Populismo constitucional: degradando el derecho al aborto

“Todos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Es lo que dice desde hace casi cincuenta años el artículo cuarenta y siete de la Constitución sin que en este tiempo haya servido para asegurarle a nadie el acceso a la vivienda. Mucho menos para impedir políticas públicas que permiten que los alquileres suban sin límite o frenar la burbuja inmobiliaria. No es porque la Constitución no sirva para nada, sino porque igual que contiene mandatos jurídicos inviolables también tiene apartados destinados específicamente a declamar principios espectaculares sin valor práctico.

Los derechos que están en los artículos 14 al 38 son intocables y tienen eficacia jurídica directa. Sin embargo, todo lo que está en el capítulo tercero –es decir en los artículos 39 al 52–, aunque se formule como derecho, es un mandato abierto a los poderes públicos que estos pueden cumplir o no. Si el Parlamento hace una ley que permita a quien no tenga casa exigir una, o que prohíba subir los precios del alquiler, se podrá invocar en los tribunales, lógicamente. Pero mientras esas leyes no existan, el derecho a la vivienda es, jurídicamente, agua de borrajas. Una mera declaración de intenciones que no mejora la vida de la gente.

Pues eso mismo es lo que el Gobierno que se progresista quiere hacer ahora con el aborto. Los cálculos electorales y el afán propagandista por controlar el relato lo han llevado a presentar una propuesta de reforma de la Constitución que en el mejor de los casos no cambia absolutamente nada y que quizás incluso implique devaluar la protección jurídica del aborto. Nada menos.

En concreto, el Gobierno propone reformar el artículo 43 para introducir ahí el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, aspira a colocarlo en ese mismo capítulo tercero cuyos mandatos no pueden invocarse ante los tribunales de justicia. Aunque en la propuesta se lo denomina derecho, en la práctica pasaría a ser un mero objetivo social. La Constitución se limitaría a pedir a los poderes públicos que, en la medida de lo posible, garanticen el derecho al aborto y aseguren su prestación. Con una reforma de ese tipo solo sería inconstitucional una ley que quisiera a prohibir absolutamente el aborto. Pero igual que el derecho del artículo 47 a una vivienda digna no obliga a políticas de vivienda digna, el derecho al aborto en el 43 no hará obligatorias políticas públicas que aseguren en todo caso el derecho al aborto, ni su prestación estatal, ni siquiera que siga existiendo una ley de plazos.

Peor aún, la propuesta degrada el derecho al aborto respecto a lo que tiene dicho el Tribunal Constitucional. A día de hoy, el tribunal afirma reiteradamente que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte del contenido protegido del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución). Como ese derecho sí que es directamente exigible ante los tribunales de justicia, actualmente una mujer a la que se le deniegue su derecho al aborto puede acudir a un juez invocando directamente la Constitución y exigir que se le garantice. Puede incluso llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo para reclamar que se le proteja como manifestación de un derecho fundamental. Si prospera la reforma propuesta por el Gobierno eso podría dejar de ser así. Nuestros tribunales podrían razonablemente interpretar que la voluntad del constituyente, a través de la reforma, ha sido que el aborto deje de ser derecho fundamental y, convertido en simple principio orientador, pierda toda su protección actual.

Este dislate se podría evitar si, en vez de reformar el artículo 43, lo que se cambiara fuese el 15, introduciendo en él el aborto como auténtico derecho fundamental garantizado tal y como viene sugiriendo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se hace? Pues muy fácil. Porque la propuesta del Gobierno que preside Pedro Sánchez no busca prioritariamente garantizar el aborto, sino ahondar en las contradicciones en las que navega el Partido Popular en este tema. No busca proteger a las mujeres, sino forzar un debate en el que la oposición se siente incómoda, forzándola a votar contra el aborto y obteniendo el consecuente rédito electoral de ello.

También podrían hacerse las dos cosas: forzar a los populares a pronunciarse y proteger a las mujeres. El problema es que en ese caso el Gobierno podría verse forzado a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. La clave está en los procedimientos de reforma de la Constitución.

Para reformar el artículo cuarenta y tres el Gobierno necesita el voto de 210 diputados (tres quintos de la cámara). Si eligiera reformar el artículo 15, los votos necesarios serían 234 (dos tercios). No hay tanta diferencia: en uno u otro caso bastaría con un acuerdo con el Partido Popular y parte de la mayoría de investidura. Lo que le preocupa al Gobierno autodenominado de progreso es que si se opta porque el aborto sea un derecho de verdad, y al final el Partido Popular apoya la propuesta, las mujeres ganarían un derecho pero –según el procedimiento previsto para la reforma constitucional de esa sección concreta– inmediatamente sería necesario disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. Por eso, prefiere recortar el derecho al aborto a correr el riesgo de no agotar la legislatura.

Los cálculos electoralistas y el efectismo a veces no son compatibles con la finura jurídica ni el compromiso real con los derechos fundamentales. Si el Gobierno estuviera un poco mejor asesorado incluso podrían haber pensado en opciones intermedias, como introducir un nuevo artículo 32 que permitiera al aborto tener la misma protección que la propiedad privada sin arriesgarse a convocar elecciones anticipadas.

Todo eso da igual. En el mundo del populismo y el espectáculo nuestros gobernantes priorizan el show mediático sobre la mejora efectiva de la vida de las personas. Están abordando la cuestión del aborto desde la única perspectiva del marketing político, seguros de que nadie les va a exigir responsabilidades si el resultado de su penosa estrategia es devaluar los derechos de las mujeres.

Puede que funcione a corto plazo, sobre todo porque gracias a la torpeza del Partido Popular la propuesta del Gobierno nunca entrará en vigor. Aun así, manosear la Constitución y arriesgarse a sacrificar el derecho fundamental al aborto por simples cálculos electoralistas nos acerca demasiado al abismo.