Sumar llevará al Consejo de Ministros una prórroga de tres años de los contratos de alquiler y la congelación de los precios

Los ministros de Sumar han escenificado este lunes un bloque común para presentar una propuesta de real decreto, que llevarán al Consejo de Ministros y con el que quieren “desmontar la fábrica de desigualdad, que se llama vivienda”. El plan, a cargo del Ministerio de Derechos Sociales, pasaría por una prórroga general de tres años de los contratos actuales, la obligación de firmar los nuevos al mismo precio que el anterior, ya sea para el mismo inquilino u otro, extender la regulación de los arrendamientos, también a los de habitaciones, y prohibir la compra de vivienda para alquilar por encima del índice de precio asequible.

El ministro Pablo Bustinduy ha desglosado las principales medidas de este “plan de intervención urgente” para atajar “la razón principal por la que los excelentes datos macroeconómicos de este país no se reflejan en la vida de las familias”. El titular de derechos sociales ha apostado por la “protección inmediata de los inquilinos” con una prórroga de tres años de todos los contratos de alquiler en vigor, que se podría extender a cinco en el caso de que se hayan declarado zonas tensionadas. Además, “todos los nuevos contratos y la renovación de los existentes deberán fijarse al mismo precio que el anterior”, ha explicado.

En la práctica, esto supone un tope a los precios de los alquileres, efectivo en aquellas comunidades que se niegan a declarar zonas tensionadas y donde las rentas no paran de subir. Así, esta regulación se hará “con carácter general, inmediato y transitorio hasta que se declaren zonas tensionadas”.

El segundo eje de este real decreto pasaría por el fin del “fraude” de los alquileres de temporada, al que muchos propietarios han recurrido para saltarse las garantías que la ley de vivienda da a los inquilinos, como la duración mínima de los contratos de cinco años. En este sentido, proponen que se considere como alquiler turístico cualquier arrendamiento de 30 días o menos y que el alquiler de habitaciones goce de las mismas garantías que el de viviendas.

En esta línea, Bustinduy propone elevar “al rango de ley la autorización del registro de los alquileres de corta duración para reforzar el control del alquiler turístico y dotarnos de un régimen sancionador verdaderamente disuasorio para los pisos turísticos ilegales” y que estos tributen al 21%. Esta medida ya se incluye en el paquete fiscal que anunció el presidente del Gobierno a principios de año y que el grupo socialista registró en el Congreso, pero que incluye otras medidas que descartan Sumar y otros socios parlamentarios, por incluir bonificaciones a los rentistas.

En materia de fiscalidad, el plan también incluye la modificación del Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los propietarios de 4 o más viviendas tributen al 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario y la eliminación de la bonificación de las rentas del alquiler del 40%, salvo aquellos casos en los que se trate de alquileres asequibles. Y, en ese sentido, Sumar planteará “la limitación de la nueva compra de vivienda que vaya a ponerse en alquiler”, que estará “restringida a alquileres asequibles, según los precios de referencia”.

“Una casa no es una acción en bolsa. Quien tiene cinco, 10 o 100 viviendas no puede hacer lo que le dé la gana subiendo los precios”, ha explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una comparecencia sin preguntas de los periodistas, acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la de Sanidad, Mónica García, y el de Cultura, Ernest Urtasun —la de Infancia y Juventud, Sira Rego, se encuentra de viaje en Jordania—.

Díaz, que presentará este plan en el Consejo de Ministros, pese a que el Ministerio de Vivienda está en manos del PSOE, ha evitado confrontar con su socio de Gobierno y ha culpado al PP de ser el “responsable de lo que está pasando en nuestro país” por negarse a declarar zonas tensionadas. “Hacen de la vivienda su trinchera política. Les debería dar vergüenza, cuando está en su mano la posibilidad de corregirlo”, ha declarado.