Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en el Supremo y la Fiscalía no pide su entrada en prisión

José Luis Ábalos se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el juez del Tribunal Supremo que lo investiga, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE ha alegado que se encuentra en una situación de indefensión. El juez Leopoldo Puente lo había citado tras el último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) que afirma que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario.

Tras este trámite, el Partido Popular, que lidera la acusación popular, ha solicitado al juez prisión provisional para Ábalos. En la vistilla celebrada, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado apoyar la medida cautelar de prisión para el exministro al considerar que, aunque se han agravado, no hay indicios suficientes para solicitar su encarcelamiento. El juez tomará una decisión sobre la situación de Ábalos durante la mañana. El pasado febrero, cuando declaró por segunda vez, el magistrado le retiró el pasaporte y le ordenó comparecer en el juzgado cada 15 días.

El letrado del PP ha afirmado que trasladaba la petición de cárcel que le habían hecho algunas partes de la acusación popular, sin sumarse a ella. En el caso de Adade y los Comuns, sus abogados habían comunicado al abogado del PP, antes de la comparecencia, que se oponían al ingreso en prisión de Ábalos con un argumento similar al de Anticorrupción, que no hay indicios nuevos y suficientes para adoptar la medida. Los peticionarios de la prisión son, por tanto, las asociaciones de ultraderecha que completan la acusación popular. La petición de prisión incondicional de la acusación popular ha ido acompañada de otra, de carácter subsidiario, para que, de ser rechazada la primera, Puente opte por imponer una fianza de 650.000 euros.

Durante una breve intervención para explicar por qué no declaraba, Ábalos ha aprovechado para responder al auto del juez Puente dictado ayer. El magistrado apuntaba un “fraude de ley” la renuncia del exministro a su abogado apenas 24 horas antes de la comparecencia. Fraude de ley hubiera sido, ha dicho Ábalos, renunciar a su acta de diputado –lo que devolvería la causa a la Audiencia Nacional retrasando enormemente la instrucción– y esa es una decisión que no ha adoptado.

El juez Puente acordó citar por cuarta vez a Ábalos al considerar que el citado informe de la UCO contiene “consistentes indicios” de que el exasesor Koldo García se hacía “cargo” regularmente de pagos de quien fuera su jefe por “un importe verdaderamente significativo en términos económicos”. Y considera que al analizar los ingresos regulares obtenidos por Ábalos con sus gastos ha quedado “indiciariamente justificado” que el exministro se benefició de “alguna fuente irregular de ingresos”.

El informe destaca, por ejemplo, que Ábalos recurrió a Koldo García para que pagara la pensión alimenticia, la matrícula escolar o el dentista de uno de sus hijos. Pasó de hacerle transferencias y Bizum a delegar esos abonos en su mano derecha a partir del verano de 2018, cuando llegó al Ministerio de Transportes. Además, la UCO certificó que Ábalos no retiró dinero en efectivo de sus cuentas entre 2018 y 2023. Esos reintegros volvieron a producirse en 2024, tras el inicio de la investigación por las irregularidades en el Ministerio de Transportes. 

Ábalos ha llegado al Supremo alrededor de 45 minutos antes de la hora de la comparecencia, fijada a las 10 de la mañana. A diferencia de las ocasiones anteriores, ha accedido al alto tribunal sin la compañía de su abogado, José Aníbal Álvarez, con el que rompió el pasado lunes por “diferencias irreconducibles”. Este martes, el exministro pidió a Puente que le designara abogado de oficio. El instructor apreció “fraude de ley” en ese movimiento y rechazó la renuncia al abogado que le venía defendiendo desde el inicio de la investigación, hace casi un año.