
Un macroestudio del Gobierno revela que casi un 30% de la población sufrió violencia sexual cuando era menor
Una encuesta con 9.000 respuestas basadas en el recuerdo de adultos entre 18 y 30 años muestran que casi la mitad de las personas tiene una historia de violencia infantil: psicológica (48,9%), física (40%), sexual (28,9%), en la pareja (25,7%) y digital (24,3%)
Juventud e Infancia plantea quitar la patria potestad a todos los padres condenados por violencia de género
La violencia hacia niños, niñas y adolescentes ha sido medida y estudiada en múltiples investigaciones por universidades y organizaciones del tercer sector. Sin embargo, la administración lleva tres décadas sin liderar una encuesta propia que sirva para diagnosticar lo que está pasando.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado este jueves los resultados de una primera medición de la prevalencia de las diferentes violencias durante la niñez y la adolescencia con cifras muy preocupantes. “Cuidar no es mandar, proteger no es poseer, la infancia no es propiedad de nadie. Si casi la mitad de la población arrastra una historia de violencia infantil no es algo que se hereda: la respuesta no puede ser técnica o moral, sino política”, ha asegurado la ministra Sira Rego.
Los resultados se centran en seis tipos de violencia –psicológica, física, sexual, en la pareja, por negligencia (abandono) o digital– y muestran que son las niñas y mujeres adolescentes son las principales víctimas. También las personas LGTBIQ+, las personas migrantes, con discapacidad o niveles de estudios inferiores a los universitarios.
La más prevalente, la que afecta a más niños y niñas, es la psicológica o emocional. Casi la mitad de las personas encuestadas (48,1%) aseguró haberla sufrido cuando era menor de edad con los progenitores como principales perpetradores. Una de cada cuatro continuaron en esta situación en la edad adulta.
Le sigue la violencia física, que aparece en el 40,5% de los casos. Los padres y madres están mayoritariamente detrás de esta violencia aunque también el entorno escolar y familiar más amplio.
La encuesta, elaborada por Sigma Dos, se basa en el recuerdo de 9.000 adultos de entre 18 y 30 años. Las respuestas evidencian una alta prevalencia también de la violencia sexual, sufrida por el 28,9% de las personas encuestadas y mantenida en la edad adulta en uno de cada diez casos. Quienes causan esta violencia no son tanto los progenitores sino las parejas (32,3%), desconocidos adultos (25,6%) y amigos (21%).
Una de cada cuatro sufrió violencia en la pareja
La violencia en el ámbito de la pareja fue referida, también, por el 25,7% de las personas y se mantuvo en la vida de ellas en el 13,3% de los casos en la edad adulta. También se ha medido la violencia por neglicencia, es decir, la desatención por falta de cuidados, con una prevalencia igualmente alta: un 24,4%.
El trabajo se detiene, por último, en la violencia digital, de la que se declaran víctimas una de cada cuatro personas (24,9%) cuando eran niños y niñas. Un 10% asegura haber continuado sufriéndola tras crecer. El esquema de perpetradores es parecido al de la violencia sexual: las parejas (27,9%), desconocidos adultos (26,3%) u otros menores de edad (23,9%). El Ministerio de Juventud e Infancia constata, a través de los datos, una “realidad en aumento”.
“Hoy rompemos un silencio, no el de la ignorancia sino el que se instala cuando lo inaceptable se vuelve costumbre. Durante años se ha tratado como un asunto privado, como una historia particular, y este estudio desarma esta ficción”, ha dicho la ministra Rego, que ha subrayado que el “deber político” es “garantizar el presente” de la infancia.
Su equipo está inmerso en la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), una norma que se aprobó de manera pionera en 2021 pero que ha demostrado tener algunas “lagunas estructurales”. La semana pasada se conocieron las líneas principales de esa reforma, entre ellas la obligación de escuchar a todos los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales o administrativos, independientemente de su edad, o la retirada de la patria potestad a todos los padres condenados en firme por violencia de género.