Más de una agresión al día a sanitarios en Canarias: «Hay que ir a la raíz, a la falta de respuesta del sistema al paciente»

Ángel (nombre ficticio) fue agredido la tarde del sábado 6 de septiembre en su puesto de trabajo, en el módulo polivalente de las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, donde se asiste a personas con patologías psiquiátricas o a la espera de traslado a un centro concertado. Este técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) acababa de arreglar una cama cuando un paciente que aún esperaba para ser valorado por personal médico se dirigió hacia él para decirle que quería irse del servicio. Ya se lo había comentado antes a otra trabajadora. Según cuenta, a Ángel no le dio tiempo de terminar de responderle cuando comenzó a recibir golpes en la cara, la espalda, el abdomen y las extremidades. En ese momento estaba solo con el paciente. No pudo, ni siquiera, accionar el botón de la llamada pulsera del pánico que suelen llevar los empleados en este tipo de servicios. “En el módulo hay una mampara y vino mucha gente, también de seguridad, pero los vigilantes en ningún momento intervinieron, no reaccionaron”, explica el auxiliar de enfermería, que presentó una denuncia ante la Policía Nacional con el parte de lesiones. 

Apenas ocho días después de la agresión, el Juzgado de Instrucción 1 de Las Palmas de Gran Canaria archivó las diligencias al no apreciar delito. Ángel consultó entonces al Servicio Canario de Salud (SCS), que tiene convenios con los colegios de abogados de las Islas para la atención de este tipo de incidentes, pero le recomendaron que no recurriera. El trabajador decidió entonces acudir a un letrado particular porque quiere continuar el procedimiento judicial. “Llevo cuatro años en urgencias y he visto montón de agresiones a compañeros, tanto a auxiliares, como a enfermeros, como a médicos”, relata Ángel.

El año pasado se notificaron 544 agresiones entre el personal del SCS, una y media al día, según un informe remitido por la administración autonómica al sindicato de enfermería Satse. El año anterior, se habían registrado 431. El incremento, por tanto, es del 27%. Canarias es la quinta comunidad con más agresiones notificadas. 

Por categorías profesionales, el colectivo más afectado es el de enfermería (185), seguido del personal médico (180) y de los auxiliares de enfermería (64). No todos son trabajadores sanitarios. Hasta 58 administrativos o auxiliares administrativos y 33 celadores sufrieron también agresiones el año pasado en las Islas, según refleja el mencionado informe. 

Del total de agresiones registradas en Canarias el año pasado, 424 (cerca del 80%) fueron verbales; 51 fueron físicas (consumadas o intentos), y 69 tanto físicas como verbales. De todas ellas, 41 fueron comunicadas a la Fiscalía. 

La consejera de Sanidad, Esther Monzón (Coalición Canaria), se pronunció este mismo mes en el Parlamento de Canarias sobre el aumento de agresiones al personal sanitario. Además de “lamentar cualquier sensación de inseguridad” de los trabajadores, sostuvo que es “prácticamente inevitable” que se produzcan incidentes en los “más de 300 centros de trabajo” del SCS. En 2024 se atendieron 13,4 millones de consultas, agregó. 

Monzón defendió que Canarias cuenta desde 2017 con un plan de prevención de las agresiones al personal sanitario que contempla, entre otras medidas, un protocolo para el registro de incidentes, la elaboración de mapas de riesgos, el asesoramiento jurídico gratuito y seguimiento de la denuncia, formación específica o un aumento de la seguridad. 

“El protocolo es ineficaz”

“El protocolo no está funcionando, es ineficaz. No puede ser que año tras año aumente el número de agresiones, que los profesionales sigan sufriendo daños, que se tengan que seguir enfrentando al problema sin que se adopte ninguna medida para paliarlo”, señala Yoel Hernández, secretario general autonómico de Satse. El sindicato reclama la creación de un observatorio de agresiones en Canarias para estudiar “con detenimiento y base científica, porque nosotros somos personas de ciencia, qué es lo que está pasando, dónde está pasando y qué motivos lo está generando”. “Si estamos poniendo el dedo en una grieta, en una fuga de agua, y no estamos solventando el problema, el agua saldrá por otro sitio”, ilustra el portavoz sindical sobre la falta de respuestas más allá del protocolo. 

Para Hernández, es necesario ir a “la raíz” de un problema que, según dice, no está “en los cuidados”, en la atención que ofrecen los profesionales, sino “en el sistema”. “Los pacientes y las familias están descontentas con las horas de espera, con tener que pasar diez o doce horas en una silla de plástico en urgencias, con los meses de retraso para que te vea un especialista o con la forma de dar o cambiar o anular una consulta, pero desde luego no está ligada a la prestación del servicio sanitario”, apunta el representante de Satse.

Hernández sostiene que las enfermeras y los enfermeros sufren “una doble agresión, una por parte del usuario y otra por parte del sistema”. Y pone el ejemplo de un profesional de atención primaria al que no se cambia de cupo cuando es agredido por uno de sus pacientes. “El protocolo es tan enrarecido que, al final, no protege bien al profesional. Conlleva una comunicación interna, a los servicios de prevención de riesgos laborales, y después presentar una denuncia a la Policía Nacional sobre una persona que puede ser que 24 o 48 horas después vuelva a tu puesto de trabajo para ser atendido si, por ejemplo, trabajas en un servicio de urgencias, en un centro de salud, o que vuelva a estar en la unidad de ingreso cuando te toca el turno. Es decir, te tienes que enfrentar de nuevo a tu agresor y atenderlo porque tiene sus garantías de atención sanitaria”, asevera.

Al igual que todas las fuentes consultadas para este reportaje, Hernández mantiene que las agresiones notificadas, que “en ningún caso se justifican”, son solo “la punta del iceberg”, que la cifra real es “muy superior” a la registrada de forma oficial, y subraya que, pese a que “es el mejor valorado” en las encuestas de satisfacción de los usuarios, el colectivo de enfermería es el más afectado “por estar en primera línea”. El portavoz de Satse considera que la respuesta de la administración no puede limitarse a ser “reactiva”, a adoptar decisiones en determinados centros o zonas que registren mayor conflictividad, sino que debe ser “proactiva”, de prevención, para evitar que esas agresiones se produzcan. 

El sindicato atribuye el incremento de agresiones a la insuficiencia de recursos humanos y materiales en el SCS, a las esperas prolongadas, a las estancias de pacientes en camillas en los pasillos de las urgencias, o a las suspensiones de las intervenciones quirúrgicas. E incide en la ineficiencia del protocolo actual con un símil. “Si una gran empresa privada generara pérdidas durante tres años seguidos, ¿no haría cambios para intentar mitigar ese daño? La pregunta ahora es: ¿Qué está haciendo entonces el SCS para resolver este problema? ¿Utilizar el mismo protocolo año tras año pese a que no funciona? ¿En qué resuelve la agresión los acuerdos con los colegios de abogados?” 

La normalización de los colapsos en urgencias

Patricia Hernández, delegada de Intersindical Canaria (IC), coincide en el diagnóstico. “Después de los aplausos de la pandemia ha habido un aumento importantísimo de las agresiones. Es una cuestión multifactorial, pero en el fondo responde a la falta de respuesta desde los servicios sanitarios. Tenemos en Canarias unas listas de espera tremendas y el usuario que tiene dolor, o el familiar del usuario que tiene dolor y al que no han resuelto el problema, con quien lo descarga, que no debería ser, es con el primero que tiene al lado, con el médico o el enfermero en la consulta o con el administrativo en el centro de salud”. 

Según la representante de IC, la Consejería de Sanidad no está yendo a la raíz del problema cuando el plan de prevención se limita a “denunciar la agresión o poner seguridad en un centro”. “En los comités de seguridad y salud siempre planteamos que hay que ir un poco más allá, que independientemente de que pueda haber medidas en puntos concretos más conflictivos, en centros que tenemos detectados, deberíamos tener otras herramientas. Y esas herramientas no son otras que dar al usuario, al paciente, la respuesta que necesita en el momento en que la necesita, porque de nada sirve que llegue tres años más tarde”. 

“Nada justifica una agresión, pero hay que buscar soluciones” para evitar los colapsos de las urgencias, “que se han normalizado”, o que un usuario esté meses en “una lista virtual”, esperando por una consulta con un especialista, o que sufra la falta de coordinación entre la atención primaria y la atención especializada. “Sin embargo, vemos cómo se atienden otras cuestiones que no son prioritarias, como la construcción de pabellones, de un circuito del motor, mientras los problemas de la sanidad siguen estando atascados. Quien lo sufre es el usuario, el paciente, y el profesional que paga las carencias del sistema”, lamenta. 

“Mayor tensión social” desde la pandemia

El Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas dispone de un registro propio de agresiones. El año pasado contabilizó 69, tanto en el ámbito público como en el privado. Nicolás Santana, secretario general de la organización colegial desde hace cuatro meses, señala que ese registro “se complementa” con el del SCS, aunque aspira a fusionar ambos para tener una fotografía más fiel de lo que ocurre en los hospitales y centros de salud.

“Cuando un colegiado comunica una agresión, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con él desde la asesoría jurídica para prestar el apoyo necesario, desde la presentación de la denuncia hasta el seguimiento del proceso judicial”, explica Santana, que de manera simultánea, y como secretario general del colegio, se pone en contacto con el profesional agredido para interesarse por su estado y atender sus necesidades. 

Santana incide en que desde 2015 las agresiones al personal médico están tipificadas en el Código Penal como un delito de atentado y pueden conllevar penas de cárcel. “Esto es muy importante y es necesario que el usuario lo sepa”, afirma. 

El portavoz del Colegio de Médicos de Las Palmas también aprecia un punto de inflexión en la pandemia: “Vemos mayor tensión social en todos los ámbitos y el ámbito médico no escapa. Las agresiones crecen pese a que trabajamos con ahínco para que no sea así”. 

A juicio de Santana, la población ahora es “más exigente” y está “más informada”. “En ocasiones se nos presentan en las consultas con el diagnóstico que le ha hecho ChatGPT (inteligencia artificial) con cuatro síntomas. Cuando tú le das un diagnóstico que no es similar, se produce una tensión que puede llegar a las agresiones, físicas o verbales. La gente grita en una consulta, se enfada, te insulta, incluso llega a haber hasta amenazas de muerte, porque no está de acuerdo con lo que le estás diciendo porque resulta que en ChatGPT no dice exactamente eso”, explica. 

El también médico inspector en servicios sanitarios también menciona otros focos de conflictos, como la disconformidad con la falta de prescripción de tratamientos “que no se pueden dispensar”; las esperas en urgencias o consultas; la tramitación de bajas laborales, o problemas derivados de la carga que soportan las personas cuidadoras de dependientes.

Santana cree necesaria una labor de concienciación al usuario. “El paciente y las familias tienen que saber que puede haber retrasos porque el médico está atendiendo a un caso con más prioridad sanitaria o necesita más tiempo para atender a otro porque ha encontrado un problema. La concienciación social contribuiría a disminuir las agresiones”, opina el secretario general del Colegio de Médicos de Las Palmas, que asegura que en el tiempo que lleva como representante de la organización, en torno al 80% de los casos de agresiones que le han llegado se han producido en atención primaria. 

El Colegio de Médicos de Las Palmas también aboga por la creación de un observatorio de agresiones como el que acaba de implantar (en septiembre) la Junta de Andalucía.