La Fiscalía se opone a la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se ha opuesto a la querella que presentó Manos Limpias contra la jueza de la dana por los supuestos delitos de prevaricación y coacciones. El Ministerio Fiscal pide que se inadmita o, subsidiariamente, que se desestime “al no concurrir en su actuación ninguno de los elementos integradores del delito de prevaricación judicial”.

Así, el Ministerio Público descarta que la actuación de la jueza encaje en un supuesto delito de coacciones, al considerar que la magistrada instructora dictó “en el ejercicio de su función” los autos por los que se expulsó a Manos Limpias del procedimiento (por incompatibilidad con la defensa de Emilio Argüeso, que ejerce un letrado que se definió como “jefe de los servicios jurídicos” del pseudosindicato). Frente a las resoluciones, la organización que lidera Miguel Bernad “pudo rebatir lo decidido mediante el sistema de recursos que articula la norma procesal penal”.

El escrito de la Fiscalía cuestiona que el rechazo a las pretensiones del pseudosindicato “pueda equivaler, aun en su interpretación más vasta, a la violencia” que contempla en el Código Penal el delito de coacciones. Además, “como la magistrada resolvió en el ejercicio de su cometido”, ahonda el Ministerio Fiscal, por lo que tampoco concurre el requisito de obrar “sin estar legítimamente autorizado” que contempla el artículo 172 del Código Penal.

Sobre el delito de prevaricación por el que se querelló el pseudosindicato, la Fiscalía considera que “en este procedimiento no procede (…) valorar con plenitud si lo resuelto es o no ajustado a Derecho, pues ese cometido habría correspondido al tribunal encargado de resolver los recursos de apelación de los que la querellante ha desistido”, afirma en referencia a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los numerosos recursos en el marco de la causa de la dana.

Manos Limpias recurrió en apelación en un primer momento la decisión de la jueza, pero desistió finalmente de su recurso y optó por querellarse contra la jueza. El Ministerio Público concluye que la resolución de la jueza “haya o no errado en la valoración de los hechos concurrentes y en la aplicación de la ley, no constituye una decisión que quede totalmente al margen de lo jurídicamente admisible y solo obedezca a la arbitraria decisión de la proveyente [la magistrada]”.

Manos Limpias también se querelló en relación con un auto en el que la magistrada solicitó a las acusaciones que se pronunciaran sobre si apreciaban indicios de delito en los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso. Una resolución llamativa que respondía al hecho de que varias de las acusaciones populares defendían directamente las tesis de ambos imputados.

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana reconoce que el “requerimiento que efectúa la instructora a las acusaciones personadas podría parecer extravagante, dado el momento procesal en que se efectúa”. Sin embargo, que se haya instado a las acusaciones personadas a pronunciarse sobre si aprecian indicios de criminalidad respecto de los dos investigados “no es una decisión que, en sí misma considerada, alcance el grado de contradicción con el Derecho que justifique su catalogación como injusta”.

Una querella con recortes de prensa desmentidos

Manos Limpias presentó una denuncia contra la jueza el pasado 24 de junio. El líder del pseudosindicato aprovechó una visita a València para cuestionar la cifra oficial de fallecidos, un bulo que se había inventado, según reconoció él mismo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) inadmitió la denuncia al exigir la Ley Orgánica del Poder Judicial una querella para causas contra jueces y magistrados en el ejercicio de su cargo.

Posteriormente, el pseudosindicato interpuso por fin una querella, que al supuesto delito de prevaricaciones sumaba el de coacciones. Ambos descartados por la Fiscalía. Además, Manos Limpias usaba recortes de prensa desmentidos oficialmente por el propio Ministerio Fiscal.