Fondos europeos, reducción de vuelos cortos y nueva red de buses: todo lo que sigue adelante con la ley de movilidad sostenible

La Ley de Movilidad Sostenible que el Congreso ha salvado in extremis este miércoles es uno de los proyectos que se quedaron pendientes de la anterior legislatura. Desde el primer momento se planteó como una ley clave para el Gobierno, no solo por ser esencial para afrontar el proceso de descarbonización y modernización del transporte, sino porque de ella depende la recepción de casi 10.000 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Por esa relevancia, más de una decena de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los sindicatos CCOO y UGT, así como Greenpeace o Ecologistas en Acción reclamaron al Congreso, antes de la votación, consenso para sacar adelante esta ley como medida de “responsabilidad ante la ciudadanía” para “avanzar en la descarbonización del sector transporte-movilidad y beneficiar a la ciudadanía y la clase trabajadora”. Al final la votación ha salido adelante con 174 votos a favor y los 170 en contra de PP, Vox y UPN y las cuatro abstenciones de Podemos. La ley seguirá ahora su camino hacia el Senado.

Estas son algunas de las claves del proyecto:

Menos vuelos y exigencias para las empresas

La medida clave del texto en lo que se refiere a la movilidad aérea es la que abre la puerta a restricciones en los vuelos de corta duración siempre que haya una alternativa ferroviaria. Es decir, para aquellos vuelos que duren menos de dos horas y media, pero manteniendo aquellos necesarios para realizar interconexiones aéreas. Una medida que lleva tiempo sobre la mesa, pero que aún no tiene una fecha clara en el calendario.

La ley no plantea medidas como el pago por uso de las autovías, que se descartó por completo; y habilita, pero no obliga, a poner peajes en zonas urbanas.

La red de autobuses

Es una de las medidas clave, la puesta en marcha de un nuevo modelo concesional de transporte por carretera, es decir, de la red de autobuses. Se trata de una medida que ha provocado el choque político entre el Ministerio que encabeza Óscar Puente y las comunidades autónomas encabezadas por el PP. 

Transportes ha propuesto un mapa concesional con paradas en todos los municipios donde actualmente hay concesiones estatales y abrió la puerta a que las comunidades se hicieran cargo del servicio, con financiación estatal. 

“Es un modelo que ha sido exitoso durante décadas, la muestra más nítida de que la colaboración público-privada es una fórmula que funciona. Es, además, lo que ha permitido que el servicio en autobús que se presta en España sea uno de los mejores de Europa”, defendía este martes la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús).

Planes de movilidad para las empresas

Sí exige a las empresas que cuenten con planes de movilidad sostenible. En concreto, plantea que los tengan que tenerlos aquellas compañías que tengan 200 personas empleadas en un centro de trabajo o de 100 a 250 personas distribuidas en distintos turnos, con subvenciones públicas para acelerar su puesta en marcha de estos planes.

En cuanto a la electrificación, incluye otras metas, como acelerar el despliegue de una infraestructura pública de recarga de vehículos eléctricos, impulsar la electrificación del sistema de puertos y de la red ferroviaria o la obligación de aprobar un plan de sostenibilidad para el transporte aéreo.  

El derecho a la movilidad sostenible

En el texto, por primera vez, se ha reconocido el derecho de las personas a la movilidad sostenible. También, vincula este derecho a la elaboración de una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, para intentar paliar las carencias del sistema, tanto desde el punto de vista del servicio como de las infraestructuras. 

Además de reconocer la movilidad sostenible como una necesidad ciudadana, se marca el objetivo de llegar a la neutralidad climática a mitad de siglo, con el objetivo vinculante de ir descarbonizando todo el sistema de transporte.

Etiquetas medioambientales de la DGT

Las diferentes administraciones tienen que impulsar el transporte público colectivo, incluido servicios de movilidad compartida, colaborativa o a demanda, que hasta ahora no se habían contemplado como alternativa. También se plantea la actualización de las etiquetas medioambientales de la DGT, para acelerar la renovación del parque automovilístico, donde aún predominan los coches que emplean diésel y gasolina.