
Los sindicatos amenazan con «la primera huelga de funcionarios de la era Pedro Sánchez» si no hay mejora salarial
CCOO, UGT y CSIF anuncian un calendario de «movilizaciones ascendentes», con protestas ante las delegaciones del Gobierno y el Ministerio de Función Pública en octubre, una gran manifestación en noviembre y la amenaza de una huelga si no se abre la negociación de los sueldos congelados en 2025
El Gobierno busca una solución para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han anunciado este martes un calendario de movilizaciones para exigir al Gobierno que abra las puertas a la negociación de la subida salarial. “Es incomprensible que, estando el país en un 3,7% de subida salariar media en el ámbito privado, nosotros estemos con el salario congelado” en 2025, ha expresado el coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, Lucho Palazzo.
Las protestas de los funcionarios comenzarán el día 30 de octubre con concentraciones en las subdelegaciones del Gobierno en todo el país y frente a las puertas del Ministerio de Función Pública en Madrid. Después, prevén una “gran movilización en noviembre” en la capital y, si desde el departamento que dirige Óscar López no se avienen a abrir la mesa de negociación, las organizaciones sindicales no descartan ningún escenario. “No descartamos ninguna medida ni acción”, afirmó la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, en línea con las palabras de Palazzo.
A ese escenario le puso nombre el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), quien advirtió que “el Gobierno tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo. De lo contrario, tendrá sobre la mesa la primera huelga de las administraciones públicas de la era Pedro Sánchez”. Miguel Borra criticó así que el Ejecutivo “exige mejoras a la patronal en el sector privado” mientras “se obliga de sus obligaciones como patronal, que lo es, en el ámbito público”.
Los representantes sindicales han afeado algunas declaraciones de los miembros del Gobierno mientras denuncian que los salarios de 3,5 millones de empleados públicos están permanecen congelados en 2025. “[El ministro de Economía] Carlos Cuerpo dijo que España va a todo gas a nivel económico, ha subido la recaudación por impuestos directos e indirectos en más de un 7% y no hay problemas para gestionar el país, aunque no se aprueben los Presupuestos. ¿Qué está pasando?”, ha planteado Araque, que ha lamentado que se vaya a ir “a externalizaciones” que suponen el 11% del PIB.
“Tener a los empleados y empleadas públicas con el salario congelado desde 2025 no es de recibo”, ha expresado el coordinador de CCOO, que ha señalado que tienen “diferentes maneras de entender lo que es una administración progresiva”, respecto a la del presidente Pedro Sánchez, por como están “siendo tratados por el Ministerio de Función Pública”.
Según las organizaciones sindicales, el objetivo de las “movilizaciones ascendentes” es forzar al departamento que dirige Óscar López ha abrir una mesa de negociación que llevan “meses exigiendo”. En ella quieren abordar la negociación que garantice salarios, pero también ofertas públicas de empleo que “se alineen con las necesidades de la Administración”. De hecho, las organizaciones sindicales rechazaron la convocatoria de 36.000 plazas impulsada por Función Pública para este ejercicio.
Para el presidente de CSIF, la situación es “lamentable y poco democrática” y supone un “ningunea” a “las personas que día a día sostienen los servicios públicos”. Están, dijo, “agotados, desmotivados y exigen un reconocimiento económico y laboral y que se les escuche”. “El mismo Gobierno que nos ensalza en declaraciones públicas también nos maltrata, porque nos debe dinero”, aseveró.
En este sentido, Borra exigió “una norma que obligue al Gobierno a actualizar los sueldos de manera automática todos los años, como pasa con las pensiones”, según la “inflación más un porcentaje adicional pactados con las organizaciones sindicales”. Una medida que desde CCOO y UGT no han entrado a valorar en este momento. “Estamos en el momento de que nos escuchen. Cuando nos escuche, veremos si coincidimos o no coincidimos”, señaló Palazzo. Araque, por su parte, indicó que “esto está en manos del Gobierno”. “¿Qué índice están dispuestos a poner encima de la mesa? A partir de ahí se negociará cómo tendrá que ser esa subida y qué blindaje tiene que tener la subida, si tiene que haber una cláusula de revisión… que es lo que hemos hecho toda la vida”.
El último acuerdo salarial entre sindicatos y Gobierno, del que quedó fuera CSIF, se firmó en 2022 y contemplaba una subida total del 3,5% para ese ejercicio; un fijo del 2,5% para 2023; otro extra del 0,5% si la inflación de esos dos primeros años, hasta septiembre de 2023, superaba el 6%, como ocurrió; y un fijo del 2% para 2024, además de otro 0,5% si el acumulado de la inflación del trienio superaba el 8%, como también sucedió. Este último extra comenzó a abonarse, con carácter retroactivo desde enero de 2024, este verano.