‘Dardo’ del Vaticano al plan antiabusos de los obispos españoles: exige que las víctimas participen en los procesos de reparación

Más transparencia, más indemnizaciones (que resultan “insuficientes”) y “la inclusión de las víctimas/sobrevivientes en el desarrollo de las políticas y procedimientos de tutela de la Iglesia”. Estas son algunas de las exigencias que la Comisión Pontificia para la Protección de Menores ha lanzado en su segundo informe anual, en el que analiza “las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia”. Un informe que lanza muchos dardos a la actuación de algunos episcopados, como el español, que continúa sin informar con transparencia y, especialmente, sin incluir a las víctimas de abusos en los procesos de prevención y reparación, y sin informarles suficientemente del estado de sus casos. Un plan PRIVA que, para las víctimas españolas, “hace aguas por todas partes”.

Así, entre las medidas solicitadas por el organismo, creado por el Papa Francisco para luchar contra la pederastia en la Iglesia, se encuentra dotar de “garantías de acogida en los centros de escucha para que las víctimas/sobrevivientes sean escuchadas y creídas por las autoridades eclesiásticas”, la “provisión de servicios profesionales de apoyo psicológico”; “reconocimientos y disculpas de manera pública”; la “comunicación proactiva y transparente con las víctimas/sobrevivientes para proporcionar actualizaciones puntuales sobre sus casos”; y, especialmente, “la inclusión de las víctimas/sobrevivientes en el desarrollo de las políticas y procedimientos de tutela de la Iglesia”. Algo que, lamentablemente, continúa sin ocurrir en muchos lugares del mundo.

En su informe anual, la comisión hace suyo el modelo de “justicia y conversión” como modelo de trabajo, con cuatro pilares: verdad, reparación, justicia y una necesaria “reforma institucional”. En este segundo informe, centrado en la reparación a las víctimas, se asume “la responsabilidad de la Iglesia de acompañar a las víctimas/sobre vivientes en su camino de sanación y reparación”, elaborado por las propias víctimas, que han formado parte de la elaboración del documento vaticano.

“Los resultados de este estudio identifican prácticas específicas que la Iglesia debe adoptar aún más como medios críticos de reparación, más allá de la función limitada y a menudo insuficiente de la compensación económica en un enfoque integral”, constata el informe, que invita a un “ministerio de escucha” basado, fundamentalmente, en “aprender de las víctimas”. Algo que hace el Vaticano en su informe, lo que le permite ser muy crítico con la actuación de algunos episcopados, aunque no analiza directamente el caso español.

¿Y qué piden los supervivientes? Que se les escuche, que se les ofrezcan “disculpas de manera pública y privada”, apoyo espiritual, terapéutico y económico y “reformas institucionales y disciplinarias”, que permitan “un protocolo simplificado para la dimisión o destitución de los miembros de la Iglesia implicados en casos de abusos o negligencia”. Aquí, la Comisión reclama “la importancia de comunicar públicamente las razones para la dimisión o destitución, cuando la decisión esté relacionada con casos de abuso o negligencia”, para evitar traslados de pederastas a otros lugares, donde pueden (la experiencia lo demuestra) repetir sus crímenes.

A la vez, se reclama “crear una red académica que incluya centros de investigación en universidades católicas especializadas en derechos humanos, prevención de abusos y salvaguardia de personas”, y un “mecanismo sistemático y obligatorio de denuncia”, que incluya “políticas de salvaguardia y su implementación”.

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