«Váyanse a otro lado a abortar»

“No se va a señalar a nadie por abortar pero tampoco por negarse a los propios diputados. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”. De esta frase casi incomprensible que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, soltó el jueves en la sesión de control a su Gobierno, solo queda clara una cosa: Ayuso no va a garantizar el derecho al aborto en la comunidad en la que gobierna. El señalamiento del que hablaba la presidenta hace referencia a algo muy distinto, el registro de objetores al que obliga la ley y que la Comunidad de Madrid no ha implantado.

Lejos de tratarse de una ‘lista negra’ o de un folio lleno de nombres que cualquiera va a poder consultar, el registro está pensado para que, con confidencialidad, los hospitales puedan ordenar sus recursos y tener claro, individualmente, qué profesionales practican abortos y quiénes no. Permite a las médicas y médicos que así lo quieran acogerse a la objeción de conciencia, pero también sirve para que el sistema de salud garantice un derecho. De paso, busca acabar con un viejo truco: declararte objetor en la pública pero estar dispuesto a practicarlos en la privada y sacar un dinero extra.

Como suele suceder, la realidad le importa poco a Ayuso. El objetivo es embarrar y aprovechar el barro para colocar su discurso, en este caso el discurso antiderechos al que su partido se ha sumado en las últimas semanas. Para el PP, el aborto debe aparecer como un acto causante de traumas, depresiones, suicidios o adicciones. Y el registro de objetores, como un señalamiento público, un ataque a la intimidad de las personas que ejercen la medicina. Si nos parece mal, dice Ayuso, pues ya podemos irnos a abortar a otra comunidad autónoma.

Es cuanto menos paradójico que en la tierra de la libertad, la Comunidad de Madrid, nos manden a abortar a otro lugar. Que quien invoca con frecuencia la legalidad vigente, la Constitución o el orden decida, en cambio, rebelarse contra la aplicación de una norma que busca, precisamente, asegurar el acceso a un derecho con garantías para mujeres y profesionales.

Pero es que, además, las mujeres ya se están yendo a otros lugares a abortar: en el caso de Madrid, a la sanidad privada. La comunidad gobernada por Ayuso es uno de los cinco territorios del país en el que menos del 1% de las interrupciones voluntarias de embarazos se hacen en centros públicos. Las mujeres son derivadas sistemáticamente a las clínicas privadas acreditadas, porque la pública no garantiza que accedan a una intervención que es perfectamente legal y que está dentro de la cartera de servicios.

Ahí empieza el auténtico señalamiento, el que sienten las mujeres cuando son expulsadas de los circuitos sanitarios habituales, como si esa interrupción voluntaria de su embarazo fuera algo que esconder, que condenar, que quitarse de en medio para que no moleste. Es más, en las inmediaciones de las clínicas acreditadas a las que son enviadas actúan grupos antiderechos que hacen pintadas de ‘asesinas’, persiguen a mujeres y profesionales, las acosan verbalmente, o forman grupos de rezo. No se va a señalar a nadie por abortar, dice Ayuso, pero no se refiere a las mujeres que han pasado y siguen pasando por este periplo para poder interrumpir su embarazo y decidir sobre su maternidad, sobre sus vidas al fin y al cabo.

No se va a señalar a nadie, pero a finales de 2022 Ayuso anunció una estrategia para aumentar la natalidad que incluía la propuesta de “enlazar” a mujeres embarazadas que decidieran abortar con familias adoptantes, en procesos de acogida o que se planteaban recurrir a la gestación subrogada para ver si así se replanteaban su decisión. 

Sí, el señalamiento existe y es a las mujeres. Somos las mujeres las señaladas y también las expulsadas, sin ningún pudor, de la sanidad pública. Que Ayuso o el PP acudan al barro, a los falsos síndromes, a los bulos sobre el registro de objetores, a las propuestas descabelladas que tratan a las mujeres como seres incapaces de tomar sus propias decisiones, solo tiene un objetivo: obstaculizar el derecho al aborto, recortarlo de facto.