El Gobierno recurre la decisión de PP y Vox de prohibir el rezo musulmán en Jumilla

La Abogacía del Estado ha recurrido ante los tribunales el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Jumilla que impide, desde el pasado 28 de julio, los rezos musulmanes en las instalaciones deportivas municipales. En el recurso, presentando este lunes, se solicita la suspensión cautelar de dicho acuerdo al entender que su única finalidad es “limitar injustificadamente el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana”, en contra del artículo 16 de la Constitución española. Además, dicha prohibición infringe, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, el principio de neutralidad confesional de la Administración.

La controvertida moción de Jumilla fue propuesta por el único concejal de Vox en el Ayuntamiento, Juan Agustín Navarro, pero salió adelante tras aprobarse una enmienda del Partido Popular, que gobierna este municipio murciano de 27.000 habitantes. La moción de Vox proponía prohibir la celebración del Ramadán o de la Fiesta del Cordero en los espacios públicos, y convirtió a Jumilla en el primer Consistorio en pasar de esta amenaza de la ultraderecha a un veto real en un municipio con una población –según datos del INE– de unas 1.500 personas procedentes de países donde se profesa el islam.

Vox y PP proponían modificar el Reglamento de funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales para excluir en las mismas cualquier uso religioso, cultural o social. Sin embargo, como señalan desde la Abogacía del Estado, el efecto inmediato sería la exclusión, “en particular, de las celebraciones religiosas promovidas por la comunidad musulmana en Jumilla, puesto que no hay constancia de que otras confesiones religiosas hayan celebrado actos religiosos en instalaciones deportivas de dicha localidad”.

“Identidad nacional”

Según ha considerado la Abogacía del Estado, dicho acuerdo, “solo responde a una finalidad ideológica de exclusión religiosa”. Y recuerda que los impulsores del veto reconocieron “expresamente que se fundamentaba en la necesidad de limitar la práctica de ritos y celebraciones ‘importadas’, como la fiesta del cordero, que a juicio del Ayuntamiento resultaba completamente ajena a los usos y costumbres que de la identidad nacional”.

Esta decisión llega después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera al requerimiento presentado por el Gobierno en el mes de agosto para que anulase el acuerdo adoptado en el pleno del 28 de julio, por el que se prohibían los actos religiosos en centros deportivos de la localidad.

Por otra parte, en el recurso de la Abogacía se constata que la comunidad musulmana de Jumilla “ha utilizado el pabellón deportivo para celebrar estas festividades desde hace décadas, siempre previa solicitud y tras el pago de las tasas correspondientes, sin que, hasta la fecha, haya existido problema de orden público alguno”.

Fuentes del Gobierno han mostrado su preocupación por “la deriva autoritaria de la derecha y la ultraderecha” y han reafirmado su “compromiso” en recurrir cualquier medida de ayuntamientos y comunidades autónomas que limiten derechos fundamentales, “como ya sucedió en los casos de la censura educativa en Murcia a través del conocido como veto parental, el chantaje institucionalizado a las mujeres que quieren abortar en Castilla y León o Madrid o la derogación de las leyes de memoria de la mano de defensores de la dictadura”.