La mayoría de los partidos se planta ante la injerencia del juez Puente para expulsar a Ábalos del Congreso

Hay muchos precedentes de cargos públicos imputados y procesados en ejercicio. Pero pocos, hasta esta semana, de la intromisión de un juez en el poder legislativo para enmendarle sus propias reglas. Es lo que hizo el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el auto de libertad de José Luis Ábalos: recomendar al Congreso que “pudiera articularse por ley algún mecanismo apto” para retirar su acta de diputado al ex ‘número dos’ del PSOE, imputado en la causa que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en el Ministerio de Transportes. Y la inmensa mayoría de los partidos, incluidos el PP y el PSOE, rechazan el planteamiento del juez por considerar que podría incluso vulnerar los derechos constitucionales de los diputados y de los votantes.

Los comentarios en los pasillos del Congreso el día después del escrito de Leopoldo Puente fue prácticamente unánime en contra de la propuesta, aunque con distinto tono en la crítica según la formación política. Fue especialmente duro el portavoz del PSOE, Patxi López, quien a preguntas de la prensa pidió al juez directamente no inmiscuirse en un poder del Estado que no le corresponde. “A los jueces no se les puede criticar, porque salen todos en tromba. ¿Pero hacen huelgas o declaraciones como las de este juez diciéndonos lo que tenemos que hacer?”, criticó.

En la misma línea reaccionó Sumar. “Ya está bien de que los jueces, además de hacer política, se dediquen a decir al legislador cómo y qué legislar. Es una cuestión de separación de poderes”, sostiene la portavoz, Verónica Martínez, en declaraciones a elDiario.es. Más allá de los comentarios del magistrado, en Sumar tampoco ven bien el fondo de lo que planteó y creen que, además de respetar la presunción de inocencia, la ley “no puede obligar a una persona a renunciar a su cargo”. “Lo contrario, que parece ser lo que plantea, roza la inconstitucionalidad”, advierte.

El choque con la doctrina del propio Tribunal Constitucional es lo que sostiene también el magistrado Joaquim Bosch para ponerle reparos a la idea. “Lo que el juez Leopoldo Puente plantea puede ser objeto de debate, pero en mi opinión no es una buena solución jurídica que a políticos investigados se les aplique una regulación normativa para suspender sus funciones. Es algo que puede ser lesivo para la presunción de inocencia y problemático desde el punto de vista constitucional”, apunta.

La exdiputada de Podemos y jueza Victoria Rosell, que tuvo que dimitir cuando el Supremo admitió una querella que luego se archivó porque era inocente, también rechaza el planteamiento del juez. “Como ciudadana y como magistrada”, asegura en conversación con elDiario.es, “creo que los jueces no podemos tener el poder de alterar la composición del Poder Legislativo imputando a un miembro del Congreso o del Senado”. Recuerda que, de hecho, “en casos graves” como el terrorismo, “el artículo 384bis de la LeCrim lo permite desde hace años”. Rosell tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera, gracias a un informe falso del juez Salvador Alba, ahora condenado, una querella de José Manuel Soria, entonces ministro de Industria. “Fue una opción personal, éticamente era la decisión más correcta para salvaguardar las instituciones”, afirma.

Entre los socios del Ejecutivo la postura también está clara en contra del planteamiento de reformar el reglamento del Congreso. “Los autos no son el espacio para que los jueces vuelquen sus opiniones políticas. Los jueces aplican la ley y juzgan, el Poder Legislativo es quien debate las leyes, y valora el interés general y las aprueba”, apuntan desde el PNV. Más duros son en EH Bildu: “Estupor es lo que seguramente sienta la ciudadanía respecto a la justicia española. No nos sorprenden las declaraciones ni las acciones ni de este ni de otros jueces, que no hacen más que demostrar que la justicia española necesita de una depuración y democratización profunda”.

Desde Junts, preguntados por este diario, se limitan a pedir la derogación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. No se trata de un punto cualquiera, es el que utilizó el juez Pablo Llarena en 2018 para suspender como diputados a los líderes independentistas Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, que habían obtenido el acta tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El artículo 384 bis establece que si un juez ha dictado contra cualquier persona un auto de procesamiento firme y prisión provisional por delitos relacionados con bandas armadas, terrorismo o rebelión, “el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Debido a aquella decisión de Llarena, que el Supremo confirmó después, los líderes catalanes quedaron suspendidos en aquel momento en el Parlament, pero también un año después cuando se presentaron en las listas al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja tomó aquella decisión entonces en interpretación del criterio del Supremo. Y Junts, por tanto, quiere derogar el artículo para reducir aún más los supuestos en los que un diputado puede perder su condición a raíz de una decisión judicial y evitar una situación como aquella.

El PP, por su parte, intentó este jueves situarse de perfil ante el planteamiento de Puente: no contradecir al juez pero tampoco apoyar su planteamiento. El líder de la oposición acudió de forma inesperada a un acto informativo de su compañero y presidente de Galicia, Alfonso Rueda. Preguntado por la cuestión, Alberto Nuñez Feijóo dijo “compartir el estupor de ver cómo, de las tres personas que encumbraron a Sánchez, una declaró ayer [por el miércoles] en el Supremo, otra lo hará hoy [por el jueves] y otra está en la cárcel”. Feijóo también lamentó que, según él, “Ábalos siga órdenes del Gobierno”, y sostuvo su “estupor” por el hecho de que el presidente se mantenga en la Moncloa.

En privado, en el PP sí critican la idea del juez Puente y recuerdan que el escaño no pertenece al partido, “sino al diputado”, tal y como establece una sentencia del Tribunal Constitucional de 1983, que sostiene: “El derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos; los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos; y la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos, sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas”.

Diputados y senadores que dimitieron… y otros que no

Pero en público, del PP no ha salido ninguna palabra a favor, o en contra, de la propuesta concreta. Tampoco lo hizo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien tiene entre sus filas un caso paradigmático: José Manuel Baltar.

El que fuera presidente de la Diputación de Ourense en sucesión de su propio padre fue cazado por la Guardia Civil conduciendo a más de 200 kilómetros por hora. El Tribunal Supremo le ha condenado en firme por un delito recogido en el Código Penal. Y el PP no solo no le reclama el acta de senador y lo mantiene dentro del grupo parlamentario, sino que lo ha designado presidente de una comisión, lo que implica un sueldo añadido de casi 1.700 euros en cada una de las 14 pagas que recibe. Baltar se embolsa casi 100.000 euros al año.

Es solo un ejemplo de diputados o senadores que se mantienen o mantuvieron en el cargo en el pasado. La vara de medir no ha sido la misma para todas las personas con cargo público. Y no es algo nuevo. Ya en los años 80 del siglo pasado, el que fuera presidente de la Junta de Castilla y León en los años 80 del siglo pasado, Demetrio Madrid, quien tuvo que dimitir por un caso que quedó en nada, pero que abrió la puerta del poder a un por entonces desconocido José María Aznar.

En épocas más cercanas abundan casos en ambos sentidos. Uno de los más destacados, por su importancia política, es el de Carles Puigdemont. El expresident catalán mantuvo el acta pese a estar procesado por su papel en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Después se fugó a Bélgica para no ser juzgado, donde permanece. Desde allí ejerce como diputado del Parlament de Catalunya.

La ‘número tres’ del PP de Madrid, Ana Millán, es diputada en la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización de Isabel Díaz Ayuso, pese a que está investigada por cuatro delitos de corrupción por contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal en Arroyomolinos.

Otro ejemplo es Luis ‘Alvise’ Pérez, el líder de SALF y eurodiputado, que retiene el acta pese a estar imputado en cuatro causas distintas, una de ellas por financiar su candidatura, otras dos por acoso a sus eurodiputados y una fiscal y por difundir una falsa prueba PCR de Illa durante la pandemia.

O Miguel Ángel Gallardo, quien fuera presidente de la Diputación de Badajoz y ahora diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura. Se hizo con un escaño con la dimisión de cinco personas que iban por delante de él en las listas y recogió el acta un día antes de ser procesado por la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación.

¿Qué
parlamentarios dejaron o no su escaño?

Listado de
parlamentarios que han sido imputados o condenados según si renunciaron o no al acta

Haz click en cada foto para ver los detalles de cada caso

Fuente:
elaboración propia