con este acuerdo, el Gobierno resuelve las exigencias que había establecido Podemos para la negociación, la paralización de los proyectos de ampliación del aeropuerto de El Prat y del puerto de València para dar su sí al texto, una petición que el PSOE no estaba dispuesto a asumir. En las últimas horas se han producido negociaciones que han terminado fructificando a pocas horas de la votación.

“Esta ley es una oportunidad perdida para tomar medidas concretas, lo sabe la sociedad civil: no hay límites reales a los vuelos cortos, no regula zonas de bajas emisiones ni promueve el tren nocturno”, había lamentado el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna durante el debate de la ley en el Congreso. “¿Cómo se puede defender una ley de movilidad sostenible cuando se defienden megaproyectos como el aeropuerto de El Prat?”, se ha preguntado. Antes de la votación, ha lanzado un último intento de negociación con el Gobierno: “Para que Podemos hoy no tumbe una ley insuficiente o inútil les exigimos un compromiso claro y por escrito de que no habrá ampliación de El Prat”, les ha reclamado.

Unos argumentos que han criticado algunos de los grupos que han defendido su postura en el hemiciclo, como Alberto Ibáñez, dirigente de Compromís y diputado de Sumar, que se ha preguntado por los motivos para votar en contra de un texto que defienden tanto la patronal como los sindicatos, las asociaciones ecologistas y los grupos parlamentarios de diferente sesgo ideológico.

“Esta ley no es del Ministerio de Transportes ni del Gobierno ni del PSOE, hemos trabajado este gran acuerdo con los movimientos sociales, el movimiento ecologista, los sindicatos, la juventud”, ha defendido. A su juicio, la ley no ha salido por “el miedo a las izquierdas al malmenorismo”, por la “torpeza del retaridsmo climático” del PSOE, por el “fanatismo climático” de Vox y por el miedo del PP al sorpaso de la extrema derecha. “Nadie habla de contenido de esta ley, la gente está haciendo estrategia corta, es una falta de respeto al trabajo de horas de mucha gente”, se ha quejado.

“La elección es muy sencilla: o se está con los nuevos derechos o se está con la extrema derecha”, ha dicho en esa línea el diputado del PSOE Ignacio López, que se ha dirigido también al PP para pedirles el voto.

Otros grupos se han centrado en defender el trabajo realizado en comisión y han defendido una ley que no colma sus expectativas pero a la que reconocen avances. El PNV por ejemplo, ha mostrado su “apoyo crítico, matizado y responsable”, mientras que EH BIldu cree que siendo mejorable “sienta las bases para un sistema multimodal de transporte ecológico, inclusivo y justo”. Junts ha celebrado las mejoras de un texto que cuando salió del Gobierno, han recriminado, tenía un tono centralista que parecía “salido del NODO”.

“Es una ley mejor porque ahora recoge nuestro compromiso con la descarbonización, la justicia social y la soberanía energética”, ha dicho la diputada de ERC Inés Granollers.

Impulsar la eliminación de los vuelos cortos

El texto negociado por los grupos reconoce por primera vez el derecho a la movilidad sostenible. Y como parte de ese derecho impone el objetivo de llegar a la neutralidad climática a mitad de siglo, con el objetivo vinculante de ir descarbonizando todo el sistema de transporte.

En este sentido, ley insta a las administraciones a elaborar planes para impulsar el transporte público colectivo, con servicios incluidos de movilidad compartida, colaborativa o a demanda, que hasta ahora no se habían contemplado como alternativa. También se actualizan las etiquetas medioambientales de los automóviles, con la idea de incrementar el parque de coches eléctricos. La ley también incluye algunos aspectos relacionados con el coche eléctrico, como la aceleración del despliegue de la infraestructura pública de recarga.

Otro de los puntos más significativos es el plan que contempla la ley es el plan para impulsar la reducción de vuelos domésticos. El texto no establece un compromiso claro pero encarga al Ministerio de Transportes la elaboración de un estudio que examine desde el punto de vista técnico las posibilidades para la “racionalización de vuelos cortos” cuando exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en los casos en los que haya conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

“El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estudiará desde un punto de vista técnico, si la racionalización del uso de los vuelos cortos […], siempre dentro del marco normativo europeo, podría ser una medida que, de una forma efectiva, permita reducir las emisiones del modo aéreo, analizando, asimismo, otros posibles impactos de la medida”, dice el dictamen aprobado en la comisión. “En el marco de este estudio, se hará una propuesta de regulación de los vuelos […], teniendo en cuenta los posibles efectos en varios ámbitos, como la conectividad regional, los impactos a nivel económico y social como es el caso del impacto en las subvenciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares o la propia capacidad de sector para descarbonizarse”, establece.

La ley no plantea medidas como el pago por uso de las autovías, que se descartó por completo; y habilita, pero no obliga a poner peajes en zonas urbanas. También exige a las empresas que tengan 200 personas en un centro de trabajo o entre 100 y 240 en distintos turnos que elaboren planes propios de movilidad.