El Gobierno quiere blindar el aborto en la Constitución con una reforma que no implique la disolución de las Cortes

El Gobierno está ultimando la reforma con la que pretende blindar el derecho al aborto en la Constitución. Y, a la espera de que el texto esté cerrado definitivamente, la fórmula escogida permite tramitar el cambio mediante un procedimiento ordinario sin necesidad de disolver las Cortes ni convocar un referéndum. Así lo apuntan fuentes del Ministerio de Justicia, que señalan que la vía elegida para garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo no está sometida a los vaivenes políticos ni a la ofensiva de Vox y el Partido Popular pasa por modificar el artículo 43 de la Carta Magna, referido a la protección de la salud.

Los socialistas han movido ficha en los últimos días y han convertido el aborto en un asunto central de su estrategia después de que las derechas reactivaran sus ataques en una cruzada que ha tenido en Madrid su punta de lanza. El anuncio de Pedro Sánchez de que blindaría ese derecho al aborto en la Constitución se produjo tras el apoyo que el alcalde José Luis Martínez Almeida dio a una iniciativa de Vox para obligar a las mujeres a ser informadas del síndrome posaborto, del que no hay ninguna evidencia científica, mientras que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se niega a cumplir la ley y crear el registro de objetores de conciencia obligatorio desde 2023. “Váyanse a otro lado a abortar”, ha llegado a exclamar.

Aunque la propuesta –cuyos detalles siguen debatiéndose– implicaría que el Consejo de Estado deberá emitir dictamen sobre si la fórmula elegida es la adecuada, el Gobierno ha optado por una de las dos que posibilita la propia Constitución para ser reformada. En concreto, aquella que no se refiere a materias especialmente protegidas como los derechos fundamentales o la Corona y que, por lo tanto, tiene menos requisitos para salir adelante. Para estos últimos casos, la reforma es más compleja: requiere una mayoría de dos tercios del Congreso y el Senado y la disolución de las Cortes, que implica la convocatoria de elecciones. Además, el nuevo texto debe ser sometido posteriormente a referéndum para su ratificación, según estipula la Carta Magna.

Moncloa, sin embargo, al proponer una modificación del artículo 43, ha optado por la vía más ágil y sencilla, que aun así será muy difícil de sacar adelante después de que el PP haya anunciado su oposición al blindaje del aborto en la Constitución. Esta fórmula exige una mayoría de tres quintos de ambas cámaras y, si no hay acuerdo, dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado. Unas condiciones que se vuelven prácticamente imposibles sin el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo, que este mismo lunes ha definido la interrupción voluntaria del embarazo como “una prestación del sistema”, pero “no un derecho fundamental”. Además, si el 10% de los diputados lo exigiera, también debería ser sometido a referéndum.

Aunque aún se está terminando de definir la modificación, el cambio supondría incluir el derecho al aborto al artículo que reconoce “el derecho a la protección de la salud”, y que añade: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Un derecho avalado

El Gobierno avanza así en una iniciativa que busca blindar la interrupción voluntaria del embarazo, despenalizada en 1985 y después ampliada en 2010, bajo una premisa: cuando el aborto está en manos del PP y Vox, el derecho está en peligro. Aunque Almeida pasó en pocas horas de defender la iniciativa a rectificar asegurando que no obligará a las mujeres a recibir información sobre un falso trastorno, los populares han protagonizado una vez más un nuevo intento de hacer equilibrios con un tema que divide internamente a la formación de Feijóo y que le hace dar bandazo tras bandazo arrastrada por una extrema derecha que está muy cómoda en su posición antiaborto.

De esta forma, los socialistas buscan evitar que las derechas pongan en entredicho el derecho y marcar perfil político con un asunto que goza de respaldo social. Además, el Tribunal Constitucional lo avaló hace dos años en respuesta precisamente el recurso que los populares interpusieron contra el aborto libre en 2010.

Sin embargo, no es la primera vez que esta reforma constitucional está sobre la mesa. Sumar ya propuso en marzo de 2024 seguir los pasos de Francia, que había consagrado el aborto en su Constitución ese mismo mes ante el avance antiaborto a nivel global y después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara la sentencia que lo garantizaba en el país. Sin embargo, en aquel momento los socialistas lo rechazaron. “No se dan las condiciones” para llevarlo a cabo, aseguró entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La reforma que proponía Sumar suponía en añadir un apartado al artículo 43 de la Constitución, el que reconoce el derecho a la protección de la salud, con la siguiente redacción: “Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física”. Los de Yolanda Díaz registraron la propuesta el pasado mes de febrero en el Congreso, pero ni siquiera se ha debatido su toma en consideración a pesar de que en noviembre, el PSOE se comprometió a blindar constitucionalmente el aborto en su 41º Congreso.

La negativa de Ayuso

Ahora, y a las puertas del ciclo electoral que está por venir, los socialistas han dado un paso adelante en respuesta al ataque de las derechas, personificado estos días en la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se niega a crear el registro de objetores de conciencia al que obliga la ley desde la reforma de 2023. Eso a pesar de que la popular apoyó la medida en el Consejo Interterritorial de Salud en el que el Ministerio de Sanidad sometió a votación el protocolo común para crear dichos registros el pasado mes de diciembre.

El objetivo de estos listados es que las comunidades autónomas puedan saber con qué profesionales cuentan de cara a reorganizar los servicios sanitarios para poder ofrecer la prestación en centros de la red sanitaria pública, algo que solo ocurre excepcionalmente. Sobre todo en algunos territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la pública no llegan al 1%. A nivel estatal, el porcentaje es del 21,26% mientras que el resto se derivan a clínicas concertadas, un modus operandi que la ley del aborto pretende cambiar.

Ante la publicación de los últimos datos y la presión del Gobierno para que las comunidades que faltan pongan en marcha el registro de objetores, Ayuso ha abierto un nuevo frente contra Pedro Sánchez. “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca, nunca”, dijo la presidenta madrileña en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, en la que acusó al Ejecutivo de fomentar el aborto. El Gobierno, por su parte, ha adelantado que “usará todos los instrumentos legales a su alcance” para hacer cumplir la ley, “también en Madrid”, especificó el presidente, que advirtió de la posibilidad de llegar incluso al Tribunal Constitucional “si hace falta”.

Al tiempo que Ayuso se enrocaba en su posición, la dirección nacional del PP intentó cerrar filas con una nota hecha pública en redes sociales en la que Alberto Núñez Feijóo reitera su “posición clara y conocida” sobre el aborto: “Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, rezaba el texto del líder popular, consciente de que en el partido hay diferentes posiciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo.