Juicio para la anulación de una condena franquista en Cantabria: «Nunca se nos ha pedido perdón, solo se nos ha exigido olvidar y callar»

“Cada vez que piso suelo español siento mis raíces, pero también cierta amargura”. Simón Lecuer hizo esta semana un largo viaje. Geográfico, desde Francia, para comparecer en un juzgado de Santander, y emocional, para exigir que se borre la condena de la dictadura franquista a su bisabuelo Eusebio Cortezón, un concejal de Astillero asesinado en 1938 y cuya pena de muerte había sido conmutada, pero que se ejecutó igualmente porque el cura del pueblo insistió en fusilarlo.

Para la vista, traía escritas unas cuartillas con las palabras que quería decir. Algunas temblaban en la garganta, supuraban tanto dolor que parecían ahogarse. Pero finalmente, allí, de pie frente al juez, vencieron las espinas y brotaron con el fuerte acento francés de un inmerecido exilio. “Nunca se nos ha pedido perdón, solo se nos ha exigido olvidar y callar”, expresó en la sala. Simón argumentó que en otros países hubo formas de justicia para reparar a las víctimas y que la Ley de Memoria Histórica y Democrática es un primer paso en el camino adecuado.

El segundo proceso para anular sentencias de los tribunales franquistas que impulsa el fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez, trató de reivindicar la honestidad de un vecino del pueblo cántabro de Astillero fusilado en base al odio, sin pruebas, y en “una negación absoluta de cualquier derecho de defensa”.

Frente a la sala de vista número 10 esperaban los nietos y bisnietos de Cortezón. 87 años después de su muerte llamaban a la puerta del juzgado para limpiar la memoria de esta víctima del franquismo. Les acompañaban, en un ambiente de intensa emoción, Piluca Fernández y María Toca, en representación de Héroes de la Republica, y dos representantes socialistas: Eugenia Gómez de Diego y Ruth Carrasco.

Eusebio, Yolanda y Ramón narraron, empañados de emoción, la vida de su abuelo. Un trabajador de la Campsa y ebanista, concejal de Astillero, que organizó en su pueblo el POUM -un partido obrero y marxista- y que fue fusilado en plena Guerra Civil. A pesar de que unos días antes le habían conmutado la pena por cadena perpetua, el cura del pueblo insistió en fusilarlo. “Mi abuelo no fue un delincuente”, defendió con rotundidad su nieta Yolanda ante el juez.

Para argumentar el asesinato lo acusaron de matar a un cura, dos falangistas y algunas otras cuestiones inventadas más. “Damos por hecho que le mataron por ser comunista”, explicó su nieta Yolanda. “Y el cura murió de viejo”, aclaró Eusebio.

Yáñez habla a la salida de la vista con los familiares de Eusebio Cortezón.

Los cuatro testimonios familiares derramaron un escalofrío en la sala cuando contaron que ni siquiera el fusilamiento de Cortezón frenó la rabia de sus asesinos. Sucedió todo lo contrario. La familia, su mujer ya viuda y siete hijos huérfanos y una nieta se quedó en la miseria. El mayor tuvo que dejar la escuela con 14 años y ponerse a servir en casas. Vivió con tanto miedo que ni siquiera cuando llegó la democracia se atrevió a contar a su familia qué había pasado.

“La vida quedó destrozada para todos ellos”, censuró su nieto Eusebio. Les tiraban piedras cuando iban a buscar agua a la fuente, les insultaban constantemente. Las represalias continuaron una vez muerto el cabeza de familia. Pasaron hambre, fueron repudiados. A una de las hijas de Eusebio Cortezón la detuvieron y la violó un falangista en el cuartel de Astillero mientras la amenazaba con una pistola en la sien. “Quiero que se reconozcan los prejuicios morales que sufrió toda su descendencia”, reclamó Simon Lecuer al juez.

Los familiares de Eusebio Cortezón con el fiscal jefe Jesús Arteaga.

Lo dijo el fiscal Carlos Yáñez en sus conclusiones: fue una violación de derechos humanos, una ejecución motivada por el “el odio y el resentimiento al que opina diferente”. Un odio que se transmitió como una herencia a sus familiares, según explicó. Como epílogo, subrayó que Eusebio Cortezón fue una buena persona. El mismo día que iba a ser fusilado escribió una carta en la que perdonaba a sus acusadores.

Al terminar las declaraciones ante el juez, el fiscal jefe de Cantabria, Jesús Arteaga -que se quedó sin poder entrar al juicio porque estaba completo el aforo- recibió a los familiares en su despacho. La sentencia se hará pública en unos días, aunque al salir de la sala de vistas todos sentían ya el alivio y la reparación de haber limpiado el nombre de Eusebio.

La Ley de Memoria Histórica ha permitido este proceso de revisión de la condena que un tribunal franquista impuso a Eusebio Cortezón sin un juicio justo. Es el segundo caso que se desarrolla en Cantabria donde, en abril, se dictó la primera setencia de anulación de la condena a cadena perpetua de otra víctima del franquismo, Bernardo Incera, también impulsada por el fiscal Yáñez. “Lo podemos interpretar como el comienzo de un perdón”, concluyó la declaración del bisnieto francés de Cortezón.