Hacer política y hacer las leyes

¡Acabáramos! Ya no les basta con hacer política o defender los intereses de los partidos a los que se sienten ideológicamente cercanos, cuando no son “de facto” parte de ellos. No les basta con aplicar las leyes, sino que también quieren redactarlas. Tanto invocar la separación de poderes y la independencia judicial y resulta que ahora se inmiscuyen en el trabajo del legislativo y le ponen deberes para que afronten reformas de calado.

Hablamos de unos cuantos jueces. No de todos, pero sí de algunos cuyos autos destilan partidismo. De togados que se erigen en guardianes de una patria muy particular. De magistrados que se consideran héroes de una España que resiste gracias a su aplicación del Derecho. De aquellos a los que la derecha política y mediática alzan como si fueran faros en la tormenta de un país supuestamente a la deriva. De un sector del poder judicial que, en definitiva, cumple con la consigna de “el que pueda hacer que haga; el que pueda aportar, que aporte”.  

Unos cargaron contra los indultos de los condenados por el procés a pesar de que la medida de gracia es una potestad que la Constitución confiere en exclusiva al Gobierno. Otros se rebelaron contra la aplicación de la ley de amnistía. Varios aplican el derecho a su libre albedrío según sus preferencias políticas y morales. Y alguno ha decidido arrogarse la divina misión de resolver desde los tribunales lo que debería resolverse en la escena política. O en las urnas. Porque lo que esconden algunas de sus actuaciones no tiene que ver con el Derecho, sino más bien con una obsesión por desestabilizar al Gobierno. 

El caso más palmario es el de la rocambolesca decisión de sentar en el banquillo al Fiscal General del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos sin que exista una sola prueba al respecto, y sí media docena de testimonios que acreditan que los datos reservados del novio de Ayuso fueron publicados por varios medios de comunicación antes de que llegaran a manos de Álvaro García Ortiz. Pero hay algunos otros sobradamente conocidos por todos.

No era el caso hasta ahora de Leopoldo Puente, el juez que investiga la trama de corrupción Ábalos/Koldo/Cerdán y que, en año y medio de instrucción no había dado motivo para una sola tacha, salvo para los imputados. Este miércoles se ha descolgado, sin embargo, con un auto por el que mantiene en libertad con medidas cautelares al exministro socialista de Transportes -hoy en el Grupo Mixto- y con el que ha causado idéntico estupor al que él dice sentir porque Ábalos siga sentado en un escaño del Congreso.

El motivo: haber incluido un par de párrafos polémicos que se pasan por la toga la separación de poderes, ya que el instructor del caso escribe “no ser ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse, en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso”.

El magistrado invita al legislativo a la reflexión para que se articule “por ley algún mecanismo apto para impedirlo”, aunque confiesa, para curarse en salud, que el asunto no es de su competencia. No, la redacción y aprobación de las leyes no es asunto de los jueces, pero además hay jurisprudencia del Constitucional por la que se reconoce que el acta de parlamentario pertenece al diputado, y no al partido político que le incluyó en las listas electorales. De ahí que Ábalos haya podido seguir sentado un escaño. 

Así que lo que realmente provoca estupefacción es que un magistrado del Supremo ignore la doctrina del garante de la Carta Magna y que, además, se conceda a sí mismo licencia para poner deberes al Congreso. 

P. D. Unos juegan a hacer política y otros pretenden hacer las leyes. Así es como entienden la separación de poderes.