Arriesgar la vida por 1.200 euros, la ruina del obrero que muestra el derrumbe en Madrid y que se ceba con los inmigrantes

Cuando todo se precipitó, Moussa, Jorge, Diallo y Laura desaparecieron entre los escombros. Trabajaban en una obra en pleno centro de Madrid, por la zona de Ópera y muy cerca de la Plaza Mayor. La idea era reconvertir un antiguo bloque de oficinas en otro hotel de cuatro estrellas en el epicentro de la turistificación. Ponía el dinero una socimi de capital saudí. El martes, un ruido ensordecedor lo cambió todo por completo. A las 24 horas del incidente aparecieron sin vida Diallo y Laura, los primeros identificados; poco después, las unidades caninas desplegadas por la Policía Municipal hallaron otro par de cadáveres más. En total fueron tres hombres y una mujer, todos inmigrantes y operarios –originarios de Mali, Ecuador y Guinea respectivamente– salvo ella, española y jefa de producción.

El sector de la construcción concentra una de las tasas de siniestralidad y mortalidad más preocupantes de España. Los accidentes crecen desde 2014, cuando el país comenzó a recuperarse tras la eclosión de la crisis inmobiliaria. Según los últimos datos registrados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y el pasado mes de julio murieron 103 personas en horario laboral. La cifra es alarmante: el año aún no ha concluido y ya hay más fallecidos en la obra que en todo 2024, cuando perecieron 82 personas. La estadística no incluye accidentes in itinere; es decir, producidos en el trayecto de ida o vuelta.

El año pasado murieron 13 personas en la Comunidad de Madrid mientras trabajaban en la construcción, según datos del portal regional. El descenso de la estadística desde hace al menos cuatro años es ligero, pero progresivo: en 2021 perecieron 21 empleados, al año siguiente fueron 20 y hace dos, 19. El caso es que buena parte de las plantillas en la construcción la componen personas de origen extranjero, lo que para algunas voces entre asociaciones o sindicatos les expone a otras complicaciones en paralelo.

El centro de Madrid este miércoles, dos días después del derrumbe de un edificio

Más de un 20% de los trabajadores del sector provienen de otro país, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; con una de las mayores tasas solo por debajo de la hostelería (30%), el trabajo en ONG o fundaciones (28,7%) y la agricultura (24,5%). A veces son recién llegados y en situación de mayor vulnerabilidad respecto a otros compañeros, ya sea por no tener papeles o unas condiciones de desigualdad. Pero, en otras ocasiones, terminan aceptando sin remedio un sueldo que aumenta de valor en sus países de origen.

“Los migrantes estamos condenados a hacer esos trabajos que el resto no desea: recolectar en el campo, la venta ambulante y casi siempre en la clandestinidad, o el trabajo físico en una obra como la de la calle Hileras”, sentencia Victoria Columba, activista argentina apodada Vicky Canalla y una de las voces más frecuentes del movimiento #RegularizaciónYa, que se convirtió en un movimiento estatal.

Uno de los obreros que trabajaban en la obra de la calle Hileras número 4 hace declaraciones a los medios

Lo impulsan migrantes en favor de una regularización masiva de 500.000 personas que viven en España para facilitar su integración y el acceso a un trabajo. La propuesta llegó a alcanzar el suficiente apoyo como para presentar una ILP en el Congreso de los Diputados. Este mecanismo, la Iniciativa Legislativa Popular, permite a la ciudadanía presentar una propuesta de ley o alguna modificación legislativa, algo generalmente reservado solo para representantes políticos electos. El requisito es reunir medio millón de firmas que se puedan certificar.

El proceso para su debate y aprobación se ha dilatado hasta quedar en una especie de limbo parlamentario, pero uno de los objetivos que defiende es “reforzar la fuerza laboral en España en todos esos puestos que no logran cubrirse”. A raíz de la muerte de los tres migrantes en el derrumbe de la calle Hileras, lo primero que hizo esta organización fue recopilar cuanta más información posible sobre su situación laboral en España: si tenían papeles o no, cuánto tiempo llevaban aquí o quiénes eran sus familiares y conocidos cercanos en el territorio. “Fue una misión imposible”, resume la portavoz del movimiento en favor de la regularización masiva.

Prácticamente no consiguieron dar con allegados ni obtuvieron respuesta por parte de la empresa sobre quién asumiría los gastos de la repatriación en caso de que eso sea lo que decidan sus parientes. “En casos como este, solemos encontrarnos una situación que se repite: si las familias no tienen papeles no pueden actuar ni tan siquiera reclamar los cuerpos en comisaría. Sería su ruina”, destaca Columba, precisando que este no tiene por qué ser necesariamente el caso de Moussa, Jorge y Diallo. A la hora de redactar un comunicado para mostrar sus condolencias por la muerte de estos tres hombres, una idea reaparecía: “¿Cómo es posible que sea tan difícil saber algo de ellos?”.

La presencia de personas migrantes en la obra es abundante, pero no son los únicos que sufren sus consecuencias. En mayo de 2018, hace siete años, otro edificio en Chamberí que iban a convertir en un bloque de lujo se derrumbó en plena obra sepultando a dos trabajadores. Era Agustín Bello, de 42 años y vecino de Parla, y José María Sánchez, extremeño de 56. Como en Hileras 4, la primera idea que barajaron los equipos de rescate fue que la estructura no pudo soportar el peso de los materiales acumulados en las plantas más altas. También se abrió una investigación en los tribunales para deducir el origen y depurar responsabilidades, pero a día de hoy sigue sin estar claro.

Poca “cultura de la prevención” y escasos recursos de vigilancia

“El problema normalmente es que muchas constructoras grandes quieren adoptar solo las medidas mínimas que exige la ley, en lugar de ampliar sus garantías para evitar problemas a posteriori”, señalan desde el área de construcción del sindicato Comisiones Obreras. En la sección madrileña de CCOO Hábitat –que acaba otros sectores como limpieza, seguridad, servicios domésticos o jardinería– parecen tener claro que a España le falta “mucha cultura de la prevención” y que las empresas delegan esta tarea en la figura del recurso preventivo, cada vez más escasa: “Suele ser un operario que ha recibido una formación de 60 horas para vigilar los trabajos, pero no designan suficientes como para cubrir todas las reformas que desarrollan en paralelo”.

Desde el sindicato resumen el problema en dos vertientes, una estructural y otra laboral. En el primer lado están las prácticas habituales entre algunas empresas, que desdeñan ciertas formas de prevención y “se limitan a cubrise las espaldas con la parte burocrática, designando a trabajadores que rellenen los expedientes o cubran las actas de designación” de cara a la Inspección de Trabajo. Otro servicio que, aún siendo público, contribuye con sus carencias a la inseguridad del sector según la experiencia de este sindicato.

“Aunque hayan aumentado plantilla con subinspectores siguen sin ser suficientes como para revisar al detalle cada obra. Al final, se limitan a comprobar que todos los papeles están en regla; pero eso no define que la construcción sea segura”, destacan fuentes sindicales. Luego está el segundo eslabón, el de la precariedad o los horarios extenuantes. Según los datos que manejan en CCOO Hábitat, el sueldo medio de un oficial de primera –un puesto cualificado de mano de obra directa– ronda los 1.200 euros; una cantidad “del todo insuficiente para la cantidad de riesgos físicos que asumen y las jornadas extenuantes haga frío o calor”.

La siniestralidad del sector es muy alta, las condiciones son precarias y todo esto suma un cóctel molotov que ahuyenta a nuevas generaciones. “Los jóvenes ya no quieren trabajar aquí, ¿qué sentido tiene hacerse mileurista trabajando entre 10 y 12 horas al día, incluyendo algunos fines de semana?”, se cuestionan desde el órgano sindical, que advierte cómo esta práctica de avanzar en las labores durante el sábado o domingo se ha extendido pese a “ser ilegal”. Muchas veces, el motivo es acelerar los trabajos para llegar a una fecha de ejecución pactada o disminuir costes.

Todos estos obstáculos desincentivan un relevo local y deja la puerta abierta a una práctica habitual en España para cubrir puestos en los sectores más precarizados: contratar a inmigrantes. “Aquí parece que sí los queremos”, ironizan en CCOO. Las dificultades para incorporar personal especializado o garantizar que una obra plantee medidas de seguridad suficientes no solo ocasionan problemas a las empresas o sus trabajadores, sea cual sea su origen, sino también a los vecinos de alrededor.

“¿Cómo voy a estar tranquilo, si la persona que nos calmó y creyó que todo iría bien ha muerto en el accidente?”, se pregunta Javier, vecino de una de las calles colindantes a Hileras. Se refiere a Laura Rodríguez, la joven en la treintena cuyo cadáver identificaron tras el accidente. Asegura que el encuentro fue en verano y que, para tranquilizarles y cerciorarse de que todo estaba en orden, tanto ella como otra compañera subieron con su pareja al piso en el que residen para comprobar cómo la obra afectaba a la estancia.

Siempre según Javier, les prometieron que en poco tiempo acabaría el desescombro, comenzarían a construir y el ruido disminuiría. Además, pactaron que “mandarían más veces a regar” las instalaciones en construcción para controlar la cantidad de polvo que el viento arrastra hasta las casas. Este martes, poco después de las 13.00 horas, se produjo el derrumbe y Laura perdió la vida. Javier, su pareja y la niña estaban fuera de la vivienda: dentro solo quedaba una perrita. Cuando se enteraron de lo ocurrido el área ya había sido precintada y se había desplegado el dispositivo de emergencia confirmado por Bomberos, Samur-Protección Civil, Policía Nacional o Municipal.

Consiguieron que un agente de este último cuerpo les acompañara al piso para sacar al animal y, aunque a última hora de la tarde se les permitió de nuevo el acceso a su vivienda a todos los vecinos, prefirieron pasar la noche en casa de un amigo. Tenían miedo de que el derrumbe hubiera afectado a la estructura de su bloque. Días después del susto, esperan a que el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid avance en sus diligencias junto a la Policía Municipal, de la que corre a cargo la investigación al catalogarse el siniestro como un accidente laboral.

La empresa niega la acumulación de material en la cubierta

El Ayuntamiento aseguró el miércoles que la obra contaba con todos los permisos municipales necesarios, y que a partir de ese punto correspondía a las autoridades policiales dilucidar la causa del accidente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interrumpió su viaje a Londres (Reino Unido) y compareció a la mañana siguiente para confirmar la muerte de cuatro personas. Dejó en el aire una de las primeras hipótesis que se barajaban: la acumulación excesiva de material de obra en la planta alta del edificio.

Interior del edificio en la calle Hileras después del derrumbe

El colapso del forjado, esa estructura horizontal que separa los pisos de un inmueble desde techo y suelo, desplomó el bloque de arriba a abajo. Cayeron 50 metros de los 200 que componían la superficie del sexto nivel. Lo demás es historia. La reforma la había ordenado un inversor saudí especializado en hoteles o apartamentos turísticos de alta gama en España y Portugal, RSR Singular Assets Europe Socimi, gestionado por la socimi Caler Advisory and Asset Management y su matriz, Caler Advisory And Asset Management S.L., que obtuvo el inmueble por 24,5 millones de euros. Anka Demoliciones era la empresa encargada de derribar el edificio y Rehbilita, de remodelarlo después.

Cómo se asegura el forjado de una vivienda durante una obra

El responsable de esta primera subcontrata, Daniel Anka, negó que en ese momento trabajaran en la cubierta del edificio y desestimó una posible sobrecarga como origen del desastre. La versión final dependerá de un juez. Mateo, que trabaja desde el año 2000 en la construcción y actualmente ejerce como encargado de obra, explica cómo suelen ejecutarse estas partes del proceso. Ha preferido proteger su nombre real o el de la empresa que lo contrata para evitar represalias, pero destaca desde el inicio que la presencia de inmigrantes es una constante habitual en el sector y, sobre todo, durante estas fases. Las medidas de seguridad varían según cada empresa.

“Cuando hacemos forjados para una vivienda, lo importante es ir separando los palés a una distancia prudente y cargar el peso sobre unas cuantas vigas maestras, no sobre el forjado en sí. Estas vigas suelen ser de hormigón armado, así que tienen más resistencia al extenderse de un pilar a otro. En ese punto hay que tener bien apuntalados los forjados de las plantas inferiores, al menos uno o dos si el acopio de material es importante”, destaca el profesional. Lo imprescindible, como se repetía durante la pandemia, es la distancia de seguridad: “No puedes acumular mucho peso en un área concreta ni instalar cuatro palés de un metro en otros cuatro de forjado. Para reducir riesgos hay que separarlos con medio y medio de distancia, aproximadamente”.