Sentencias de 280 caracteres: qué pasa cuando un juez hace política en X

Hace diez años un mensaje en Twitter revolucionó el mundo judicial. Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, usaba su cuenta en esta red social para difundir un auto de alto voltaje político: el que archivó la causa contra el entonces concejal madrileño Guillermo Zapata y sus tuits de humor negro. Fue el prólogo a un desembarco de decenas de jueces y fiscales que usan la red social a veces con sus nombres y apellidos y otras de forma anónima, que se ha encontrado esta semana con la apertura de un expediente disciplinario a un magistrado por llamar “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno y acusar a Pedro Sánchez de “golpista”.

Pedraz fue uno de los primeros jueces en entrar a Twitter con nombre y apellidos y también uno de los primeros en marcharse después de que sus declaraciones se convirtieran en polémica. “¿Sabe que si un juez restringe un derecho fundamental sin petición de parte estaría prevaricando?”, preguntó a Iñaki Oyarzábal, dirigente del PP alavés, que entonces criticaba su decisión de no prohibir un acto en Durango con antiguos presos de ETA.

El caso de este magistrado, histórico de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, abrió muchas puertas de un debate que sigue sin tener las reglas claras. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a abrir una investigación disciplinaria al juez por difundir el auto de Zapata y archivó el caso sin sanción. Era una práctica poco habitual, reconoció el órgano de gobierno de los jueces, pero Pedraz solo difundió el auto cuando ya había sido notificado a las partes y también a la opinión pública a través del gabinete de prensa del tribunal. Pedraz terminó abandonando la red social.

A día de hoy hay más de un centenar de jueces y fiscales que, de una u otra manera, se identifican como juristas en esta red social. Algunos como la fiscal Escarlata Gutiérrez más centrados en la divulgación, otros como Fernando Portillo o María Jesús del Barco como portavoces de asociaciones y otros muchos de forma anónima o difíciles de identificar como jueces y fiscales más allá de una balanza o un emoticono en su biografía. También los hay que, con nombre y apellidos y perfectamente identificados como jueces, opinan abiertamente sobre política.

La libertad de expresión de los jueces, cuando hablan como tal, es más limitada que la del resto de ciudadanos. La Ley Orgánica del Poder Judicial les prohíbe formar parte de partidos políticos o sindicatos, pero también dirigirse a otros poderes del Estado con “felicitaciones o censuras”, ir a actos “que no tengan carácter judicial” sin autorización de su órgano de gobierno o presentarse a unas elecciones.

Las posibilidades son mucho mayores con los portavoces de asociaciones, que como en el caso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acuden a coloquios organizados por el PP para criticar al Ejecutivo, pero los contornos de esa prohibición de lanzar “felicitaciones o censuras” a otros poderes del Estado se difuminan en las redes sociales.

“La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones –con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan–, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano carece de tipicidad a fecha de hoy”. El argumento fue expuesto hace dos años por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ cuando llegó a sus manos el caso que expuso la debilidad normativa de esa regulación: rechazó multar al juez Manuel Piñar, el que encarceló a Juana Rivas, por sus comentarios machistas en Facebook. El motivo: no se presentó como magistrado al hablar, por ejemplo, de “feminazis”. La Comisión Permanente añadió que el legislador debía considerar un cambio legal para poder proceder contra jueces en estas circunstancias.

“¿Son una falta de respeto a los ciudadanos?”

Rafael Rebollo es catedrático de la Universidad de Barcelona y reconoce que, efectivamente, esos artículos de la Ley del Poder Judicial tienen 40 años y, por tanto, “no hay previsión expresa” a las opiniones en redes. Pero eso no significa que esa práctica no pueda llegar a ser sancionable: “Son perfectamente reconducibles a las previsiones como faltas graves y el artículo donde se prevé la falta de consideración a los ciudadanos. La gran pregunta es: ¿Ese tipo de manifestaciones son una falta de respeto a los ciudadanos? Creo que sería perfectamente subsumible sin perjuicio de que, probablemente, sería más idóneo que hubiera una previsión específica”.

Los ejemplos de magistrados expedientados –algunos exonerados– por declaraciones controvertidas se amontonan en los archivos del Poder Judicial. Por ejemplo, cuando Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional y otrora al frente de macrocausas como Púnica o Lezo, aprovechó una conferencia sobre ‘compliance’ para cargar contra la exministra de Igualdad: “Nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. El promotor quería cerrar el expediente y la Permanente le obligó a seguir investigando.

Subraya Rebollo que la libertad de expresión es “un derecho fundamental”, aunque no es “ilimitado”. “No me parece de recibo que se profieran determinadas manifestaciones y si no me identifico como juez queden en el limbo. Mire, es una persona perfectamente identificada e identificable, su condición como miembro del Poder Judicial está fuera de cualquier duda y no puede hacer que se difumine su condición de juez”.

Uno de los casos con más recorrido salido de la facción judicial de Twitter es la de Manuel Ruiz de Lara. Este magistrado de lo mercantil, que llegó a tener en sus manos el ‘caso Superliga’ de fútbol, llegó a escribir una novela donde un juez “Martín Zaragoza” investigaba si un exjuez “Grande Marlanda” tenía algo que ver con el asesinato del presidente del Gobierno “Sánchez Castellón” con un político “Ruiz Gilardón” buscando el poder. Y en la red social X, con sus idas y venidas, con y sin candado, ha sido expedientado dos veces. La primera vez con resultado positivo y la segunda, todavía bajo investigación.

La primera vez fue porque, entre otras cosas, llamó “psicópata” a Pedro Sánchez. Y quedó sin sanción porque había borrado su cuenta y eso, según el promotor de la acción disciplinaria, hacía imposible descubrir si los había escrito él o si se había identificado como juez. Recientemente, la Comisión Permanente ha corregido al promotor y le ha obligado a seguir investigando a este mismo juez, esta vez por acusar a Pedro Sánchez de ejercer el “golpismo” o por llamar “Barbigoña” a Begoña Gómez.

Algunos jueces con miles de seguidores en sus perfiles han abandonado esta red social y retornado tiempo después. Luis Sanz, magistrado de una de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid identificado como “Magistrathor” en X, participó recientemente en la ceremonia de inauguración de la plataforma ‘think tank’ Atenea del exlíder de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, identificado como juez y pidiendo “osadía” contra reformas legales del Gobierno.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explicaron que un acto como este no podía ser considerado como “político” y, por tanto, no necesitaba permiso del CGPJ para acudir y participar. Sobre este concepto, se pregunta Rafael Rebollo: “¿No es entrar en política cuando el propio Consejo se manifiesta contra la amnistía cuando ni siquiera era pública? ¿Cuando jueces y fiscales se manifiestan con sus togas y puñetas? El legislativo no puede legislar en atención a las demandas de los jueces, creo que estamos de alguna manera superponiendo papeles y asumiendo facetas que no les corresponden”.

La Comisión de Ética Judicial, que no forma parte como tal del CGPJ y cuyos dictámenes no son vinculantes ni su incumplimiento motivo de sanción, se pronunció allá por 2019 con una advertencia de doble filo: “La expresión de opiniones, comentarios y reacciones por los jueces en las redes sociales puede afectar gravemente a la apariencia de independencia y de imparcialidad, además de ser reflejo de una conducta que ha de preservar la dignidad de la función jurisdiccional”.