En el instituto de Badalona donde viven 400 migrantes a los que Albiol quiere echar: «Necesitamos vivienda, no racismo»

Younnouss Dramé lo sabe todo sobre agricultura ecológica. Acumula años de trabajo recogiendo fruta en los campos del Maresme, pero hace dos años se quedó sin casa. Un amigo le dijo que en el antiguo instituto de Secundaria B-9 de Badalona tendría un techo. Y allí que se fue y sigue malviviendo. Desde hace unas semanas, el Ayuntamiento que encabeza Xavier García Albiol ha redoblado su intención de echar a los centenares de personas que han convertido las aulas cerradas en un pequeño pueblo dentro de Badalona. “Lo que necesitamos es una vivienda, no racismo”, denuncia Dramé mientras apura su café, con un toque aromático senegalés.

Clausurado en 2011, desde poco después de la pandemia el instituto B-9 empezó a ser el refugio precario de decenas de migrantes hasta llegar a los más de 400 que se calcula que ocupan a día de hoy el edificio, de titularidad municipal. Cada uno tiene su propia historia, pero hay un denominador común: la pobreza, la exclusión social y la falta de un techo digno.

Al igual que decenas de ocupantes, Ibrahim Sow llegó al B-9 después del gran incendio de una nave en Badalona donde murieron tres migrantes, a finales del año 2020. “Nos pusieron en albergues, pero luego nos echaron a la calle, y como alternativa solo teníamos esto”, rememora Sow, pescador en Gambia y vigilante a tiempo parcial en Barcelona.

“Aquí encontrarás todos los oficios: los que ahora recogen chatarra, pero también los que intentan ganarse la vida como fontaneros, soldadores o paletes [albañiles]”, enumera Dramé mientras muestra a elDiario.es uno de los pasillos del B-9. El instituto abandonado ocupa un solar enorme a cinco minutos de la estación de metro de Sant Roc, en la frontera entre bloques de pisos para la clase trabajadora construidos a mediados del siglo pasado y decenas de naves industriales, algunas abandonadas.

Un informe de la fundación CEPAIM ratifica lo que cuenta Dramé: los habitantes del B-9 son mayoritariamente hombres, en situación administrativa irregular y sin permisos de residencia ni trabajo en más del 70% de los casos. El vicepresidente de la fundación, Raúl Martínez Ibars, explica que Barcelona y su área metropolitana son y han sido un referente migratorio para las comunidades senegalesas y gambianas desde inicios de siglo. Situaciones como la del B-9, avisa, continuarán siendo “recurrentes” si las administraciones públicas no llevan a cabo una intervención social “decidida y con recursos”.

“Durante los 2000 estaban en naves del Poblenou de Barcelona, y como les echaron se fueron a Badalona”, indica Martínez Ibars. La fundación CEPAIM lleva años acompañando a los habitantes del B-9 tanto en sus necesidades básicas, como el acceso a documentación, como en la creación de vínculos comunitarios con el barrio. Martínez Ibars advierte de que el desalojo (todavía sin fecha) de los migrantes del instituto no resolverá el problema, porque se mudarán a otras naves ya que necesitan este tipo de espacios para guardar la chatarra que recogen y que, para muchos, es su única forma de ganarse la vida.

Dramé, en uno de los pasillos del B-9

En cada uno de los cuatro bloques de una planta que acogía el antiguo instituto, los ocupantes han habilitado infraviviendas: hay mesas y sillas y alguna butaca recogida de la calle, igual que los pocos electrodomésticos que se ven en el interior de las estancias. En el patio hay ropa tendida y lavadoras. El huerto que empezó a cultivar Dramé dejó pasó a nuevos ocupantes ante la continua llegada de personas. “Muchos hermanos vienen porque no tienen a dónde ir, y nosotros los acogemos”, explica.

Aunque para muchos el B-9 es lo más parecido a un hogar, otros migrantes solo duermen allí algunos días, y reparten sus noches en otras naves de Badalona o en pisos sobreocupados en otros municipios. El instituto también es un lugar de encuentro de las distintas comunidades, sobre todo de origen senegalés y gambiano, aunque también de otros países africanos. A medida que la población en el instituto crecía, los habitantes del B-9 han organizado un gimnasio, un pequeño bar y hasta una peluquería.

Sow tiene claro lo que va a pasar si les echan: “Nos vamos a buscar otro sitio porque no vamos a vivir en la calle, cualquiera puede entenderlo”. Ni Sow ni Dramé quieren esconder que el B-9 también acoge a personas con enfermedades de salud mental, lo que a veces provoca problemas de convivencia. “Aquí hay gente que necesita ayuda psicológica, ¿cómo no van a estar mal mentalmente si los han echado de varios sitios?”, se pregunta Sow.

A finales de agosto, un joven que vivía en el edificio murió tras ser apuñalado, y a principios de septiembre, además, se detectaron casos de tuberculosis, si bien la conselleria de Salud descartó que supusieran un problema de salud pública. El alcalde, Xavier García Albiol (PP), aprovechó ambas noticias para arremeter contra la Generalitat y el Gobierno y redoblar su objetivo de desalojar a los migrantes del instituto.

El alcalde insistió en desacreditar a los ocupantes del B-9: “Muchas de estas personas están vinculadas a situaciones conflictivas relacionadas con el tráfico y el consumo de drogas, la prostitución y la delincuencia, hecho que hace imposible la convivencia”. Albiol no ha sido el único. A principios de octubre, el secretario general de Vox y líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, visitó Sant Roc para atizar la xenofobia contra el B-9, como ha hecho en otros barrios obreros con vecinos migrantes.

En el B-9 se saben en la diana, pero rechazan callarse. “Albiol y Vox desnaturalizan la inmigración y la tratan como si fuera un problema, pero la inmigración es algo natural. No tenemos capacidad para hacer daño a España y no hemos venido a crear problemas, pero si escuchas a Albiol parece que hemos venido a hacer mal”, afirma Dramé. “Albiol tendría que ponerse en nuestra piel”, reclama Sow al alcalde.

Desde CEPAIM también refutan la vinculación que proclama la extrema derecha entre el B-9 y la inseguridad, e insisten en que se requiere un abordaje social. “La capacidad de autoorganización de las comunidades del B-9 es impresionante, y presenta un nivel de conflictividad muy bajo si se tiene en cuenta la cantidad de gente que vive allí, lo cual es un valor para ellos y un desvalor para nuestras instituciones, que son incapaces de dar una solución a las personas que recogen la chatarra de Barcelona”, reflexiona Martínez Ibars.

Lavadoras y ropa tendida en uno de los patios del B-9

Para la abogada Mireia Salazar, si el consistorio desaloja el B-9 sin dar alternativas “estará incumpliendo su obligación de garantizar el derecho de vivienda” a los ocupantes del instituto. “No puede haber un desalojo sin garantías, el Ayuntamiento sabe de la situación de precariedad del B-9”, añade.

Salazar, del centro Irídia, ha intervenido ante distintas instancias para intentar que los migrantes no terminen en la calle. La Síndica de Greuges, la Defensora del Pueblo catalán, solicitó al Ayuntamiento de Albiol información sobre si se habían buscado alternativas y si se había informado a las personas afectadas antes de su desalojo.

El consistorio contestó en julio de 2024 que los servicios sociales “conocían” la situación del B-9, pero que no podían ofrecer un techo a los migrantes porque no disponían de “recursos habitacionales”. “Tampoco disponemos de recursos para la cobertura de las necesidades básicas”, sostuvo el consistorio en una comunicación oficial a la Síndica, en la que agregó que proseguiría con un “seguimiento” de las personas que malviven en el inmueble, algunas de las cuales sí son atendidas por técnicos municipales especializados en sinhogarismo.

A nivel judicial, en julio de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmó que no correspondía abrir un procedimiento para proteger los derechos fundamentales de los migrantes del B-9. Recordaron los jueces que el derecho a la vivienda —“que es lo que están reclamando” los ocupantes, recalcaron los magistrados— está incluido en la Constitución en el apartado relativo a los principios rectores de la política social y económica, pero no es un derecho fundamental de los que puedan invocarse en un procedimiento especial ante la jurisdicción administrativa para su protección.

Con todo, la Fiscalía recordó al Ayuntamiento de Badalona que tiene “deberes legales de asistencia social” hacia los ocupantes del B-9 en situación de vulnerabilidad, y que cuando se desaloje el edificio debe adoptar “medidas adecuadas y suficientes” para atenderlas. Sin jerga jurídica, Dramé lanza una pregunta: ¿Cómo van a sacar a 400 personas a la calle sin solución? Es inhumano, nadie va a aceptarlo“.