Una de cada tres concertadas catalanas tiene menos alumnado vulnerable del que debería con el pacto contra la segregación

El Pacto contra la Segregación Escolar en Catalunya ha permitido reducir en un 25% las diferencias de alumnado vulnerable existentes entre centros educativos, pero aún queda camino por recorrer. Un estudio de la Fundación Jaume Bofill señala que un 31% de los colegios concertados todavía matriculan a menos niños y niñas de este perfil social de lo que tocaría, y el 21% son directamente “elitistas”, puesto que no tienen prácticamente ningún alumno con necesidades educativas específicas. 

El informe, L’escola concertada avui. Propostes per revisar els concerts educatius en clau d’equitat, celebra que hoy la concertada en Catalunya escolariza al 16% del alumnado migrante cuando hace una década era el 6%. Pero al mismo tiempo señala que todavía hay cientos de escuelas concertadas que no cumplen con unos mínimos de escolarización de alumnado vulnerable, a pesar de que reciben financiación pública específica para ello por cada una de estas matriculaciones. 

De hecho, la Fundació Bofill destaca que el 34% del presupuesto de conciertos educativos de la Generalitat de Catalunya se destina actualmente a centros privados concertados que perpetúan la segregación. El sistema educativo “no puede permitirse” –señala el informe– dedicar 402 millones de euros públicos a colegios que segregan. “Es un agravio para las escuelas públicas y concertadas más comprometidas con la escolarización de alumnado vulnerable”, añade el documento. 

El informe, elaborado por la experta en segregación escolar de la Fundación Jaume Bofill María Segurola, apunta a que el 69% de la escuela concertada “ya es corresponsable” de evitar la segregación, pero el 31% del sector todavía segrega. A pesar del incremento del alumnado en situación de pobreza en la concertada, el estudio avisa de que el desquilibrio socioeconómico sigue siendo un “reto” a resolver: en los cursos de I3 e I4 los centros públicos escolarizan a un 39% de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y los centros concertados, un 23%, cuando la media es del 33%. 

Además, mientras que en cada aula debería haber unos cuatro estudiantes vulnerables, la media en la concertada considerada elitista es de uno o ninguno, por debajo del mínimo de dos que marca la normativa. Estas últimas son en total 105 escuelas, ubicadas sobre todo en barrios acomodados de algunas de las principales ciudades catalanas, y que traen además a escolares de familias de clase alta de otras zonas. El 54% de ellas tienen, según el informe, otros centros con mayor diversidad social a tan sólo 15 minutos andando. El 8% son centros aislados a los que hay que llegar en coche, por lo que Bofill propone que se conviertan en privados y no perciban fondos públicos. El documento también remarca que los centros más elitistas dejan vacantes al 60% de las plazas reservadas para alumnos vulnerables.

Aparte de estos centros considerados elitistas, el informe remarca que también existen otros centros con capacidad de mejora. Se trata de 49 concertados –un 10% del total– que tienen “cierta diversidad social” pero presentan todavía “desequilibrios importantes”.

De cara a la próxima renovación de los conciertos, la Fundació Bofill pide condicionarla a la escolarización de alumnos vulnerables del entorno. También reclama que el incumplimiento conlleve la retirada de los conciertos. La entidad lamenta que actualmente los acuerdos de conciertos “no son suficientemente explícitos ni exigentes” y considera “imprescindible” revisar cómo se ajustan a la normativa actual y establecer acuerdos “más concretos, exigentes y vinculados”.

Segurola también recuerda que los alumnos vulnerables deben tener la escolarización gratuita, también en la concertada, y que no les hagan pagar precios excesivos por actividades extracurriculares.

La Fundación Bofill insiste en que “el exceso” de plazas en la oferta concertada genera segregación escolar porque “mantiene abierta una oferta sobredimensionada en el sector del concierto”, lo que defienden “condiciona la elección”. Alerta de que “la red pública pierde peso en el conjunto del sistema” en “un contexto de descenso demográfico en el que la corresponsabilidad debería ser compartida”, remarcan.