La Caixa liquida los alquileres asequibles de inquilinos de su obra social: “Estás con la incertidumbre de que te tienes que ir”

Durante la época en la que más viviendas se construían en España, mucha gente tenía problemas para acceder a un techo bajo el que desarrollar su proyecto vital. Como ahora, durante la burbuja inmobiliaria había jóvenes que no conseguían crédito para comprar o tenían dificultades para acceder a un alquiler, familias vulnerables a las que les costaba llegar a fin de mes y mayores con dificultades para mantener un hogar. En 2007 y 2008, La Caixa inauguró en Vallecas sendas promociones en el marco de su programa social de vivienda asequible, bajo el sello de la ‘Obra Social’. Decenas de vecinos de esos dos edificios de ladrillo visto temen ahora un futuro sin alternativa habitacional. La propiedad ha comenzado a enviar cartas en las que notifica a aquellos pendientes de renovación este año y durante los primeros meses del próximo que tendrán que abandonar esas viviendas.

David consiguió uno de estos alquileres en 2007 y fue de los primeros vecinos en acomodarse en el edificio. Cumplía con todos los requisitos: era menor de 35 años, no tenía otra vivienda en propiedad y no llegaba al límite de ingresos. Casi dos décadas después, se ha convertido en las orejas del lobo que empiezan a ver y atemoriza a muchos de sus vecinos. Tras tres renovaciones sin problemas, su contrato finalizó en 2022, en un caso que permanece judicializado desde entonces.

David lleva en el antiguo programa de la Obra Social desde 2007 y está a la espera de que se feche su desahucio

“Vivimos mi hijo y yo en esta casa. Sufro una cardiopatía y hace seis años me operaron de corazón, además padezco ansiedad y un principio de depresión, por lo que me enfrento a una situación complicada”, lamenta. David lleva desde que finalizó su contrato abonando mensualmente su renta, unos 450 euros, pero no ha abandonado la vivienda. Aunque en primera instancia la justicia le dio la razón, la Audiencia Provincial determinó que debía irse. Ahora está pendiente de los próximos pasos de la entidad, que ha solicitado al juzgado un impulso procesal para apurar el desahucio.

María, 45 años, relata una historia similar. Cumplía los requisitos y accedió a la vivienda en 2013. Un contrato de cinco años, que se renovó sin problemas con otro de siete y una renta que se ha ido ajustando según el IPC y que ronda los 450 euros. El contrato actual finaliza el 30 de abril de 2026, pero en agosto recibió una comunicación de InmoCaixa, el brazo inmobiliario de la Fundación La Caixa, comunicándole que, en esa fecha, “deberá hacer entrega de la vivienda”. “Cuando contactamos a través del Sindicato (de Inquilinas) no contestan o nos dicen que no son de su propiedad. Estamos abiertos a negociar, queremos que nos escuchen”, reclama esta vecina.

María recibió en agosto una carta en la que se le comunicaba que tendría que abandonar la vivienda en abril, sin opción a negociar

La de María no fue la única notificación. Según los datos de la PAH/Sindicato de Inquilinas de Vallekas, más de 40 familias, cuyos contratos expiran en los próximos meses, han sido informadas de que no serían renovadas. Una comunicación que, según señalan, se produce “sin una explicación clara ni oferta alternativa o posibilidad de negociar”. Como la de Francisco Javier, que se mudó a ese piso para cuidar de su padre dependientes y se subrogó al contrato cuando fallecieron. Recibe una pensión a favor de familiar y, si tiene que dejar la casa cuando finaliza el contrato, en enero, no ve ninguna opción. “Tal y como están las cosas, te vas a buscar un alquiler y te encuentras 1000, 1200, 1500 euros por un piso. No puedo”, admite.

Desde la Fundación La Caixa indican que “en el proceso de gestión de la cartera inmobiliaria, se pueden generar casos puntuales de desacuerdo con algunos vecinos de esas promociones”, que se intentan resolver “caso a caso”. “Si se detecta una situación de vulnerabilidad acreditada, InmoCaixa actúa de la mano de la Administración para dar tiempo y espacio a que se pueda encontrar una solución residencial a esas personas”, señala una portavoz, que reconoce que “si no hay vulnerabilidad, se intenta buscar una solución amistosa” pero “en caso de que no sea posible, después de un tiempo prudencial se impulsa el proceso legal/judicial”.

Las familias contactadas por elDiario.es afirman que no han recibido ninguna posibilidad de negociar con la compañía y que esta tampoco se ha interesado por su situación de vulnerabilidad o no, lo que ha provocado malestar e inquietud en buena parte del vecindario, que se ha unido para hacer frente a esta situación. El Sindicato de Inquilinas ha emitido un manifiesto, firmado por 37 inquilinas, en el que denuncian unas prácticas que “ponen en riesgo a decenas de familias”. “Tenemos cuatro casas en las que se acaba el contrato el 31 de diciembre, pero la gente sabe que le va a llegar su momento, así que se están animando a organizarse”, señala un portavoz.

Francisco Javier, que cobra una pensión por cuidar a su padre

En un momento de emergencia habitacional, en el que un millón y medio de hogares destina más del 30% de sus ingresos —la barrera en la que organismos nacionales e internacionales empiezan a hablar de un gasto excesivo— a pagar el alquiler y la edad media de emancipación supera los 30 años, la Fundación La Caixa indica que ha “reorientado sus líneas de actuación estratégica, centrando los esfuerzos en programas sociales, como los dirigidos al fomento del empleo, la lucha contra la pobreza infantil, el acompañamiento de los mayores, la atención integral a personas con enfermedades avanzadas o el impulso de iniciativas dirigidas a personas vulnerables a través de sus programas de convocatoria y ayudas”.

La entidad prevé invertir 4.000 millones de euros en los cinco próximos años, según el plan estratégico presentado en junio por su presidente, Isidro Fainé, a los empleados. La nueva hoja de ruta prevé un aumento gradual del presupuesto anual hasta alcanzar los 800 millones de euros en 2030, frente a los 655 millones de este 2025, que es el mayor de su historia.

Esa desinversión en VPO ha llevado a la Fundación a deshacerse de muchos de sus inmuebles, a medida que van finiquitando los alquileres. La entidad no detalla cuantos tiene en vigor ahora mismo. En algunos casos, estas ventas van a empresas privadas y, en otros, pasan a manos de las administraciones, que tienen derecho de tanteo y retracto. Por ejemplo, a finales de 2024, la Generalitat de Catalunya adquirió más de 450 viviendas sociales de InmoCaixa, por un precio de más de 30 millones de euros.

Esta redacción ha podido reunir a una quincena de inquilinos de los bloques de Vallecas, con diferentes situaciones, pero todos preocupados por la deriva de la antigua obra social y un mercado inmobiliario salvaje. “Estás con la incertidumbre de que te tiene que ir y los alquileres están costosísimos”, dice Míriam, con contrato en vigor hasta agosto de 2026, pero angustiada por su futuro. O Silvia, de 52 años, que entró hace 11 tras acreditar haber sido víctima de violencia de género y que teme perder “un entorno de seguridad que no hay en otro sitio”.

Sara, 41 años, vive con su hijo y su padre en uno de estos pisos que, como todos, tiene una superficie de unos 47 metros cuadrados. Tuvo problemas para renovar en 2020, pero finalmente logró que le mantuviesen el alquiler, con una subida hasta los 520 euros. “A partir de ahí empezaron a hacer contratos distintos”, dice, en una táctica que es, sospechan, para separar a los vecinos. A ella le quedan todavía dos años de contrato, pero no es ajena a que “igual que les pasa a mis vecinos, me va a pasar a mí”.

También está apoyando a sus vecinos Juan, 38 años. En su caso, renovó in extremis hace dos años, así que, por el momento, tiene un lustro blindado por delante, pero explica que, con su sueldo, cercano al salario mínimo interprofesional, no podía afrontar un alquiler a precio de mercado. O Javier, 76 años, que renovó a finales del 2023, pero vive ya con la incertidumbre de una nueva mudanza o de perder a sus médicos, con los que ha establecido una relación de confianza, tras siete años de visitas con su mujer. O Teresa, con la vista puesta en 2027, cuando cumplirá siete años en este piso y a quien le dijeron, como al resto, que se podría quedar “lo que quisiera”.

“Estamos todos aquí porque sabemos que esto lo quieren quitar”, explican casi al unísono en torno a una mesa de madera en la zona común de la urbanización, donde mencionan los casos de Pinto y Vicálvaro, las otras dos promociones que la Obra Social levantó en Madrid. Paloma vivía en la promoción de Pinto, donde se mudó tras un sorteo en 2013. “Cuando nos cumplió, llegó la prórroga del Covid, aunque no nos la querían dar, así que lo tuvimos que pelear. Yo estuve un año y medio pagando sin contrato”, explica. Finalmente, la orden de desahucio llegó, aunque para entonces ella ya se había ido. Dejó, eso sí, una demanda colectiva a través de la Asociación de Vecinos Tomás Bretón por cláusulas abusivas y por la venta de las viviendas al fondo Farley YTG, saltándose el derecho de tanteo y retracto a precio de VPO. “Nos la tenían que vender a nosotros a precio de vivienda social, pero nos la querían vender como vivienda libre porque el suelo se liberó”, explica.

Y en Vicálvaro, los vecinos están empezando a organizarse. “La mayoría se encuentra con que sus contratos sociales se acaban a finales de 2025 o mediados del 26, sin ningún tipo de alternativa por parte de La Caixa, que tiene el objetivo de hacer más negocio con alquileres temporales o vendiéndoselo a empresas externas, en lugar de mantener a familias que están en una situación socioeconómica bastante vulnerable. Por eso les dieron esas viviendas”, indica una portavoz de la PAH de Moratalaz.

Sin embargo, los vecinos de estas antiguas promociones de los programas de vivienda asequible y alquiler solidario mantienen que la estrategia de la compañía es liberar esos pisos para seguir aumentando sus ingresos. Por ejemplo, algunas de las viviendas de Pinto, que InmoCaixa liquidó, están a la venta en portales inmobiliarios por más de 350.000 euros. Y otros de los apartamentos que han quedado libres en Vallecas, y de los que se ha deshecho la Fundación, se anuncian como alquiler de temporada, de uno a once meses, por 1.000 y 1.100 euros.

Con todo, los vecinos exigen una negociación para poder seguir en las que han sido sus casas durante años, incluso décadas. Algunos mantienen la esperanza y amenazan con seguir el ejemplo de David y quedarse pase lo que pase. Él hace una reflexión: “Con su imagen filantrópica, crees que no pasará esto”.